Quema de cañaverales y pastizales: investigarán a dueños o arrendatarios de campos

“Desbordados”. Esa fue la palabra que eligió el comisario Carlos Daniel Ruiz para definir lo que sucedió ayer con la quema de cañaverales y pastizales en el este tucumano. En pocas horas los policías, los bomberos de la fuerza y voluntarios intervinieron en cinco casos. Ese es el promedio de expedientes que se inician en el Ministerio Público Fiscal por día, sólo en el ámbito del Centro Judicial Capital. Esto obligó a que se endureciera la política criminal y ahora no sólo irán contra los que generen los incendios, sino también contra los arrendatarios y propietarios de los lugares donde se registren los siniestros.

“Es una vergüenza que todos los años suframos por el mismo tema. Alguien se tiene que hacer cargo. Tengo un hijo asmático que vive encerrado en los meses de agosto y septiembre por este‘temita. Alguien se tiene que hacer cargo de una vez por todas. ¡Basta de versos!”, declaró, enfadada, Milagros Gómez, que reside en Banda del Río Salí.

Según la información oficial, en el este tucumano se ha registrado la mayor cantidad de casos. Los departamentos de Cruz Alta y Leales parecen compartir el mote de “capital provincial” de las quemas. “La gente no termina de entender los daños que generan con esta absurda práctica. Provocan problemas de salud entre los habitantes de diferentes zonas, daños ambientales y encima un inusitado movimiento de efectivos que nos obliga a replantear los operativos de prevención”, explicó Ruiz, jefe de la Unidad Regional Este.

Política

“Hubo una nueva muestra implacable de la firmeza con la que el MPF se enfrenta este tipo de delitos ambientales, en busca de lograr conciencia en la sociedad en general sobre los peligros que depara el accionar irresponsable de quienes atentan contra el medio ambiente y la seguridad vial. Los incendios y las humaredas no sólo contaminan el aire, sino que además dificultan la visibilidad en las rutas con el consiguiente peligro que eso conlleva”, se publicó en un comunicado.

Por orden del Ministro Edmundo Jiménez, además de habilitar una línea especial para denunciar los casos (el número es 3813195131) se creó un equipo especial para actuar en los incendios. Peritos y hombres del Equipo Científico de Investigación Fiscal, además de actuar en los siniestros reportados, hacen tareas de vigilancia. “La idea es implementar la misma política que se utilizó con las falsas amenazas de bomba en los establecimientos educativos. Se acabaron cuando se dieron cuenta de que había una persecución contra los autores”, explicó una fuente.

Son tres los fiscales que están actuando: Mariana Rivadeneira (en el Gran San Miguel de Tucumán), Mónica García de Targa (Monteros) y Diego Hevia (Concepción) fueron designados para llevar adelante las acusaciones. El 90% de las actuaciones son llevadas adelante por la investigadora del Centro Judicial de Capital. Hasta el momento fueron procesadas cuatro personas a las que se las acusó del delito de incendio por estrago.

El Código Penal Argentino contempla penas de entre tres y 10 años de prisión para aquellos que incendien de manera intencional un cañaveral o si ponen en riesgo bienes. También puede recibir una condena de entre uno y seis años el que impidiera la extinción de un incendio. Por último, se puede aplicar una sentencia de entre un mes y un año por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un foco ígneo.

Los acusadores solicitaron que se les dicte la prisión preventiva a todos los acusados por entre 15 y 60 días. Sólo en un caso un magistrado aceptó el pedido; en otros dos ordenaron el arresto domiciliario por ocho días con custodia permanente y, en el restante, se dispuso que quedara en libertad, pero sigue vinculado a la causa.

El auxiliar Hugo Campos, en una de las audiencias, siguiendo las instrucciones de García de Targa, fundamentó por qué se había decidido sentar en el banquillo de los acusados a cuatro hombres aprehendidos por haber prendido fuego a una plantación de Simoca “Estamos ante un hecho grave que constituye un flagelo en Tucumán, que es la quema indiscriminada de cañaverales”, señaló.

“No solamente destruye nuestro ambiente y la salud pública, sino que también genera gravísimos riesgos viales. Tenemos muchos antecedentes de choques en rutas que se han cobrado vidas a raíz de esta práctica que es cada vez mayor en Tucumán. Un Estado de derecho no debe tolerar esto”, añadió en sus alegatos.

Rivadeneira, también a través de la auxiliar Brenda Deroy, explicó la razón por la que decidió procesar a un acusado que cometió este ilícito. “Existió un peligro concreto porque hay viviendas habitadas y un tendido eléctrico a 100 metros de la ruta y próximos a un gasoducto. Se instauró una política criminal porque pueden provocar catástrofes. Este Ministerio Público intervino en causas donde personas de avanzada edad perdieron sus humildes viviendas”, explicó.

Endurecimiento

A raíz de los resultados conseguidos, fuentes del MPF anticiparon que se endurecerá la política de persecución penal porque en la mayoría de los casos no pueden sorprender a las personas que generan los incendios. Por esa misma razón irán contra los arrendatarios o propietarios de los campos en el que se registren quemas. ¿La razón? No haber tomado los recaudos necesarios o tener sistemas para apagar el fuego.

En el marco de esta crisis, los investigadores descubrieron que en algunos campos, los incendios se repiten año tras año. Los productores rechazaron esa posibilidad asegurando que ellos sí toman medidas y realizan campañas de concientización para evitar los incendios. Ciudadanos comunes, como Fernando Pérez Espeche, tienen otro posición. “Desde que tengo uso de razón, para esta época del año, siempre pasa lo mismo. Es tan tradicional como la venta de achilata en verano. A esto no lo para nadie, sin importar todo el daño que generan con esta práctica”, sentenció.

Preocupante: los índices de contaminación duplican los limites recomendados por la OMS

Durante la última semana, la provincia registró un aumento significativo de la contaminación del aire, con valores que duplican los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así lo advirtió Jazmín Elizondo, colaboradora del Laboratorio de Estudios Atmosféricos de la Universidad Nacional de Tucumán. “Durante aproximadamente la mitad del año estamos respirando aire contaminado en Tucumán, y lo decimos casi como si fuese parte del paisaje. Pero no es natural: esta situación afecta a corto y largo plazo a todas las personas”, señaló la especialista. Destacó que Santa Rosa de Leales fue la zona más afectada por los picos de contaminación, dato que coincide con los informes que maneja la justicia sobre cuál fue uno de los departamentos en los que se registró la mayor cantidad de incendios.