Por Martín Soto
13 Agosto 2025
CABAÑAS. Hasta 2018 en el predio se divisaban tres dúplex, pero desde 2020 hubo más inmuebles, apareció una pileta y también una cancha de tenis.
La Provincia ratificó ayer las determinaciones que se tomaron tiempo atrás contra un complejo de cabañas en La Quebradita (Tafí del Valle): la de avanzar con el juicio de reivindicación, para recuperar el inmueble de unas cinco hectáreas (padrón 281.359) registrado a nombre del Gobierno de Tucumán, y que no se otorgará ninguna habilitación para funcionar como emprendimiento turístico mientras se sostenga el litigio.
La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, recibió ayer en su despacho a la representante legal de las cabañas “Los Carolinos”, la abogada Carolina Vanni. Allí se le comunicó que la Provincia mantiene firme su convicción de recuperar las tierras que le pertenecen al Estado y de avanzar contra quienes las estén ocupando.
El encuentro se dio a instancia de los diálogos que viene manteniendo la empresaria con funcionarios y representantes legales del Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT), que encabeza Domingo Amaya. Trascendió que, en el transcurso de la charla, la representante legal habría deslizado la posibilidad de que en algún momento se pueda analizar algún tipo de acuerdo, como que se le permita la concesión del inmueble a cambio de un canon. Sin embargo, en la reunión se aclaró que se mantendrán firmes las determinaciones estatales.
“Nuestra decisión es la de continuar el pleito hasta recuperar el inmueble. Y la de Turismo, la de no autorizar el funcionamiento. Hemos reafirmado nuestra vocación de reordenamiento”, comentó Pedicone a este diario luego del encuentro. Agregó que no hay una persecución contra los propietarios de “Los Carolinos” ni contra nadie, sino que lo que está haciendo la Provincia es ordenar situaciones irregulares.
El complejo, que cuenta con numerosas cabañas, cancha de tenis y una piscina, se encuentra construido en un terreno fiscal de la Provincia, según repasó la fiscal. Dijo que eso motivó el inicio de un juicio que está tramitándose hace más de una década. A su vez, recordó que el emprendimiento turístico nunca fue autorizado por el EATT.
“Hicieron un planteo de concesión y fue denegada (resolución 1.582, de mayo de 2025). Entiendo que se cerró el complejo y que no están recibiendo turistas”, rememoró Pedicone. Además, remarcó que se tomaron dos acciones para cuidar y recuperar el patrimonio del Estado.
En febrero de este año, el gobernador Osvaldo Jaldo tomó la determinación de crear la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural con el fin de recuperar tierras fiscales que se encuentran usurpadas u ocupadas de manera irregular, en especial en villas veraniegas
Extenso litigio
Las tierras en disputa están registradas a nombre del Gobierno de Tucumán en La Quebradita, en el kilómetro 66 de la ruta 307, un kilómetro antes de El Cristo de Tafí del Valle. El padrón catastral 281.359 se creó por la unificación de los lotes 34 al 39 del desarrollo urbanístico creado por Ley 1.829 (de 1940) y planificado por el urbanista Carlos María della Paolera, en 1942.
En 2011, el gobernador José Alperovich emitió el Decreto 2.519 que facultó a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones legales tendientes a recuperar aquellas tierras de La Quebradita. Un año después se inició una causa en el Juzgado Civil y Comercial de la II Nominación del Centro Judicial de Concepción (Provincia de Tucumán s/ Inmuebles - Reivindicación Ramos María Delia y Otros s/ Acción de Reivindicación). Son al menos cinco personas las demandadas, entre ellas Vanni.
El juez que entiende en la causa, José Eduardo Tártalo, fijó audiencia para la provisión de pruebas para el 26 de agosto. La Provincia considera que tiene las razones y los documentos suficientes para recuperar las tierras.
Revés de Turismo
El 19 de mayo de este año, el EATT emitió la resolución 1.582 para denegar la habilitación provisoria solicitada por el establecimiento turístico “Los Carolinos”. Ordenó que el complejo de cabañas “se abstenga de prestar cualquier tipo de servicio turístico en el inmueble por carecer de autorización legal para ello”, y pidió comunicar la determinación a la Municipalidad de Tafí del Valle que encabeza Francisco Caliva, a la Dirección de Rentas y a la Jefatura de Policía. A partir de esa medida, dejó de ser posible hacer reservar en el complejo a través de plataformas virtuales.
La resolución consta de cuatro páginas y fue publicada en junio el Boletín Oficial de Tucumán. En los considerandos, se plasmó que el complejo de cabañas “se encuentra prestando el servicio de alojamiento turístico sin autorización alguna, ocupando tierras que son de propiedad del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán”. “Se entiende que mal podría el Estado mismo otorgar una habilitación provisoria favoreciendo a la particular que intenta apropiarse de esas tierras estatales hasta tanto recaiga firme que adjudique o deniegue un derecho sobre las mismas”, se plasmó en el documento que lleva la rúbrica de Amaya.
Postura empresarial
En la solicitud de la habilitación provisoria, Vanni remarcó que el establecimiento da cumplimiento a todos los requisitos, excepto a la titularidad. Dijo que al haber varios demandados el proceso judicial es lento y tedioso. Mencionó que hay legislación nacional y provincial en fomento del turismo. “Lo cierto y real es que hace más de 12 años que prestamos actividades de servicios turísticos tanto en Complejo ‘Los Carolinos’ como en otros establecimientos de la provincia, siempre brindando, apostando e invirtiendo en nuestra provincia, porque soy una apasionada del turismo y de la actividad”, expuso.
Yerba Buena: recuperan tierras fiscales que eran usadas como estacionamiento por un cementerio
La Provincia tomó posesión y señalizó ayer un predio ubicado en Yerba Buena, en la intersección de las calles Sarmiento y San Pablo, que era utilizado como estacionamiento del cementerio San Agustín. Las tierras, pertenecientes al Superior Gobierno de la Provincia, se encontraban en litigio en una causa de reivindicación. Personal de la Fiscalía cercó el lote e instaló carteles de “prohibido pasar”.
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