El Gobierno intervino la cooperativa que manejaba un bar en el Instituto Juan Domingo Perón

El Ministerio de Capital Humano, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, informó la intervención judicial de la Cooperativa de Trabajo Lo de Néstor Ltda., señalada por incurrir en múltiples irregularidades administrativas y contables.

La cooperativa, que operaba el bar “Un café con Perón” en la sede del Instituto Juan Domingo Perón, ya había sido clausurada el pasado 12 de junio como parte de una serie de medidas oficiales tendientes al cierre definitivo del instituto. Según el comunicado oficial, el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 22, Secretaría Nº 43, ordenó “la intervención judicial plena de la Cooperativa ubicada en Bolívar 548, con desplazamiento de su Consejo de Administración y la Sindicatura”.

La decisión judicial fue motivada por el accionar persistente de la cooperativa, que “continúa realizando operaciones comerciales sin contar con la debida autorización y sin proceder a los actos tendientes a su disolución y liquidación”, a pesar de que el organismo ya había dispuesto el retiro de su autorización para funcionar.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello explicaron que la medida fue el resultado de un extenso proceso administrativo iniciado a comienzos de 2024, luego de detectar múltiples incumplimientos. “La cooperativa fue objeto de diversos requerimientos a partir del mes de marzo de 2024”, indicó el comunicado. Y detalló que, ante la falta de respuestas, se abrió “un sumario con suspensión de su operatoria, en el mes de septiembre de 2024, en el que tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa”.

A pesar de ello, “persistió en los incumplimientos, proceso que culminó en el mes de febrero de 2025 con la sanción de retiro de la autorización para funcionar y el rechazo posterior de los recursos deducidos contra la citada medida, habiéndose agotado la vía administrativa”.

El informe oficial también hizo foco en la actitud obstruccionista de los responsables de la cooperativa. “La entidad hizo caso omiso a todas las medidas adoptadas por la autoridad de aplicación”, se remarcó. Y se agregó: “Cabe destacar que la obstrucción al ejercicio de la potestad de la fiscalización que se trasluce en la falta de respuesta frente a las intimaciones efectuadas, conducta omisiva y contumaz que se mantuvo durante todo el proceso sumarial y dio como resultado la sanción impuesta”.

El Ministerio de Capital Humano aseguró que hubo una “deliberada desobediencia y falta de apego al cumplimiento de las normas vigentes por parte de la cooperativa”, lo cual generó una “seria obstaculización al control público” y evidenció “el impedimento reiterado al ejercicio de la fiscalización pública”.

Además, los responsables no habrían presentado la información requerida por el Estado, a pesar de múltiples pedidos y advertencias formales. La cooperativa había recibido fondos públicos entre 2020 y 2023. Sin embargo, según el comunicado, “la obstrucción a la potestad de fiscalizar del INAES imposibilitó analizar en forma íntegra que el destino de los mismos haya sido realizado respetando la ley de cooperativas y las normas de ese organismo”, consignó Infobae.

Otro punto grave señalado por el INAES es que la escasa documentación entregada por la cooperativa “confirma que la entidad no dio cumplimiento a la normativa que obliga a pagar la retribución a los asociados en forma bancarizada, por ser una entidad que recibió fondos del Estado, conforme a lo establecido en el artículo 1º de la Resolución Nº 3107/18 INAES”.

Por último, el informe advierte que la cooperativa tampoco transparentó su situación interna. “El último balance presentado es el correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2022, sin dar cuenta a los asociados, ni al INAES, de los ejercicios sociales cerrados a fines de 2023 y 2024”.