Causa YPF: la jueza Loretta Preska decide si acepta la apelación de la Argentina

La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, definirá este lunes si otorga a la República Argentina la suspensión de la sentencia que la obliga a transferir el 51% de las acciones de YPF a fondos especulativos que demandaron al país por la expropiación de la petrolera en 2012.

La semana pasada, el Gobierno nacional apeló el fallo ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito y dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos si el resultado vuelve a ser adverso.

En su presentación, los abogados del Estado argentino argumentaron que la orden de Preska viola el derecho federal de EE.UU., la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y los principios de cortesía internacional. También citaron como respaldo la declaración de interés del Departamento de Justicia estadounidense durante la administración Trump, que se expresó en contra de que se dicte un fallo de este tipo contra un Estado extranjero.

La apelación advierte, además, sobre un posible “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial” y plantea que cumplir la sentencia implicaría una violación directa de la legislación argentina, que establece que la entrega de acciones estatales en YPF requiere una ley aprobada por dos tercios del Congreso, consignó el diario "Ámbito".

Pese a que la jueza Preska aún no resolvió sobre el pedido de “stay” (suspensión de la ejecución del fallo), el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, contratado por la Procuración del Tesoro, decidió apelar directamente ante la Cámara para evitar posibles embargos inmediatos sobre activos argentinos en EE.UU. La jugada anticipada, según fuentes del caso, busca ganar tiempo ante un fallo que anticipan negativo.

YPF no forma parte del proceso judicial ni de las presentaciones oficiales. La petrolera fue desvinculada del litigio, y el foco de la demanda recayó exclusivamente sobre el accionar del Estado argentino. Así lo confirmó el propio presidente de YPF, Horacio Marín, quien se desentendió del caso al aclarar que la jueza falló a favor de la compañía y en contra de la República.

En el marco del caso Eton Park, la defensa del Estado argentino reiteró que se trata de una situación sin precedentes y de enorme complejidad legal. Alertó sobre los posibles daños irreversibles que implicaría cumplir con el fallo, entre ellos, la pérdida del control estatal sobre YPF y consecuencias económicas para terceros, como provincias o bonistas. Además, remarcaron que no existe un perjuicio inmediato para los fondos demandantes si se suspende la ejecución de la sentencia.