10 Julio 2025
LA TORRE YPF EN PUERTO MADERO. Desde el edificio construido por César Pelli se pueden ver la Casa Rosada y otros sitios emblemáticos.
El Gobierno nacional apeló la orden de la jueza Loretta Preska que lo obliga a ceder el 51% de las acciones de YPF a los fondos beneficiarios de la demanda por la expropiación de la petrolera en 2012. La apelación fue presentada ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, sin esperar la respuesta de la jueza Preska a la solicitud de suspensión del fallo, llamada "stay".
Esta acción sorprendió a algunos analistas. Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, señaló que lo habitual habría sido esperar la decisión de la jueza sobre el "stay" antes de apelar. “El paso era esperado en tres semanas, dos semanas, una semana, no ahora”, explicó Maril.
“La teoría te dicta que Argentina debería haber esperado que la jueza diga si acepta o no el pedido de suspensión del fallo... directamente no esperó y apeló. No es ilegal, está en todo su derecho, pero tal vez hubiese esperado a ver qué decía la jueza como para tomar otra decisión”, agregó.
La demanda original, iniciada tras la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner, culminó en 2023 con una sentencia que obliga a Argentina a pagar U$S16.000 millones, principalmente a Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio de empresas que se consideraron perjudicadas por la medida.
La estrategia de Burford incluye la búsqueda de activos como las acciones de YPF, presumiblemente con el objetivo final de negociar un acuerdo con Argentina.
El Gobierno argentino anticipó una resolución adversa de Preska, quien podría exigir garantías para conceder la suspensión del fallo. Si la apelación no se resuelve rápidamente y Argentina no proporciona las garantías solicitadas, podría enfrentar una situación de desacato, con graves consecuencias para su credibilidad internacional en un momento en que busca inversiones y acceso a los mercados de crédito.
El Gobierno reafirmó su postura de no negociar y agotará todas las instancias judiciales para defender los intereses de Argentina. Además, buscará el apoyo del gobierno de Estados Unidos, como ya lo hizo en el pasado.
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