Milei acelera el ajuste con recortes en INTA, INTI y entes reguladores antes del fin de las facultades delegadas

A contrarreloj, el Gobierno nacional prepara una batería de medidas para reestructurar organismos estatales clave, incluyendo el INTA, el INTI y los entes reguladores de energía y transporte. Estas medidas pretende aplicar antes de que expire el plazo de las facultades delegadas otorgadas por el Congreso. Se anticipan recortes presupuestarios, despidos y la transferencia de competencias a las provincias.

En una acelerada final antes del 8 de julio, fecha en que expiran las facultades delegadas conferidas por la "Ley Bases", el Gobierno busca dejar su impronta en la reestructuración del Estado. 

A pesar de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, minimizó la importancia de estas facultades como solo un "5%" del total de su agenda, se espera que entre hoy y mañana se anuncie una última serie de iniciativas elaboradas en conjunto con la Secretaría Legal y Técnica. El vocero presidencial, Manuel Adorni, será el encargado de comunicar las medidas.

¿Dónde estarán centradas las medidas?

El foco principal de esta ofensiva recae en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Estos organismos, actualmente descentralizados y dependientes del Ministerio de Economía, pasarían a la órbita de las secretarías de Agricultura e Industria respectivamente, perdiendo su autarquía. 

Esta reestructuración implicaría una reducción drástica de sus presupuestos, despidos de personal y la venta de bienes y patrimonio a nivel nacional.

En el caso del INTA, el Gobierno planea modificar la estructura directiva, disminuyendo la influencia de las entidades rurales y centralizando el control en el Poder Ejecutivo. Sturzenegger cuestionó la eficiencia del organismo, al señalar que "tiene 6.000 personas y 3.000 vehículos y no se sabe muy bien qué es lo que hacen".

El INTI, por su parte, sería degradado a una simple "unidad organizativa". Sturzenegger justificó esta medida con el argumento de que durante el kirchnerismo se multiplicaron los organismos descentralizados con capacidad de recaudar, se crearon "cajas" paralelas y generaron trámites innecesarios. La idea es "volver esos organismos a la administración central".

Además, el Gobierno avanza en la fusión de los entes reguladores de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas), para crear el Ente Nacional Regulador de Gas y la Electricidad, bajo la supervisión de la Secretaría de Energía. Esta propuesta, que ya había sido incluida en el proyecto original de la Ley Bases pero luego fue retirada, busca racionalizar la estructura regulatoria.

Otros organismos en la mira son la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Tránsito. El plan es desguazar estas entidades para absorber sus funciones en otras reparticiones de la Secretaría de Transporte o transferir el control del tránsito nacional a Gendarmería.

La reestructuración de Vialidad Nacional implicaría cambios presupuestarios y la creación de una Agencia de Control de Concesiones de Transporte para supervisar los contratos de concesión. Asimismo, el Gobierno pretende transferir a las provincias la responsabilidad de obras nacionales, aunque sin especificar la asignación de recursos presupuestarios para ello.

"Gastos operativos, que volvieron a la gente"

Sturzenegger defendió estas medidas como parte de un esfuerzo por reducir el tamaño del Estado y mejorar su eficiencia. El ministro reiteró que la gestión actual logró un ahorro de U$S2.000 millones en gastos operativos, que "volvieron a la gente". Puso como ejemplo la desregulación del mercado de GLP (gas en garrafa), que eliminó las restricciones a la importación y los intermediarios beneficia a los consumidores al reducir el precio del gas.

El ministro también criticó la lógica de centralización de la obra pública implementada por administraciones anteriores, que llevó al uso de fondos nacionales para proyectos locales. En este sentido, la nueva estrategia del Gobierno es que cada nivel de gobierno se haga cargo de sus responsabilidades, para limitar la intervención de la Nación a obras estratégicas de alcance interprovincial, como las rutas nacionales, que serán concesionadas.