03 Julio 2025
DESAFÍOS. Para la especialista es clave hacer un ordenamiento territorial.
La ola polar que pasó por Tucumán volvió a poner en primer plano una realidad estructural que en Tucumán afecta a miles de familias de la mano de la disparidad social y la precariedad de las viviendas. “La desigualdad exacerba al máximo las diferencias en el acceso a condiciones de vida digna”, advirtió Paula Boldrini, arquitecta, doctora en Ciencias Sociales y especialista en ordenamiento territorial.
Para la investigadora, el problema de fondo no es sólo la pobreza sino la mala distribución de los recursos. “No tenemos un país al que le falten recursos; el problema es cómo se distribuyen. Los sectores más vulnerables son los que más sufren cualquier evento extremo: inundaciones, pandemias o, como ahora, el frío”, remarcó en declaraciones a LG Play.
Un déficit cualitativo
En el Gran San Miguel de Tucumán existen más de 300 barrios populares, una cifra superior incluso a la que registra el propio Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Según Boldrini, el déficit habitacional en la provincia no se reduce únicamente a la falta de viviendas: “Es también un déficit cualitativo”.
La precariedad se refleja en los materiales de construcción, en el hacinamiento y en la falta de acceso a servicios básicos. “En invierno, muchas familias dependen de braseros para calefaccionarse, con los riesgos que eso implica. En verano, por ejemplo, no todas tienen una heladera. La gente no elige vivir así, es la única opción que tiene”, afirmó la especialista.
Políticas que faltan
Boldrini también mencionó que el gran desafío local es avanzar en un ordenamiento territorial integral. “Hace falta identificar todas las fuentes de trabajo invisibilizadas, promover circuitos de economía social y circular, y acompañar eso con una política de hábitat que mejore viviendas, espacio público y equipamiento comunitario”, enumeró.
La especialista sostuvo que es posible pensar un modelo de urbanismo que atienda tanto la emergencia habitacional como la sostenibilidad ambiental, y que el Estado debe actuar como dinamizador social. “No se trata de que las empresas pierdan rentabilidad, sino de generar procesos participativos y productivos sostenibles que empoderen a las comunidades”, finalizó.
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