Hace nueve años le advertían a Jaldo sobre el avance narco en Tucumán

El 7 de marzo de 2016, hace más de nueve años, el entonces vicegobernador, Osvaldo Jaldo, como presidente de la Legislatura, recibió un documento con una dura advertencia sobre el avance del narcotráfico en Tucumán.

La nota, titulada “Lucha contra el narcotráfico”, solicitaba una urgente sesión especial legislativa para abordar este problema que avanzaba velozmente en la provincia.

“...Los Obispos reunidos en la última Conferencia Episcopal Argentina advirtieron que “la sociedad sospecha que miembros de las fuerzas de seguridad, funcionarios de la Justicia y políticos colaboran con los grupos mafiosos” pero que “también es funcional y cómplice quien pudiendo hacer algo se desentiende, se lava las manos y mira para otro lado”, denunciaban en un párrafo del documento, firmado por el grupo “Convicciones”, integrado por Julio Díaz Lozano, Florencio Aceñolaza, José del Pero, Raúl Doz Costa, Agustín Maldonado, José Antonio Nadef, Rubén Palacio, Felipe Salas, Mario Saracho, Oscar Emilio Sarrulle, Edgardo Rocha y Eduardo Yocca.

“Por su parte -continuaba el texto- el Gobierno Nacional ha colocado la lucha contra el narcotráfico entre sus tres prioridades absolutas, y ha tomado a Tucumán como prueba piloto, inaugurando una Unidad Especial de Seguridad Regional de la Policía Federal, una de cuyas tareas básicas será la batalla contra el narcotráfico. En nuestra provincia, todos sabemos que la inseguridad -cada vez más cotidiana y violenta- tiene importantes raíces en esta infame actividad y que han comenzado batallas territoriales por la posesión del negocio con la muerte de cada vez más adolescentes y jóvenes, lo que nos está asimilando a lo que sucede en Rosario de Santa Fe”.

Más adelante describían que “hoy, la gente que habita en barrios que están siendo tomados por los narcos, se siente desprotegida por el Estado y por la política y, aterrorizada, solo atina a guarecerse en su casa, y a luchar para evitar que sus niños, adolescentes y jóvenes caigan en la adicción y terminen formando parte de la cadena narco u operando para ella. Por temor pocos hablan, y los más osados participan en marchas como las valientes “Madres del Dolor”.

El mensaje de Melitón

Luego recordaban que el padre Melitón Chávez (quien fallecería el 25 de mayo de 2021 durante la pandemia) había trabajado durante años en los barrios de Tucumán más afectados por la droga, y cuando era obispo de Añatuya había dicho que “para poder detener este mal debemos trabajar codo a codo todos los tucumanos y muy en especial los que tienen responsabilidades en el Gobierno y la Justicia”.

Finalmente, afirmaban: “Es importante que la Legislatura se aboque a este debate, pues ella debe ser la caja de resonancia donde se traten los problemas más acuciantes de los tucumanos. Proponemos que se convoque a una sesión especial a la que se invite a participar a miembros de los Poderes Judicial Provincial y Federal, integrantes de las Fuerzas de Seguridad y funcionarios provinciales, expertos calificados, referentes sociales y religiosos, etc. La información y conclusiones que surjan de dicha sesión se deben difundir al conjunto de la población, como así también los acuerdos básicos que permitan coordinar políticas y definir estrategias operativas que terminen con el narcotráfico.

Por todo lo expuesto y, por la trascendencia del tema le solicitamos a usted, que en su calidad de Presidente de la Legislatura, convoque a la referida sesión sobre este tema vital que tanto preocupa a nuestro pueblo”.

Dura crítica: Julio Díaz Lozano dijo que se ignoraron las advertencias realizadas

El ex vicegobernador, Julio Díaz Lozano (1991-95), uno de los firmantes de aquel documento de 2016, dijo que “nadie puede hacerse el sorprendido ahora, cuando este problema lleva bastante tiempo y fue denunciado en varias oportunidades ante el propio (Osvaldo) Jaldo”. “Ahora el problema de la droga les explotó en la cara, pero las vinculaciones del narcotráfico con el poder las conocía todo el mundo”, aseveró. Además recordó que tampoco se está cumpliendo con la ley (8.850), de la cual Díaz Lozano es uno de los autores, reglamentada en 2016 por Juan Manzur, que exige controles toxicológicos sobre consumo de sustancias ilegales a los funcionarios de los tres poderes del Estado, incluyendo a toda la administración pública centralizada, descentralizada, y organismos autárquicos, con lo que también deberían los intendentes y sus funcionarios pasar por el laboratorio.