El avance narco amenaza a la seguridad de Tucumán

Se acaba de cerrar el primer semestre y es un buen momento para hacer el balance de lo que sucedió en materia de seguridad. Todo indica que por el momento los números que se tienen en cuenta para hacer un análisis sobre la inseguridad le sonríen al Gobierno. Pero hay que prestar atención a una situación muy delicada. El avance narco puede destruir todo lo construido hasta aquí.

Vamos por parte:

1- Homicidios: la tasa de crímenes ha disminuido en un 30% con respecto al año pasado en estos primeros seis meses. De 28 muertes violentas registradas en ese período de 2024, en lo que va del 2025 se contabilizaron 19. Han disminuido en más de un 50% los homicidios en situación de robo (los que más preocupan a la sociedad), por violencia intravecinal (principal razón de fallecimientos en estos seis meses), violencia intrafamiliar y por cuestiones de drogas. Sí aumentaron en un 400% los femicidios. En estos 180 días murieron cinco mujeres por la violencia machista, mientras que el año pasado solo se había producido un caso en ese lapso de tiempo. Si se mantienen estos números, los especialistas sostienen que 2025 podría ser el año con menos homicidios desde que comenzaron a registrarse.

2- Robos: según fuentes oficiales, los delitos contra la propiedad, cuyos números son los más difíciles de controlar porque no todos los casos se denuncian, se redujeron en el primer semestre un 20% con respecto al mismo período del año pasado.

3- Fronteras: con el fortalecimiento del Operativo Lapacho terminó de entenderse cómo los caminos del NOA se han transformado en la ruta de la informalidad. En seis meses se secuestraron más de $6.500 millones en mercadería de contrabando, casi un 50% más de lo decomisado en todo 2024. Hasta el 31 de mayo, la Policía secuestró en promedio un vehículo por día en los límites de Tucumán. Más del 50% por haber sido robados en esta y otras provincias. También dejó al descubierto el millonario negocio del tráfico de coca que se alimenta por el desinterés de las autoridades para blanquear el consumo de un producto a nivel nacional y no sólo de las zonas fronterizas.

4- Usurpaciones: la Provincia pudo recuperar terrenos fiscales en El Mollar, Ibatín, Yerba Buena, Tafí del Valle y El Cadillal. Después de años de inacción estatal, en la última villa turística mencionada comenzó el proceso de regularización dominial que nadie a ciencia cierta sabe cuándo y cómo finalizará. Por este plan surgió que la desaparecida Secretaría de Regularización Dominial y Hábitat se habría transformado en una especie de inmobiliaria paralela que podría haberse dedicado a facilitar la comercialización de tierras que eran de todos los tucumanos.

El mayor problema

A veces, los buenos resultados que se reflejan en las estadísticas suelen transformarse en un dolor de cabeza. El avance narco en todo el NOA quedó reflejado en la cantidad de secuestros de drogas concretados en Tucumán durante el primer semestre. En total, según los registros a los que accedió LA GACETA, se decomisaron 979 kilos de estupefacientes (711 de cocaína y 268 de marihuana), superando holgadamente los 383 kilos (331 de cocaína y 52 de marihuana) incautados durante todo 2024.

Los especialistas sostienen que son varios los motivos que generan esta situación. El primero es que los planes lanzados por la Nación especialmente en Salta no estarían arrojando los resultados esperados. Los narcos, ante la presencia de mayores efectivos en la zona fronteriza, buscan otras alternativas para transportar y acopiar droga. En esta lista aparecen Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, provincias que están a más de 500 kilómetros de la frontera con Bolivia, la principal puerta de ingreso de la cocaína y, ahora, de la marihuana también.

La lucha contra el transporte, la distribución y la comercialización de droga es tarea exclusiva del Estado Nacional. Ante el avance de los delincuentes, varias provincias como la nuestra, ofrecieron colaborar haciéndose cargo del narcomenudeo, es decir, frenar el microtráfico y desarticular los quioscos de venta de pequeñas dosis. El Gobierno había acordado con la Nación hacerse cargo de esta tarea a cambio de que la Agencia Regional de la Policía Federal se encargara de hacer los estudios de la droga que se incaute. En enero de 2023, los responsables de la fuerza informaron que no contaba con los reactivos para desarrollar las pericias. La Provincia, desde ese entonces, se hizo cargo de ese gasto y de la reparación de los equipos que se utilizan para mantener en vigencia la ley de narcomenudeo.

Con la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, se inauguró un nuevo sistema de radarización; por primera vez en la historia se enviaron efectivos de la Prefectura Naval para que controlaran el cauce del río Bermejo; se trasladaron más gendarmes y policías federales a la zona y se anunció que también efectivos del Ejército colaboraría realizando patrullajes en la frontera. Las estadísticas demuestran que están dando los resultados, pero no los suficientes. En el primer semestre de este año, en todo el NOA se secuestraron 5.381 kilos de estupefacientes, mientras que el año pasado fueron 4.378 kilos. Ese incremento del 20% es importante, pero también genera dudas porque se amplían las zonas de secuestros, lo que llevaría a pensar que es mucho más droga la que circula por las rutas del NOA.

“Narcoescándalo”

Junio de 2025 será un mes que quedará en la historia en nuestra provincia. Por primera vez se investiga la posibilidad de que en un municipio se haya montado una estructura para lavar activos provenientes de actividades ilícitas que sería el narcotráfico y genera temor aprovechando el poder que tenían. Pesquisas como la que se desarrollan en Alberdi, son comunes en ciudades de frontera, otra señal del avance narco en la provincia.

La teoría de los fiscales Rafael Vehils Ruiz (federal) y Mónica García de Targa (justicia ordinaria) es más o menos la misma. Los señalados podrían haber utilizado las obras públicas para ingresar al circuito financiero el dinero obtenidos por la distribución y comercialización de drogas en esa ciudad desde hace 22 años. Por lo que surgió en la pesquisa, habrían elegido a una empresa “fantasma” que habría cobrado más de $400 millones en poco más de dos años.

El ex intendente Luis Campos, su esposa y legisladora Sandra Figueroa, los ex funcionarios José del Carmen Roldán y Pablo Barrionuevo; el ex concejal Albano Loru, el gremialista Roque Giménez y el gremialista José Funez son los que están siendo investigados, pero habría otras personas . La investigación, según advirtieron fuentes judiciales, será larga. Hay mucha prueba por recolectar para sostener una hipótesis de un caso que seguirá generando todo tipo de cimbronazos.