24 Junio 2025
El presidente Javier Milei vetó el proyecto de ley 27.790, aprobado recientemente por el Congreso, que declaraba la emergencia y destinaba $200.000 millones a un fondo especial para asistir a los damnificados por las graves inundaciones de marzo en Bahía Blanca y Coronel Rosales. La medida, oficializada a través del Decreto 424/2025 publicado en el Boletín Oficial, generó fuertes críticas y preocupación en las zonas afectadas.
El Gobierno nacional justificó el veto con el argumento de que las medidas contempladas en la ley ya fueron implementadas, sin especificar detalles sobre estas acciones. El decreto, refrendado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, devolvió la iniciativa al Poder Legislativo.
El acceso a créditos y ayuda a las empresas
La ley vetada, sancionada el 4 de junio, buscaba declarar el estado de emergencia por 180 días y establecer un fondo administrado por la Jefatura de Gabinete. Además, preveía la suspensión temporal de obligaciones contractuales y ejecuciones para los damnificados, la prioridad a empresas locales en proyectos de reconstrucción, el acceso a créditos blandos del Banco Nación y la coordinación con el gobierno provincial para exenciones impositivas.
La decisión de Milei dejó en incertidumbre el futuro de las políticas de apoyo a los afectados por las inundaciones, quienes esperaban medidas concretas para la reconstrucción de sus viviendas y la reactivación de la actividad productiva. Ahora, la controversia se centró en la efectividad de las acciones implementadas por el Gobierno y en la necesidad de medidas adicionales para hacer frente a las consecuencias del desastre.
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