Mientras la Justicia Federal evalúa el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Jorge Macri expresó su preocupación ante las posibles consecuencias de que la ex presidenta cumpla su condena en su departamento del barrio de Monserrat, en la Capital Federal.
A través de una nota formal presentada ante el Tribunal Oral Federal Nº 2, la Procuración General porteña -por instrucción del jefe de gobierno porteño- advirtió sobre el impacto negativo que esa medida podría tener sobre la movilidad urbana, la seguridad y la prestación de servicios esenciales en la zona.
El escrito detalló que, desde que se confirmó la condena, ya se registraron cortes de calles, concentraciones y ruidos molestos que complican la actividad cotidiana en un área clave del macrocentro porteño, consignó el sitio Infobae.
El documento incluye informes técnicos que alertan sobre el efecto que tendría un operativo de seguridad permanente en esa cuadra: alteración del tránsito, dificultades para instituciones educativas cercanas y afectación a la calidad de vida de los vecinos. Por eso, el gobierno macrista solicitó que, de autorizarse la prisión domiciliaria, se adopten “medidas excepcionales” de coordinación entre autoridades locales y nacionales para preservar el orden público.
En paralelo, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola recomendaron al Tribunal que rechace el pedido de prisión domiciliaria de la expresidenta. Consideran que la condena de seis años de prisión por la causa Vialidad debe cumplirse en una unidad del Servicio Penitenciario, sin beneficios especiales.
La decisión final está en manos del juez Jorge Gorini, titular del TOF Nº 2, quien podría definir el caso en las próximas horas.