17 Junio 2025 Seguir en 
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La Superintendencia de Servicios de Salud clausuró a la Obra Social del Personal Aduanero de la República Argentina (Ospad) por múltiples irregularidades halladas a partir de las auditorías que realizan las autoridades sanitarias.
Por primera vez, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Gobierno decidió dar de baja una obra social del sistema de salud argentino. Ospad fue eliminada del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) tras detectarse numerosas irregularidades, según la Resolución 1022/2025 publicada en el Boletín Oficial por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismo encabezado por Gabriel Oriolo.
La Ospad nunca llegó a prestar servicios médico-asistenciales, no contaba con afiliados y carecía de toda estructura operativa, según fuentes oficiales.
“Esta obra social no tuvo actividad desde su inscripción y no contaba con afiliados ni estructura de prestación”, explicaron desde la SSS. La medida es parte del nuevo enfoque del gobierno libertario que busca auditar y depurar el sistema de salud, apuntando especialmente a los denominados “sellos de goma”, es decir, entidades que se inscriben solo para recibir subsidios sin brindar servicios reales.
Situación de crisis
En paralelo, el Ejecutivo declaró en situación de crisis a la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma, que deberá presentar un plan de contingencia para revertir su situación financiera. De no hacerlo, correrá la misma suerte que la Ospad y será liquidada.
La semana pasada, también fueron declaradas en crisis otras cuatro obras sociales: la de Fedecámaras, Técnicos de Fútbol, Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos y Volkswagen Argentina S.A. Estas entidades deberán presentar informes detallando cómo garantizarán la continuidad de las prestaciones médicas para sus afiliados.
Desde el inicio de la gestión de Oriolo, la Superintendencia ya intervino ocho obras sociales y declaró en crisis a 11 más. La estrategia oficial incluye una fuerte reestructuración del sistema para eliminar privilegios, mejorar la transparencia y garantizar que solo las entidades que cumplan con los requisitos continúen operando.
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