La relación con los gobernadores ya entró en campaña electoral

Quizás haya sido coincidencia. Casi todos los gobernadores se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones y entre otras cosas señalaron que les falta dinero. Un día después varios diputados que venían votando junto con el gobierno, alineados con gobernadores aliados al Ejecutivo, abandonaron esa conducta y apoyaron los proyectos referidos a jubilaciones que critica Javier Milei.

Es posible ver la influencia del año electoral, algo no necesariamente negativo. Todo depende de las causas y de las herramientas. Por ejemplo, algunos diputados pueden haber votado los proyectos sólo para no perder votos en octubre. O bien los gobernadores pueden querer dinero para tener más éxito en las elecciones y le pidieron a “sus” diputados que votaran contra la voluntad del gobierno nacional para mostrarle que parte del poder formal lo tienen ellos. Es decir, que pretenden cobrar un precio más alto por mantener la alianza.

Como fuere, los planteos de los gobernadores son importantes; las elecciones sólo introducen fricciones en discusiones que igual deben realizarse. Una de ellas, sobre la reforma impositiva. Aquí el objetivo de máxima de la Nación es eliminar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Sin dudas sería un gran avance para la productividad y la toma de empleo pues se trata del peor de los tributos posibles y es el principal de las provincias argentinas. El problema es la idea nacional de que sea reemplazado por un IVA local aprovechando la estructura de la Arca. Por ejemplo, de 21 puntos del IVA nueve son de la Nación y el resto se coparticipa (excepto partes menores que tienen destinos específicos). El gobierno nacional plantea a las provincias eliminar esos doce puntos y que cada una le pida a la Arca que agregue en cada jurisdicción los puntos que crean necesarios para sustituir IIBB. Entonces el IVA no se redistribuiría sino que se devolvería. Problema: no todas tienen la misma capacidad de generar base imponible. Por lo tanto es posible (no seguro) que en algunas haya reducción de carga tributaria pues terminen con un IVA menor a 21 por ciento y sin IIBB mientras que otras llegarían a un IVA estrafalario (según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal –Iaraf-, incluso más de 80 por ciento). Y si bien a igual recaudación un IVA grande sin IIBB es un resultado mejor que el presente puede ser políticamente inviable de aprobar. Eso sí, no sería un problema de precios relativos que pondría en desventaja a las provincias que tengan tasas astronómicas sino que la diferencia tributaria haría evidente la enorme divergencia de competitividad relativa entre las provincias, hoy escondida por el mecanismo de coparticipación. Si los gobernadores quisieran evitar el shock del IVA provincial deberían tener gastos estatales menores y más eficientes. Lógico, pero de muy largo aliento.

Otro punto importante y más factible de acordar es la obra pública. Una de las áreas primeras y de más drástico recorte del gobierno nacional fue allí. Reforma y achicamiento del Estado podrían ser más de fondo (en teoría) pero también más lentas de trabajar y lo urgente era mejorar el resultado fiscal para detener la emisión que financiaba al gobierno y así frenar la inflación. Sin embargo, el desarrollo económico requiere de obras de infraestructura. Algunas pueden realizarse y funcionar mediante concesiones al sector privado, otras no sólo con el sector privado.

Pero los gobernadores no deberían pedir obra pública provincial, eso no es responsabilidad de la Nación. Justamente los principales recortes de 2023 fueron en gastos nacionales en trabajos de alcance sólo provincial o sólo municipal, asignaciones que debieran ser vergonzosas. En ese sentido ir a pedir obra pública es unitario, no federal. No es más federal el gobierno que más gasta en las provincias sino el que más propicia que las provincias se hagan cargo de su propio futuro. En ese enfoque, la obra que cuenta es la interprovincial, algo que requiere un plan de largo plazo, que también falta. Otro punto que debería vertebrar la discusión regional.

Con eso en mente pueden verse los proyectos sobre jubilaciones. Que, a diferencia del año pasado, esta vez sí señalan fuentes de financiamiento, aunque no se discutió con precisión si son suficientes. Téngase en cuenta que desde abril de 2024 las jubilaciones se actualizan mes a mes por IPC y eso no cambia. Pero como hay una recomposición esa indexación se haría sobre una base más grande. Entonces, no habrá únicamente gasto a una sola vez (la recuperación de haberes de enero 2024) ni el flujo normal que se tiene ahora sino uno mayor. ¿Alcanza o no? No se sabe, y en parte por culpa del PEN. Si hubiera un presupuesto 2025 aprobado por ley y no una prórroga adaptada de la prórroga adaptada del año anterior sería más seguro discutir y calcular. Además de la falta institucional de no contar con ley de presupuesto la situación empeora la posición del gobierno por falta de argumentos cuantitativos. En cualquier país normal habría habido reuniones entre diputados y miembros del equipo económico para debatir números. Aquí no. En parte responsabilidad opositora por querer sacar rápido un proyecto que embretara al gobierno, pero éste lo facilitó.

Lo aprobado en Diputados no mejora un sistema sin futuro. Claro, para los jubilados puede ser un alivio en cuanto no alimente la inflación porque entonces no servirá de gran cosa. Incluso con la actualización mensual siempre se correrá por detrás de los precios y peor que ahora si subieran cada vez más.

Sería una mala combinación si se mantuvieran sistemas jubilatorio y de obra pública del pasado. Con presupuesto habría habido un paquete ya negociado con los gobernadores, una restricción a sus tiras y aflojes de año electoral. Ahora cada voto en el Congreso puede costar más caro. La recomposición jubilatoria puede haber sido una señal. Cuando mañana un grupo de gobernadores se reúna con el jefe de gabinete se sabrá.