
En el marco de una emergencia producida por las vacantes en todo el país, 47 abogados y abogadas de Tucumán y del resto del país se inscribieron para optar por el cargo de Fiscal General ante el Tribunal Oral Federal de nuestra provincia. La convocatoria fue realizada por la Procuraduría General de la Nación, y lleva las firmas de los secretarios Guillermo Terán y Jonathan Polanski, y de la subsecretaria letrada Mirta Montiel.
En Argentina, la elección de un fiscal federal sigue un proceso que incluye un concurso de oposición y antecedentes, la propuesta del Poder Ejecutivo, y finalmente el acuerdo del Senado. No hay, como en el caso de los jueces, entrevistas por las que se suman puntos sinó que todo tiene que ver con su conocimiento y preparación, además de la cuestión política que ya les es ajena. En el caso del Procurador General de la Nación, como máximo responsable del Ministerio Público Fiscal, también requiere el acuerdo del Senado, con una mayoría especial, después de ser propuesto por el Poder Ejecutivo. Actualmente el procurador general, de manera interina, es Eduardo Casal, quien fue nombrado en ese cargo el 31 de diciembre de 2017, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Anteriormente había sido procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 1992 hasta 2017.
Vacante
La fiscalía ante el TOF de Tucumán está vacante desde mayo de 2015 cuando quien era titular, Diego Velasco, hoy al frente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), renunció a su cargo para ser trasladado a Comodoro Py. Así, quien asumió como subrogante fue Pablo Camuña, quien desde diciembre de 2014 era titular de la fiscalía federal N° 2. Camuña permanece en el cargo actualmente y es uno de los que se inscribió para participar del nuevo concurso. También están inscriptos, entre otros, Lucía Doz Costa, Valentina García Salemi y Daniel Weisemberg, auxiliares fiscales ante el TOF, además de María Virginia Duffy, secretaria de Derechos Humanos del Juzgado Federal Nº1 y los fiscales provinciales Claudio Bonari y Pedro León Gallo y el juez provincial Facundo Maggio, además de Tomás Robert, miembro del Ministerio Público Fiscal de la provincia, entre otros.
En total, de los 47 inscriptos, 16 son mujeres.
La situación provocada por las vacantes en la Justicia Federal de Tucumán es crítica. Los tres jueces del Tribunal Oral Federal son subrogantes, dos de Santiago del Estero y el tercero de Catamarca. El cargo de fiscal federal ante el TOF también está vacante, lo mismo que la fiscalía general ante la Cámara de Apelaciones y la fiscalía federal N ° 1, que están siendo subrogadas por Rafael Alberto Vehils Ruiz. La fiscalía N° 2 es subrogada por Agustín Chit (el titular Camuña está en el TOF), quien fue nombrado en la fiscalía N° 3, que aún no tiene funciones. Dos de los tres juzgados federales también están siendo subrogados, el N° 1 por el juez catamarqueño Guillermo Díaz Martínez y el N° 2 por José Manuel Díaz Vélez, titular del juzgado federal N ° 3, que aún no está en funcionamiento. La única instancia completa es la Cámara Federal, integrada por Marina Cossio, Patricia Moltini, Fernando Poviña, Ricardo Sanjuán y Mario Leal.
Este año, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el presidente Javier Milei anunció el envío al Senado de 130 nominaciones para cubrir vacantes en los juzgados federales y nacionales de la CABA. Sin embargo, quedó sólo en eso: un anuncio ya que no se envió ningún pliego. Según la información proporcionada por el Consejo de la Magistratura, el 45% de las vacantes judiciales actualmente en trámite en el ámbito del Poder Ejecutivo fueron remitidas durante el primer año de la gestión del gobierno actual. El 55% restante corresponde a vacantes remitidas entre 2018 y 2023. El secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, había informado que se registraban 368 vacantes en el Ministerio Público Fiscal. En cuanto a los juzgados, de acuerdo con el Consejo de la Magistratura, hay casi 400 lugares para cubrir, de los cuales 71 todavía están en concurso, 134 están en trámite en este organismo y 184 están siendo analizados por el Gobierno, aunque ninguno llegó al Senado.