Por Juan Manuel Montero
04 Junio 2025
Con la incorporación por su lectura de las pruebas que cada una de las partes creyó conveniente, se cerró ayer la etapa de testigos y documentación en el juicio contra el ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Alberto Cerisola, y otros tres funcionarios universitarios. De esta manera, quedó todo listo para que desde el 17 de junio comiencen los alegatos.
El lunes, frente al Tribunal que integran los jueces subrogantes Jorge Basbús y Ana Carina Farías (ambos de Santiago del Estero), y Enrique Lilljedahl (de Catamarca), los representantes de las partes verbalizar las partes de las pruebas que consideraron más convenientes para que sean incorporadas a la audiencia. Por el Ministerio Público lo hizo Lucía Doz Costa, acompañada por Pablo Camuña y Agustín Chit, y luego fue el turno del representante de la querella, Patricio Esperguín. Posteriormente lo hicieron los defensores de Cerisola, Silvia Peyrachia y Rosa Luz Casen; de Luis Sacca -ex subsecretario Administrativo de la UNT-, Víctor Taleb; de Olga Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias-, Alfredo Falú; y de Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones-, Pamela Tenreyro.
Utilidades mineras
En la causa se investiga el dinero que recibió la Casa de Altos Estudios como parte de utilidades mineras entre 2006 y 2009. Cerisola está acusado de administración fraudulenta del dinero recibido de la minería por la UNT entre 2006 y 2009 respecto de la realización y/o refacción de 13 obras públicas. En 2010 el arquitecto Ramón Eudal (ya fallecido) denunció irregularidades en las obras y comenzó la investigación judicial, que llevaría a cabo el fiscal federal Carlos Brito. Hubo otra denuncia, del abogado Oscar López, ante la Procuración General de la Nación; se hizo una auditoría interna con la Sindicatura General de la Nación (Sigen); allanamientos para que Gendarmería inspeccione 20 obras y también intervino la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavados de Activos (Procelac).
La Universidad es socia de YMAD en virtud de la Ley 14.771, que indica que a la UNT le corresponde un 40% de las utilidades y debía destinarlo a la terminación de la Ciudad Universitaria proyectada a fines de los años 40 en San Javier. Cerisola, que al asumir su rectorado hizo hacer un plan para reparaciones y obras nuevas en la UNT, mediante tres resoluciones hizo pasar el área Construcciones Universitarias a depender del Rectorado y dispuso que los trabajos no se rigiesen por la ley de Obras Públicas sino por una norma propia. También determinó que con ese plan de obras la Ciudad Universitaria quedaba concluida e hizo cambiar, mediante un acta firmada en 2008 en YMAD, el destino de las utilidades: ya no se utilizarían en la Ciudad Universitaria sino que la mitad se repartiría para las otras universidades y la otra mitad quedaba de libre disponibilidad. La investigación fue elevada a juicio en 2018 por el entonces juez federal Fernando Poviña, que hoy integra la Cámara Federal de Apelaciones. La causa se relaciona con el manejo de $ 353 millones (alrededor de U$S 85 millones al cambio de entonces) recibidos por la UNT en concepto de utilidades de la minería.
El 17 de junio y luego el 18 y el 19, en principio ya que se pueden extender, los fiscales del Ministerio Público Camuña, Chit y Doz Costa harán un repaso de todas las evidencias, analizarán los más de 100 testimonios que se escucharon y luego informarán si consideran que hay pruebas para acusar a los imputados, y en caso de ser así, qué pena pedirán para cada uno. Luego será el turno del querellante, y posteriormente de las defensas. Como el juicio tiene interrupciones temporales ya que los jueces además deben entender en otras causas (tanto en Tucumán como en sus jurisdicciones) se cree que la sentencia final se conocería en agosto, más cuando hay una feria judicial en el medio.
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