Baja de la edad de imputabilidad: si no damos este debate, seguiremos lamentando muertes evitables

Baja de la edad de imputabilidad: si no damos este debate, seguiremos lamentando muertes evitables
03 Junio 2025

Laura Rodríguez Machado

Diputada nacional

La Argentina necesita orden. Necesita justicia. Y necesita, con urgencia, asumir debates que por años se postergaron mientras los problemas crecían. Uno de ellos, tal vez el más sensible, el más difícil, pero también el más necesario, es la reforma del Régimen Penal Juvenil.

Desde hace más de ocho meses venimos trabajando con seriedad en esta reforma. Lo hicimos de forma transversal, con representantes de distintas fuerzas políticas y perspectivas. Escuchamos a 26 especialistas de todo el país: jueces, fiscales, defensores oficiales, psicólogos, trabajadores sociales, víctimas, académicos. Estudiamos 13 proyectos presentados en el Congreso, los analizamos artículo por artículo, y logramos un dictamen de mayoría que hoy refleja un consenso amplio y sólido.

Pero mientras en el Congreso trabajábamos intensamente, la realidad afuera no esperaba. Hace apenas unos días, Tucumán fue escenario de una tragedia que nos obliga, otra vez, a mirar de frente este debate. Eugenio González, un trabajador del servicio de emergencias 107, fue asesinado en un hecho tan brutal como evitable.

Su hija lo dijo con una claridad que conmueve: “Si la edad de imputabilidad fuera menor, mi papá estaría acá”.

¿Vamos a seguir ignorando esa demanda? ¿Vamos a seguir mirando hacia otro lado mientras las víctimas piden respuestas y los delincuentes menores de edad quedan impunes?

No estamos proponiendo castigar indiscriminadamente a los adolescentes. No se trata de eso. Se trata de que cuando un menor comete un delito grave —como un homicidio, una violación, un secuestro— el Estado no puede darle la espalda a la sociedad. No puede decirle a la víctima “no hay nada que hacer”.

Este proyecto fija una nueva edad mínima de imputabilidad a partir de los 14 años, siguiendo el estándar de países vecinos como Chile, Uruguay y Brasil. Pero, además, crea un régimen nuevo, completamente separado del sistema penal de adultos, con reglas claras, garantías específicas y un enfoque de justicia restaurativa y reinserción social.

Las sanciones no serán automáticas ni desproporcionadas. El proyecto prevé penas privativas de la libertad solo para los delitos más graves, con un máximo de 15 años de prisión, en instituciones especializadas, sin contacto con adultos detenidos, y con personal capacitado. No se trata de encerrar por encerrar. Se trata de actuar con responsabilidad, sin ingenuidad y sin cinismo.

El régimen también contempla medidas alternativas para los delitos leves, como la reparación del daño, el acompañamiento terapéutico, la escolarización obligatoria, la supervisión tutelada y el involucramiento de los padres o tutores. Porque sí: los adultos responsables también tienen que asumir su parte.

A la vez, este nuevo régimen reconoce el derecho de las víctimas a ser escuchadas, a recibir asistencia integral y a participar de los procesos. Porque la justicia no puede funcionar de espaldas a quienes más la necesitan.

Paso decisivo

Quiero ser clara: el dictamen de mayoría no es la sanción de una ley. Es un paso decisivo, pero necesitamos que el tema se trate cuanto antes en el recinto. Porque cada día que pasa sin debatirlo, es un día en el que seguimos atrapados en un sistema ineficaz, que no repara, que no previene, que no protege ni a la sociedad ni al menor que delinque.

Este no es un proyecto impulsado desde el castigo fácil ni desde el oportunismo electoral. Es una deuda histórica con la sociedad. Con las víctimas que no fueron escuchadas. Con los adolescentes que no encontraron límites a tiempo. Con los jueces que hoy no tienen herramientas. Con los ciudadanos que viven con miedo.

La seguridad empieza por poner reglas claras. Por transmitir que quien comete un delito, enfrenta consecuencias. Porque si un adolescente tiene edad para planear, ejecutar y encubrir un crimen, también tiene edad para asumir la responsabilidad de sus actos.

El que las hace, las paga. Con humanidad, con reinserción, con oportunidad, pero también con justicia.

Ya no hay más tiempo para postergar este debate. Tucumán lo acaba de gritar. Escuchemos.

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