El Congreso de la Nación comenzó a transitar un camino de debates institucionales de alto voltaje. En paralelo al tratamiento en la Cámara de Diputados sobre la reforma de la Auditoría General de la Nación (AGN), el Senado abrió formalmente el plenario de comisiones para discutir una posible ampliación de la Corte Suprema de Justicia y cambios en el mecanismo de integración del organismo auditor.
Las propuestas para reformar la Corte Suprema abarcan tres ejes principales: el número de integrantes, la paridad de género y un criterio federal de distribución. Actualmente, el máximo tribunal está compuesto por solo tres jueces: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Este año, el Senado rechazó los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, propuestos por el Poder Ejecutivo.
El salteño Juan Carlos Romero planteó llevar el número de jueces a siete; la rionegrina Mónica Silva propuso ampliarlo a nueve, mientras que la neuquina Silvia Sapag presentó un proyecto más ambicioso que sugiere elevar la Corte a 15 miembros. Además, Silva propuso una distribución federal, con cinco regiones que no podrían tener más de dos representantes cada una.
La paridad de género fue otro punto fuerte del debate, con adhesiones de las senadoras Lucila Crexell, Claudia Giménez, Mónica Silva, Eduardo Fama, Alejandra Vigo y Silvia Sapag.
Sin embargo, desde Casa Rosada dejaron clara su postura ante Ámbito: “No queremos ampliar nada”, afirmaron voceros del Ejecutivo, dejando entrever que el objetivo del Gobierno es postergar cualquier tipo de discusión hasta después de las elecciones. Esa posición fue respaldada en la comisión por el senador libertario riojano José Luis Pagotto, quien pidió una convocatoria amplia a especialistas para "escuchar todas las campanas". En contraste, el peronismo promovió con fuerza la iniciativa, con respaldo explícito de Romero, a quien José Mayans, jefe de la bancada, reconoció como un aliado en este proceso. El PRO, por su parte, no participó del plenario.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal), confirmó que se convocará a funcionarios del Poder Ejecutivo a participar de una ronda de exposiciones: “Esto los involucra directamente”, sostuvo, y expresó su expectativa de que el proyecto pueda obtener media sanción este mismo año. No obstante, desde Unión por la Patria admitieron que ven difícil lograr una aprobación en el recinto durante 2025.
En cuanto a la AGN, desde marzo el organismo funciona con un único miembro: su titular, Juan Manuel Olmos. Los otros seis auditores aún no han sido designados. En Diputados, la Comisión de Asuntos Constitucionales analiza un proyecto del oficialismo que busca reformar la composición del cuerpo, asignando cuatro miembros a Diputados y dos al Senado. También se impulsa un nuevo mecanismo para elegir al titular de la AGN, mediante una terna de candidatos que sería elevada por el partido opositor mayoritario y consensuada con mayoría en el Senado.
El senador Romero, por su parte, propuso mantener el esquema actual pero acortar los mandatos de los auditores de ocho a cuatro años, una idea que encontró eco entre algunos sectores del peronismo. Sin embargo, existe disenso sobre la cantidad de integrantes: un sector pretende elevarla de seis a ocho, mientras que Sergio Leavy (Unión por la Patria) propone que cada Cámara tenga dos representantes.
Desde la UCR, el fueguino Pablo Blanco advirtió sobre los retrasos institucionales: “Hace más de 30 días que este Senado está con demora. [...] El día de mañana vamos a tener un DNU que cambie cómo se integra la AGN y la duración de los mandatos”. Además, cuestionó al Ejecutivo por la falta de Presupuesto: “Ellos dicen ser los dueños de querer auditar todo, pero no brindan las herramientas”.
Durante el debate, el formoseño José Mayans defendió la necesidad de una reforma judicial ante el descrédito del Poder Judicial: “Tiene una crisis tremenda porque no tiene credibilidad en el pueblo argentino. Nosotros, el Poder Legislativo, tenemos parte de la solución”. Por su parte, Silvia Sapag se refirió a las manifestaciones de jubilados frente al Congreso: “No hay un solo juez que los defienda”.
En tanto, el radicalismo buscó evitar una lectura política del proceso. “Últimamente este Senado se junta para tratar temas que solo importan a la clase política, mientras hay muchas otras necesidades del pueblo que no se discuten”, cuestionó Blanco. Eduardo Vischi, jefe del bloque, pidió que el debate sirva para resolver problemas estructurales y no para beneficios coyunturales.
Finalmente, Mónica Silva insistió en que la paridad de género es esencial: “La Corte no puede seguir funcionando sin una mirada femenina. Es perjudicial para toda la sociedad”. También destacó la necesidad de una composición federal: “Las provincias tienen mucho que decir sobre cómo se imparte justicia, y eso hoy no está contemplado”.