Por Gustavo Rodríguez
10 Mayo 2025
Las usurpaciones de tierras fiscales todo lo pueden, incluso frenar la producción de materiales. “Lo único que pretendemos es recuperar las tierras para poder seguir trabajando. Hemos empezado con la ayuda del Gobierno, pero cuando logramos crecer nos independizamos y desde hace casi dos años que estamos frenados porque ocuparon las tierras”, aseguró César Rodríguez, vocero de la cooperativa de trabajo “Cartoneros en movimiento”.
El grupo se formó en 2012 en el marco del programa Potenciar Trabajo. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación les cedió una parte del terreno que está a la vera del río Salí, a escasos metros del puente Lucas Córdoba. Su ubicación es lógica: están cerca de un lugar en el que pueden conseguir los áridos que necesitan para llevar adelante la producción.
En el predio se levantaron tres tinglados para la elaboración de bloques, postes de cemento y macetas, entre otros productos que luego comercializaban. “En un principio eran 60 las familias que nos manteníamos con este emprendimiento. Pero después de que comenzaran los problemas, pasamos a ser 30 y ahora somos 10 que peleamos para poder seguir produciendo”, dijo Rodríguez.
En 2019, al haber consolidado el proyecto, Desarrollo Social dejó de abonarles los planes por haber crecido el proyecto, pero les permitió permanecer en el predio y cada tanto los asistió otorgándoles materiales para que mantuvieran la producción. Los “problemas”, como dice Rodríguez, comenzaron después de que falleciera en 2023 Miguel Malangoni, alma mater del emprendimiento.
“Al año siguiente se presentaron los dirigentes de la cooperativa La Arbolada para pedirnos prestado uno de los galpones. Como venían con apoyo político, aceptamos”, explicó Rodríguez. “Después uno de ellos nos dijo que se quedaría a dormir ahí para cuidar las cosas. Ahí empezó lo peor”, añadió.
Con el correr de los meses, dijo, integrantes de una familia de apellido Herrera comenzaron a extender sus dominios. “Lo hicieron básicamente para comenzar a vender terrenos. Cuando nos enteramos, les dijimos que estaban cometiendo un delito y que nos perjudica a todos. Al parecer, presentaron un acta notarial de cesión de derechos posesorios que, a nuestro criterio, es falsa. Por eso hicimos la denuncia correspondiente”, indicó.
Los integrantes de la cooperativa “Cartoneros en movimiento” presentaron como pruebas imágenes de los denunciados -dos de ellos serían policías en actividad- mostrando los terrenos a particulares y capturas de pantallas de los ofrecimientos de venta en las redes sociales.
En una de ellas, se puede leer que vendían tres lotes, dos a $2 millones y un tercero a $3 millones porque tenía tapia en todo su alrededor. También se descubrió que otro vendedor ofertaba el mismo lote a $4 millones, pero cerraba la operación si le pagaban $3 millones de anticipo y financiaba (dos cuotas de $500.000).
El proceso
La Unidad Fiscal de Decisión Temprana analizó el reclamo y, al encontrar indicios de que se debería iniciar una investigación, el expediente pasó a manos del fiscal Carlos Saltor, que comenzó a indagar sobre el caso.
El primer hallazgo de la pesquisa es que las tierras en cuestión son fiscales. Según el informe que recibió de la Dirección General de Rentas una parte pertenecería a la Nación y otra, a la Provincia. Por esa razón, el investigador informó a las partes de la situación. La Fiscalía de Estado ya anunció que José María Molina y Santiago Luis Xamena serán los profesionales que atenderán este caso.
En tanto, Saltor a través del personal a su cargo, pidió al denunciante y al denunciado que presentaran otras pruebas para que avanzara con la investigación.
Planteo
“Lo único que pretendemos es poder recuperar las tierras que nos cedieron para hacer nuestro trabajo”, explicó Rodríguez. “No queremos quedar pegados con alguna irregularidad por la venta de tierras que son del Estado”, añadió el cooperativista.
Rodríguez confió además que la cooperativa “La Arbolada” los afecta. “Ellos deben producir adoquines, pero hacen bloques, por lo que atentan con nuestras ventas. Además, al ocupar el primer galpón del predio, no permiten que los clientes lleguen hasta nuestro depósito”, aseguró.
LA GACETA intentó comunicarse con los acusados de usurpación y su defensor, pero no recibió respuesta alguna para que dieran a conocer su versión de los hechos. El fiscal Saltor terminará de definir cómo seguiría el expediente.
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