La Corte confirmó la condena a un ex intendente de Salta por el robo de caños del Gasoducto del Noroeste

El máximo tribunal rechazó la apelación de Jorge Enrique Prado y dejó firme la sentencia

El máximo tribunal rechazó la apelación de Jorge Enrique Prado y dejó firme la sentencia El máximo tribunal rechazó la apelación de Jorge Enrique Prado y dejó firme la sentencia
03 Mayo 2025

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra Jorge Enrique Prado, ex intendente de Aguaray, en la provincia de Salta, por el robo de 228 caños del inconcluso Gasoducto del Noroeste.

Prado fue sentenciado a seis años y medio de prisión efectiva por el delito de robo agravado en despoblado y en banda. También fueron condenados los empresarios Diego Andrés Alos y Adrián Antonio Vera a seis años y ocho meses.

Para el tribunal, Alos y Prado redireccionaron la maniobra hacia los caños ubicados en el paraje de Tonono, ubicado en Tartagal, cambiando la resolución a fin de justificar la extracción y traslado de esos caños, siempre bajo el argumento falso que se trataba de "pasivo ambiental".

En 2022, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas al exintendente y los dos empresarios. Además, revocó dos absoluciones.

Según la investigación fiscal, el plan incluyó el uso de documentos apócrifos, transporte organizado y desvío de los materiales desde distintas zonas del norte provincial. Inicialmente se intentó retirar los elementos desde una finca en Aguaray, pero ante la resistencia del administrador del lugar, los autores trasladaron la operación a otras localidades como Tartagal y El Desemboque.

El esquema fue articulado por empresarios y funcionarios, bajo una logística que permitió retirar progresivamente los caños que pertenecían al Estado Nacional. La Corte Suprema, al rechazar el recurso presentado por la defensa de Prado, dio por cerrada una de las etapas judiciales más importantes en torno a la corrupción en Aguaray, y consolidó las penas impuestas.

La causa fue instruida bajo el sistema acusatorio que rige en Salta desde 2019, y fue respaldada por instancias superiores como la Cámara Federal de Casación Penal. Los materiales sustraídos eran parte de una obra estratégica impulsada por ENARSA (hoy IEASA), destinada a beneficiar con gas natural a millones de habitantes del norte argentino.

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