Bajan los homicidios pero crece la preocupación por los narcos

Cuando quedan horas para que finalice el primer cuatrimestre, los funcionarios del área de Seguridad informaron algunos datos estadísticos. En estos primeros cuatro meses la baja de los homicidios superó el 40% y la de los delitos contra la propiedad más de un 20% con respecto al mismo período del año pasado.

Las estadísticas de crímenes son las más creíbles por una sola razón: una muerte no puede ocultarse. Los guarismos de robos, en cambio, se confeccionan con el número de denuncias que recibe la Policía. Pero como hay una importante cantidad de ciudadanos que prefiere no hacerlas, las cifras que se dan a conocer nunca serán exactas.

En materia de homicidios, el cierre del primer cuatrimestre viene con un dato extra: por primera vez en casi 10 años, se cierra un mes sin que haya ocurrido un crimen. Una situación atípica en los otros centros urbanos de la Argentina donde se está registrando un baño de sangre por la crisis económica y social. Volviendo a Tucumán, hasta el cierre de esta edición se contabilizaron 12 muertes violentas, 10 menos que en el mismo período del año pasado.

Al comparar los números registrados en el primer cuatrimestre de 2025 con los del año pasado, surge que los homicidios en ocasión de robo bajaron un 80%. Las muertes por violencia intravecinal, pese a una reducción del 25%, siguen siendo el principal móvil de fallecimientos violentos en la provincia. Bajaron los índices de homicidios por droga (50%) e intrafamiliares (40%). En materia de femicidios, con un solo caso reportado, Tucumán se aleja del espanto de la violencia machista que está instalada en otras provincias.

Alarmas

Hay otros indicadores que están movilizando a las autoridades. En este primer cuatrimestre, el secuestro de drogas aumentó más de un 400% con respecto al año pasado. Durante los primeros cuatro meses se decomisó mercadería de contrabando (vestimenta, calzado, electrodomésticos, herramientas, cubiertas y hojas de coca) por más de $3.400 millones, lo que representa más de un 80% de los $4.200 incautados en todo el 2024. “Esto es la consecuencia de haber incrementado los controles en los límites provinciales. Pero eso no representa la totalidad de lo que pasa”, aseguró Federico Pelli, especialista en seguridad. “Se estima que sólo se incauta el 10%”, añadió.

Esos datos deberían generar preocupación. Narcos y contrabandistas utilizan las mismas rutas. Si las fuerzas federales no pueden detener el ingreso de mercadería ilegal al país, es muy poco probable que lo hagan con la droga. La permeabilidad de la frontera quedó reflejada en una cifra: en todo el NOA, durante el primer cuatrimestre, se incautaron 3.000 kilos de estupefacientes, un 10% menos de los 3.300 decomisados en idéntico período del año pasado. En Tucumán, por ejemplo, se secuestró casi seis veces más de sustancias que en Jujuy.

La posibilidad de que los traficantes de droga hayan extendido sus dominios hacia otros lugares alejados del límite con Bolivia va creciendo con el correr de los días. En las causas judiciales de toda la región se pueden encontrar ejemplos que alimentan esta sospecha. Las autoridades frenaron al menos seis envíos con más 400 kilos de cocaína que habían sido cargados en Metán, ciudad salteña ubicada a unos 100 kilómetros de la frontera con Tucumán. En marzo, en El Puestito, localidad de Burruyacu, Gendarmería Nacional encontró una plantación con 550 ejemplares de marihuana. No trascendieron detalles sobre los resultados de este caso, pero sí se sabe que no estaba autorizada y que sus productores podrían haber producido hasta 1.000 kilos de cannabis.

“Es lógico que los narcos, por la presión que hay en la frontera, van a buscar otros centros de operaciones para continuar con la actividad ilícita que realizan”, sostuvo Pelli.

Aparentemente, esa teoría no fue tenida en cuenta por las autoridades de la Nación. Esa sería la razón por la que el ministro de Seguridad de la provincia, Eugenio Agüero Gamboa, esté pidiendo desde hace meses que la lucha contra el narcotráfico sea a nivel regional, creando un centro de operaciones con representantes de las fuerzas provinciales y nacionales para intercambiar información y realizar inteligencia criminal.

Mucho ruido

El debate del momento es la utilización de efectivos de las Fuerzas Armadas en la guerra contra el tráfico de estupefacientes. Fue título de tapa de todos los diarios la resolución del ministro Luis Petri, que deja en claro cuáles serán las funciones que deberán tener los miembros del Ejército que sean enviados a la zona de frontera con Bolivia. Las instrucciones son tan polémicas como contradictorias. Hoy el centro de la discusión es qué harán los soldados y no cómo evitar que los narcos sigan apoderándose del NOA.

El plan de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Petri es que los efectivos del regimiento de Tartagal colaboren con Gendarmería Nacional en los recorridos por las decenas de pasos ilegales que hay en la zona. Eso significa que trabajarán de manera conjunta, por lo que no habrá un grupo de soldados haciendo esa tarea.

La resolución de Petri hizo mucho ruido. Cumplió con su objetivo de causar un fuerte impacto en la sociedad, pero muchos creen que sólo se habría tratado de un anuncio rimbombante y nada más. Por ejemplo, el ministro dijo que el “Operativo Roca” consiste “en impedir a través de la disuasión, o neutralizar la agresión por la mera presencia física del personal militar”. El funcionario también dispuso que los efectivos “podrán proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia, informando inmediatamente de ello a las Fuerzas de Seguridad, al Juzgado correspondiente o al Ministerio Público Fiscal, para que tomen la intervención que les compete”. Eso es lo que puede hacer un ciudadano común, un guardia de una agencia de seguridad, un vigía de un municipio o de una comuna y hasta los mismos integrantes de las FFAA que no estén de servicio.

Pelli se mostró muy cauto sobre el éxito del plan. “Lo primero que se debe analizar es si se cuenta con los recursos necesarios para ponerlo en práctica y, fundamentalmente, lograr mantenerlo con el tiempo”, explicó. El especialista en seguridad habló de fondos para afrontar gastos que generarán el traslado de los efectivos (viáticos, lugar de alojamiento y comida) y equipamiento que estaría a cargo del gobierno salteño y no de la Nación. En Rosario, donde hubo un importante movimiento de fuerzas federales por el Operativo Bandera, hubo un grupo de gendarmes que se intoxicó porque le dieron comida en mal estado y el dueño de un hotel desalojó a policías federales por falta de pago.