Precios, gobierno y ciudadanía

La suba en los precios de los productos básicos registrada en estos últimos tiempos es motivo de inquietud para toda la ciudadanía. No puede ser de otra manera, ya que ese fenómeno significa un nuevo recorte a las estrechas posibilidades adquisitivas de la mayoría de la población.
Frente al alza de la nafta, el Gobierno nacional adoptó inicialmente una actitud desacertada, al convocar -en los hechos- a un boicot contra las estaciones de servicio de las empresas que habían variado sus precios. Si bien después buscó enfriar la referida estrategia, obvio es decir que no consiguió que el combustible se expendiera a menor precio, pero en cambio, alarmó justificadamente a los sectores empresarios.
Además, causó un impacto negativo en la posibilidad de inversiones extranjeras.
Los argentinos hemos convivido muchos años con la inflación y con la consiguiente suba constante en los precios de los productos. Tenemos, entonces, una dura experiencia -que no deseamos repetir- en la materia. Tal experiencia nos indica que el alza de precios no se detiene con medidas legales de regulación ni con boicots. Al contrario, los recaudos de esa índole son contraproducentes.
Otros son los mecanismos adecuados en estas circunstancias. En primer lugar, debe realizarse un estudio a fondo de la política impositiva actual, ya que es sabido que la alta presión fiscal es una de las causas del problema. Y, por cierto, debe existir una consecuente reducción del gasto público, puesto que este se costea indefectiblemente a través de los impuestos, cada vez más abundantes y elevados tanto a nivel de jurisdicción nacional y provincial como en los municipios. No puede pensarse que la inflación y la suba en los precios no tengan un sólido cimiento en estos particulares rubros.
En su reciente visita a nuestra ciudad, la subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Nación afirmó, acertadamente, que lo que el Estado debe garantizar es la competencia -que permita al ciudadano elegir entre varias ofertas-, además de la transparencia, necesaria en todas las operaciones. Dijo también que es importante que "los ciudadanos ejerzan su poder y que no convaliden con su compra los precios abusivos".
En efecto, el hombre y la mujer de la calle tienen, en ese sentido, un gran poder, que en muchas ocasiones, no ejercen. Nos referimos a la prerrogativa de hacer sus compras en los lugares donde los precios sean más convenientes para sus medios y, de modo correlativo, la prerrogativa de no hacerlas donde los precios sean elevados. Esa conducta encierra una importancia no siempre valorada como corresponde respecto de la problemática a la que nos referimos.
Dentro de tal orden de cosas, las organizaciones de defensa del consumidor están llamadas a jugar un rol más que trascendente. Interesa entonces fortalecerlas al máximo, a fin de que puedan beneficiar al público.
Parece significativo que la nueva ley de defensa del consumidor, que actualmente se trata en el Congreso, incluya -según uno de los diputados- la posibilidad de la intervención del Estado ante un hecho lesivo para el usuario, en lugar de que el reclamo deba hacerse con posterioridad al pago. Igualmente importante resulta el funcionamiento adecuado de los organismos provinciales -como la Dirección de Comercio Interior-, encargados de fiscalizar las relaciones de consumo.
En suma, tanto el Estado como los particulares tienen la posibilidad de influir positivamente para frenar algo tan preocupante para todos, como es la suba en los precios. Convendría que se abocaran a ese punto.