04 Julio 2002 Seguir en 
El jueves 27 de junio pasado la Legislatura sancionó la ley que exige el Banco Nación para otorgar un crédito por $40 millones a la actividad azucarera de la provincia. En esa sesión se determinó que la Caja Popular de Ahorros actuará como agente fiduciario en el fideicomiso financiero que se pretende constituir a tal efecto.
La ley se aprobó a instancias de un dictamen conjunto de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Economía y Producción. Precisamente, el titular de esta última comisión es el legislador Mariano Poliche, ferviente impulsor en la sesión de la designación del organismo autárquico de la Provincia. Tanto defendió Poliche esta determinación que llegó a mencionar ese día, al menos en dos oportunidades, que los azucareros le habían manifestado su oposición a que sea el Banco del Tucumán el que se encargue de administrar el crédito.
Sin embargo, Poliche sabía que el Banco Nación no aceptaría a la Caja Popular. Así se lo hizo saber el subgerente general principal del área Negocios del Banco Nación, Juan Carlos Fábrega.
Este funcionario, en evidente respuesta a una requisitoria planteada por Poliche, le envió a este una nota el 20 de junio pasado (siete días antes del tratamiento legislativo), en la que fue contundente. "Cumplo en hacerle saber que el rol de agente fiduciario deberá ser asumido por la entidad financiera que actúe como agente financiero de la Provincia (el Banco del Tucumán, en este caso), u otra entidad regulada por el Banco Central de la República Argentina, a fin de que procedan a la retención automática de los recursos provenientes de la recaudación provincial para atender, con dichos fondos, el compromiso que asumirá el fideicomiso en relación con la emisión de los títulos de deuda".
Pese a esta advertencia, la Cámara dio luz verde a la Caja Popular, con lo cual es casi seguro que se perderán los $40 millones de un crédito que le costó conseguir al Poder Ejecutivo, en un mercado donde no existe la asistencia financiera.
Recaudos necesarios
Frente a esta posibilidad, los azucareros están desesperados. Temen, con justa razón, que no prosperará el otorgamiento del crédito. Es por eso que los industriales del CART pidieron al gobernador Julio Miranda y al vicegobernador Sisto Terán que se tomen las medidas necesarias para que no se pierda este financiamiento, vital para sostener el precio del azúcar en niveles rentables para la provincia. "Si quieren que siga la Caja, que se hagan las gestiones para que el Banco Nación acepte a este órgano como agente fiduciario; y si no, que se cambie la ley, y que se nombre el Banco del Tucumán en este rol", dijo un industrial.
La ley se aprobó a instancias de un dictamen conjunto de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Economía y Producción. Precisamente, el titular de esta última comisión es el legislador Mariano Poliche, ferviente impulsor en la sesión de la designación del organismo autárquico de la Provincia. Tanto defendió Poliche esta determinación que llegó a mencionar ese día, al menos en dos oportunidades, que los azucareros le habían manifestado su oposición a que sea el Banco del Tucumán el que se encargue de administrar el crédito.
Sin embargo, Poliche sabía que el Banco Nación no aceptaría a la Caja Popular. Así se lo hizo saber el subgerente general principal del área Negocios del Banco Nación, Juan Carlos Fábrega.
Este funcionario, en evidente respuesta a una requisitoria planteada por Poliche, le envió a este una nota el 20 de junio pasado (siete días antes del tratamiento legislativo), en la que fue contundente. "Cumplo en hacerle saber que el rol de agente fiduciario deberá ser asumido por la entidad financiera que actúe como agente financiero de la Provincia (el Banco del Tucumán, en este caso), u otra entidad regulada por el Banco Central de la República Argentina, a fin de que procedan a la retención automática de los recursos provenientes de la recaudación provincial para atender, con dichos fondos, el compromiso que asumirá el fideicomiso en relación con la emisión de los títulos de deuda".
Pese a esta advertencia, la Cámara dio luz verde a la Caja Popular, con lo cual es casi seguro que se perderán los $40 millones de un crédito que le costó conseguir al Poder Ejecutivo, en un mercado donde no existe la asistencia financiera.
Recaudos necesarios
Frente a esta posibilidad, los azucareros están desesperados. Temen, con justa razón, que no prosperará el otorgamiento del crédito. Es por eso que los industriales del CART pidieron al gobernador Julio Miranda y al vicegobernador Sisto Terán que se tomen las medidas necesarias para que no se pierda este financiamiento, vital para sostener el precio del azúcar en niveles rentables para la provincia. "Si quieren que siga la Caja, que se hagan las gestiones para que el Banco Nación acepte a este órgano como agente fiduciario; y si no, que se cambie la ley, y que se nombre el Banco del Tucumán en este rol", dijo un industrial.







