Indefiniciones sobre la basura

Un equipo de técnicos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán trabaja, en estos días, para determinar cuál es el monto real de la deuda que el Estado mantiene con la empresa 9 de Julio. Las autoridades aseguran que, en poco más de 10 días, estará resuelto el gran misterio. Las autoridades políticas sabrán, finalmente, cuánto dinero deberá pagar la ciudad por el servicio de recolección y disposición final de los residuos a la firma que es concesionaria desde 1991. Se trata de determinar cuánto corresponde abonar por las deudas contraídas a raíz de la crisis financiera del municipio, la que se agudizó en el período 1999-2003, cuando el Poder Ejecutivo tuvo que aportar recursos propios para garantizar que los desperdicios no inundaran las calles de la ciudad más importante de la provincia.
La decisión de las autoridades parece razonable, en términos de cancelar una deuda histórica y de evitar futuras acciones judiciales en contra del municipio. Sin embargo, es contradictoria con el proceso previo a esta etapa y desnuda una situación que lejos está de ser transparente. Un breve racconto de los sucesos ocurridos en los últimos meses confirma que, en la ciudad, esconder la basura bajo la alfombra es algo más que un lugar común.
Desde que estalló la crisis, la empresa reclama $ 41 millones. Una comisión de técnicos creada por el actual intendente provisorio advirtió que el pasivo podía oscilar entre $ 7 millones y $ 16 millones, según cuál fuera la tasa de interés que se utilizara para calcular el monto. Un Ente de Seguimiento y Monitoreo del Servicio de Recolección de Residuos de la Capital, creado por una ordenanza del Concejo Deliberante e integrado por tres ediles de distintos bloques políticos, sostuvo que la suma definitiva debía ser mucho menor que los $ 7 millones mencionados. Para ello debían ser tomados en cuenta los más de $ 5 millones que la empresa debía al municipio, a raíz de distintas multas por incumplimiento del contrato. La Fiscalía Municipal, por su parte, estimó que no correspondía contabilizar las multas para fijar la deuda y que la tasa de interés con que debía calcularse era la que resultaba más gravosa para las arcas del Estado.
El 17 de diciembre de 2004, en un trámite que se resolvió en menos de una semana, los concejales de la capital aprobaron una ordenanza por la que autorizaron al intendente a gestionar los recursos para cancelar los compromisos con la empresa 9 de Julio. Desconociendo lo que una comisión creada por ellos mismos había determinado y el reclamo de algunos de sus pares para actuar con prudencia a fin de no perjudicar las finanzas públicas, la mayoría de los ediles determinó que se debían $ 16 millones y que había que pagar lo más rápido posible para terminar con las especulaciones.
El trámite, por el virtual quiebre de las cuentas del municipio, pasó a la Provincia. De acuerdo con lo previsto, sería esta la que pondría los dineros para terminar con el problema. Sin embargo, el Gobierno planteó algunas objeciones y el trámite volvió a fojas cero. Otra vez, el Departamento Ejecutivo municipal tuvo que pedir a sus técnicos que estudien cuánto correspondía pagar por la deuda con la firma responsable de prestar el servicio de recolección de la basura en San Miguel de Tucumán. Rumores que fueron descartados por el intendente mencionaban que podrían llegar a pagarse unos $ 24 millones.
Las autoridades deberían actuar con más transparencia y seriedad cuando tratan asuntos vinculados con los dineros de los ciudadanos. Basura es un antónimo de pulcritud, algo que tendría que ser tomado en cuenta para afrontar la resolución de un problema que tiene demasiado mal olor.