13 Marzo 2005 Seguir en 
El clima político está crispado. La súbita arremetida presidencial en contra de la firma Shell, con llamamientos a boicotear la compra de sus productos a raíz del aumento de precios, incorporó otro frente de conflicto en una economía en la que existe libertad de mercado y donde el consumidor puede optar por otras marcas. La amenaza de sanciones a Esso, petrolera que se sumó a la política alcista de Shell, configura un ambiente hostil a la inversión privada. El rebrote inflacionario no se frena con escraches ni con movilizaciones sectoriales instigadas desde la Casa Rosada.
La presión político-social es ineficiente para combatir las causas de fondo del fenómeno inflacionario y bordea la ilegalidad con los escraches. Subido como está al tren kirchnerista, el gobernador José Alperovich no tuvo más remedio que ser ortodoxo y repetir la prédica adversa a Shell. Incluso, uno de sus funcionarios políticos aliados -Federico Masso- impulsó la movida del jueves ante una estación que comercializa combustibles de aquella marca. En los medios empresarios cayó muy mal todo eso porque la instigación a la acción directa genera inseguridad y conspira contra la estabilidad política. Sorprendió más todavía porque Alperovich es un hombre que proviene de la comunidad de negocios y conoce de los riesgos que genera la actividad empresaria.
El encrespamiento del panorama social por efecto de la inflación se sintió también en el mundo gremial. Mientras Alperovich descartó que el Estado pueda aumentar los salarios, el secretario de Trabajo Roberto Jiménez justificó el reclamo sindical de elevar el sueldo básico a $ 750. Sugirió, además, que se eche mano al superávit fiscal para financiar la subida de la planilla. Una propuesta que causó escalofríos en el Ministerio de Economía, por el temor al despeñadero de las arcas fiscales.
Los avatares de la economía y las reacciones imprevisibles del santacruceño pueden terminar complicando a la administración alperovichista en un año electoral. La Casa Rosada les marca el compás a los oficialismos provinciales, ya que estos y aquella se someterán al veredicto de las urnas en octubre.
El laberinto
Con calculadoras, mapas y textos jurídicos, los expertos electorales del peronismo imaginan combinaciones que les permitirán salir del laberinto en el que están metidos. A las esferas más altas del oficialismo les obsesiona encontrar una receta que les dé las ventajas que les ofrecía la extinta Ley de Lemas. Hallan, sin embargo, que la Ley 1.279 y el sistema de repartición proporcional D´Hont con los 271.000 votos que obtuvo el gobernador en 2003 no le alcanzarían al alperovichismo para obtener más de 19 representantes en la Asamblea Reformadora de la Carta del 90. O sea, estaría muy lejos de los 21 necesarios para tener quórum propio. Si eso fuera así, una alianza táctica de las distintas organizaciones opositoras podría levantar la Convención Constituyente, sin tocar una coma de la Ley Magna. Y el proyecto reeleccionista del gobernador se derrumbaría estrepitosamente.
Ante esa hipótesis, los ideólogos del oficialismo buscan la motivación de la dirigencia peronista a través de una elección conjunta de convencionales constituyentes y diputados nacionales. Pero la ley que declaró la necesidad de modificar la Constitución contiene rigideces que conspiran contra los planes de la Casa de Gobierno.
El vicegobernador Fernando Juri forzó la citación del congreso provincial del peronismo para el martes. Quiere obtener el aval del PJ para la sanción de una ley electoral que refleje los compromisos que asumió con los radicales y con la palabra empeñada ante la sociedad.
El senador Julio Miranda le esquivó al bulto y se alejó del escenario político. De ese modo, trata de preservar al aparato partidario de un eventual colapso político, a raíz de una legislación que no satisfaga los intereses del peronismo. Quedaron frente a frente Alperovich y Juri. Este correrá con el costo político de la pérdida de una elección si el enjambre de dirigentes solidarios con el poder se enfría.
Entre los borradores de ley electoral que circulan en los despachos de legisladores sensibles a los anhelos continuistas del gobernador, hay uno que propone combinar la representación por circunscripciones uninominales -es decir departamentos- con el mecanismo del D?Hont. Las circunscripciones elegirían sólo un delegado, que sería de procedencia peronista. Esta alquimia choca con objeciones constitucionales: las tres secciones electorales y el sistema D?Hont.
Juri ha planteado que las limitaciones establecidas al proceso reformador son claras e irrevisables. De esa forma, determinó que la futura convención solo ejercerá un poder constituyente derivado. El apartamiento de esa premisa desembocará en un pleito radicado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En otras parcelas
Las otras fuerzas políticas están bajo el influjo del recalentamiento de la atmósfera. En el radicalismo la facción dominante levanta cabeza porque con siguió algunos logros, vía los acuerdos firmados con Juri. Emerge el sindicalista Roberto Palina como uno de los probables precandidatos a diputado nacional, mientras crecen las versiones sobre el retiro del rector de la UNT, Mario Marigliano, de la liza. No obstante, existen sectores de la UCR que descreen que Palina, por su perfil sindical, pueda ser atractivo para el electorado que habitualmente sufraga por el radicalismo.
En Fuerza Republicana sucedió lo previsible: Antonio Bussi no puede ser candidato. A partir de ese hecho se multiplican las versiones. Una de ellas refiere que la efímera propuesta de la abogada Fernanda Bussi, fue realmente una trampa que se le tendió a Ernesto Padilla para que reaccionara destempladamente como hizo. La otra indica que nunca fue una oferta seria la de la abogada Bussi, porque nunca estuvo inscripta en el padrón electoral de Tucumán. Como saldo de esa cadena de hechos queda que Padilla es un disidente en soledad, en un partido verticalizado en torno de la familia fundadora. La presencia del apellido Bussi en la boleta de FR se garantizaría con una elección conjunta el 23 de octubre. Entonces, el senador Ricardo Bussi podría liderar una lista de convencionales constituyentes si hubiere comicios conjuntos el 23 de octubre.
Los seguidores de Mauricio Macri y de Ricardo López Murphy esperan consolidarse en aquellas elecciones. Aspiran a beneficiarse con los desencantados del radicalismo y de la propia FR, con un proyecto que mira a la Casa Rosada en 2007. En ese sentido, apuestan a que la nacionalización de la pelea dejará réditos.
La presión político-social es ineficiente para combatir las causas de fondo del fenómeno inflacionario y bordea la ilegalidad con los escraches. Subido como está al tren kirchnerista, el gobernador José Alperovich no tuvo más remedio que ser ortodoxo y repetir la prédica adversa a Shell. Incluso, uno de sus funcionarios políticos aliados -Federico Masso- impulsó la movida del jueves ante una estación que comercializa combustibles de aquella marca. En los medios empresarios cayó muy mal todo eso porque la instigación a la acción directa genera inseguridad y conspira contra la estabilidad política. Sorprendió más todavía porque Alperovich es un hombre que proviene de la comunidad de negocios y conoce de los riesgos que genera la actividad empresaria.
El encrespamiento del panorama social por efecto de la inflación se sintió también en el mundo gremial. Mientras Alperovich descartó que el Estado pueda aumentar los salarios, el secretario de Trabajo Roberto Jiménez justificó el reclamo sindical de elevar el sueldo básico a $ 750. Sugirió, además, que se eche mano al superávit fiscal para financiar la subida de la planilla. Una propuesta que causó escalofríos en el Ministerio de Economía, por el temor al despeñadero de las arcas fiscales.
Los avatares de la economía y las reacciones imprevisibles del santacruceño pueden terminar complicando a la administración alperovichista en un año electoral. La Casa Rosada les marca el compás a los oficialismos provinciales, ya que estos y aquella se someterán al veredicto de las urnas en octubre.
El laberinto
Con calculadoras, mapas y textos jurídicos, los expertos electorales del peronismo imaginan combinaciones que les permitirán salir del laberinto en el que están metidos. A las esferas más altas del oficialismo les obsesiona encontrar una receta que les dé las ventajas que les ofrecía la extinta Ley de Lemas. Hallan, sin embargo, que la Ley 1.279 y el sistema de repartición proporcional D´Hont con los 271.000 votos que obtuvo el gobernador en 2003 no le alcanzarían al alperovichismo para obtener más de 19 representantes en la Asamblea Reformadora de la Carta del 90. O sea, estaría muy lejos de los 21 necesarios para tener quórum propio. Si eso fuera así, una alianza táctica de las distintas organizaciones opositoras podría levantar la Convención Constituyente, sin tocar una coma de la Ley Magna. Y el proyecto reeleccionista del gobernador se derrumbaría estrepitosamente.
Ante esa hipótesis, los ideólogos del oficialismo buscan la motivación de la dirigencia peronista a través de una elección conjunta de convencionales constituyentes y diputados nacionales. Pero la ley que declaró la necesidad de modificar la Constitución contiene rigideces que conspiran contra los planes de la Casa de Gobierno.
El vicegobernador Fernando Juri forzó la citación del congreso provincial del peronismo para el martes. Quiere obtener el aval del PJ para la sanción de una ley electoral que refleje los compromisos que asumió con los radicales y con la palabra empeñada ante la sociedad.
El senador Julio Miranda le esquivó al bulto y se alejó del escenario político. De ese modo, trata de preservar al aparato partidario de un eventual colapso político, a raíz de una legislación que no satisfaga los intereses del peronismo. Quedaron frente a frente Alperovich y Juri. Este correrá con el costo político de la pérdida de una elección si el enjambre de dirigentes solidarios con el poder se enfría.
Entre los borradores de ley electoral que circulan en los despachos de legisladores sensibles a los anhelos continuistas del gobernador, hay uno que propone combinar la representación por circunscripciones uninominales -es decir departamentos- con el mecanismo del D?Hont. Las circunscripciones elegirían sólo un delegado, que sería de procedencia peronista. Esta alquimia choca con objeciones constitucionales: las tres secciones electorales y el sistema D?Hont.
Juri ha planteado que las limitaciones establecidas al proceso reformador son claras e irrevisables. De esa forma, determinó que la futura convención solo ejercerá un poder constituyente derivado. El apartamiento de esa premisa desembocará en un pleito radicado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En otras parcelas
Las otras fuerzas políticas están bajo el influjo del recalentamiento de la atmósfera. En el radicalismo la facción dominante levanta cabeza porque con siguió algunos logros, vía los acuerdos firmados con Juri. Emerge el sindicalista Roberto Palina como uno de los probables precandidatos a diputado nacional, mientras crecen las versiones sobre el retiro del rector de la UNT, Mario Marigliano, de la liza. No obstante, existen sectores de la UCR que descreen que Palina, por su perfil sindical, pueda ser atractivo para el electorado que habitualmente sufraga por el radicalismo.
En Fuerza Republicana sucedió lo previsible: Antonio Bussi no puede ser candidato. A partir de ese hecho se multiplican las versiones. Una de ellas refiere que la efímera propuesta de la abogada Fernanda Bussi, fue realmente una trampa que se le tendió a Ernesto Padilla para que reaccionara destempladamente como hizo. La otra indica que nunca fue una oferta seria la de la abogada Bussi, porque nunca estuvo inscripta en el padrón electoral de Tucumán. Como saldo de esa cadena de hechos queda que Padilla es un disidente en soledad, en un partido verticalizado en torno de la familia fundadora. La presencia del apellido Bussi en la boleta de FR se garantizaría con una elección conjunta el 23 de octubre. Entonces, el senador Ricardo Bussi podría liderar una lista de convencionales constituyentes si hubiere comicios conjuntos el 23 de octubre.
Los seguidores de Mauricio Macri y de Ricardo López Murphy esperan consolidarse en aquellas elecciones. Aspiran a beneficiarse con los desencantados del radicalismo y de la propia FR, con un proyecto que mira a la Casa Rosada en 2007. En ese sentido, apuestan a que la nacionalización de la pelea dejará réditos.
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