Reacción desmesurada de Kirchner

El presidente Néstor Kirchner comprometió al país en una insólita bravuconada de consecuencias políticas y económicas impredecibles. La decisión de llamar al boicot contra la empresa Shell por haber dispuesto un aumento en los precios de sus productos y la intención de sancionar a Esso y a Sol, que siguieron el mismo camino de su par anglo-holandesa, desafía la libertad económica. Genera, además, un clima de tensión cuya excitación desde el Estado resulta inadmisible para una Nación que pretende recuperar la confianza del mundo. Todos los avances que se puedan haber alcanzado por el incuestionable proceso de canje de la deuda en default están en jaque por la inflamada verba del titular del Poder Ejecutivo Nacional.
Desde el punto de vista económico, no hay ninguna razonabilidad en el llamado al boicot del Presidente. Más aún si toma en cuenta que la empresa petrolera de capitales internacionales no controla más del 20% del mercado y que, en un sistema donde funciona el libre juego de la oferta y de la demanda, se supone que los consumidores podrán seguir comprando combustible en otras de las firmas que operan en el país.
La lógica del razonamiento oficial pretende sostener que, con carisma o con ascendencia en algunos sectores de la población, se podrá influir en un sistema que funciona con una previsión científica.
Conocido es que al jefe de Estado no lo seduce la mayoría de los economistas, pero la subestimación del mercado les costó muchos padecimientos a los argentinos. Algún ministro de hacienda de fines de la década del 80 le habló a los habitantes del país con el corazón y luego se quejó de que le contestaran con el bolsillo. Sus sucesores de la década del 90 actuaron en el camino inverso y relativizaron el impacto de las medidas macroeconómicas. El desempleo, la pobreza y la marginalidad son las consecuencias más notorias de esa decisión.
La economía está mejorando e inevitablemente los precios tenderán a aumentar. Lo hicieron los salarios durante 2004, amparados por un Gobierno que a fuerza de decretos saldó parte de las diferencias generadas por 10 años de ingresos congelados. Lo están haciendo las carnes, como consecuencia de que aumentaron las exportaciones También los pollos, entre otras cosas, por un acuerdo del Presidente con su par venezolano que dejó sin aves al mercado local. En la lógica oficial, los argentinos deberían boicotear a los carniceros y a las pollerías para dejar de consumir dos productos centrales en la dieta nacional.
La suba de la inflación no puede ser un dato minimizado por ningún sector y merece la preocupación oficial. Pero el Presidente no debería embestir contra las empresas que alteran las condiciones de sus consumidores, sino planificar un modelo de país que permita que el crecimiento se transforme en desarrollo.
En el plano político, la convocatoria presidencial tiene ribetes aún más cuestionables por la censurable decisión de incentivar la protesta social desde el Estado. Sostenidas por la estructura clientelar de los planes sociales, varias organizaciones piqueteras cortaron calles y rutas para cumplir con el boicot. En el caso de Tucumán, funcionarios del Poder Ejecutivo organizaron y fomentaron una forma de reclamo que roza con el delito.
Más censurable aún sería si la arenga presidencial responde a una estrategia premeditada para forzar a Shell a vender sus activos a la recientemente creada Enarsa.
El Presidente está convencido de que las elecciones de octubre de este año serán un plebiscito para su gestión. Al calor de las tribunas, parece dispuesto a tensar la confrontación. El riesgo de conducir los asuntos públicos con los arrebatos del carácter no son saludables para nuestras instituciones.