Los fiscales de Instrucción respiraron aliviados. La Corte Suprema de Justicia dio marcha atrás con su decisión de hace un año de establecer turnos de 40 días para las fiscalías y, aunque no volvió a los turnos de siete días de antes, encontró un término medio con períodos de 14 jornadas. Para los fiscales fue como una batalla ganada, en medio de la fuerte presión que soportan, tanto para investigar delitos en una sociedad muy litigiosa como para que se limpie la imagen dañada de la Justicia penal, con los escándalos que ahora se centran en los oficios falsos.
La Corte hizo lo mejor que podía hacer para aliviar la tarea investigadora, si se considera que los turnos excesivos habían generado un estrés galopante en los fiscales, algunos de los cuales confesaron que después de tres semanas de trabajo ya no podían ni siquiera ver las causas. Para la quinta semana, directamente les pasaban elefantes por delante sin que los vieran, con lo que el riesgo de que se cometan errores o que pasen ilícitos era elevadísimo. Precisamente esa es la primera causa que se esgrime desde hace tres años para explicar los motivos de que haya causas como las de los autos de lujo sin que nadie, aparentemente, se haya dado cuenta.
Pero los fiscales dicen que es apenas el primer paso. La Justicia penal viene en estado de colapso desde hace una década y las idas y vueltas con los turnos fueron una expresión de eso. Faltan empleados, capacitación y medios para trabajar con tantos litigios: entran 100 causas por día a las fiscalías, y de entrada se sabe que las que no tienen detenidos o son muy complicadas son candidatas al archivo. Y a eso se añade que en este caos se genera el riesgo de que pasen irregularidades.
Precisamente los casos de los "sacapresos" y de los oficios truchos se difundieron primero como la imposibilidad de controlar documentos falsificados, y luego inquietaron porque aparecían en distintos ámbitos de la Justicia: se falsificaron tanto expedientes para trasladar presos como trámites de divorcio, y, ahora, una causa policial sobre un accidente. El presidente de la Corte, Antonio Gandur, puso énfasis en el hecho de que muchas de las falsificaciones fueron hechas en ámbitos policiales o en el camino entre la oficina policial y la judicial. Pero estos casos pusieron de manifiesto que había no sólo falta de controles, sino falta de capacitación: tanto las autoridades del Registro Inmobiliario como del Registro Civil reconocieron que no estaban en condiciones de distinguir oficios auténticos de truchos. Tuvieron que poner empleados para que vayan a Tribunales, juzgado por juzgado, para que les reconozcan allí la autenticidad de los oficios enviados a los registros.
Y de esto viene la pregunta: si no se está preparado para maniobras hechas con métodos habituales (falsificaciones de sellos en imprenta y de causas con máquinas de escribir en comisarías), ¿cómo se enfrentarán las "trampas" hechas con la tecnología moderna? Tribunales está en pañales. No hay personal especializado en delitos como los económicos -que siempre costaron gran esfuerzo para investigar- y la informática apenas llegó con el sistema Lex Doctor, base de datos con procesador de texto que eliminó la vieja costura de expedientes. Pero el ministro fiscal debió pedirles a los responsables de informática que elaboren un programa para que cada uno de los fiscales tenga acceso a todas las causas que entran.
Y todavía falta solucionar el hecho de que hay dos fiscalías vacantes (la IV y la VII), que otra está bajo investigación (la X), que aunque se requieren 10 nuevas fiscalías en la Legislatura duerme un proyecto para crear apenas cuatro, que falta poner en marcha una política sobre delitos de menores (el mayor problema en la seguridad de la provincia). Obligada por los escándalos, la Justicia busca remendarse. Pero los otros poderes no se preocupan por el problema.
