El pueblo necesita saber

La mayoría oficialista de la Cámara de Diputados ha vuelto a demostrar que para el partido gobernante es más importante la representación de los intereses del Poder Ejecutivo que los de la ciudadanía, menospreciando con ello el rol constitucional del Congreso.
Así aconteció cuando sectores de la oposición de todo el espectro político parlamentario solicitaron una sesión especial con el fin de interpelar al jefe del Gabinete, Alberto Fernández, y a los ministros del Interior, Aníbal Fernández; de Defensa, José Pampuro; de Planificación, Julio de Vido, y al secretario de Transporte, Ricardo Jaime. El propósito fue indagar sobre la relación y la eventual responsabilidad oficial en el contrabando de drogas, a través de la empresa aerocomercial Southern Winds, subsidiada por el Estado, empeño frustrado por la bancada justicialista, al negarse a formar quórum proponiendo a cambio una reunión de comisiones con el jefe del Gabinete. El resultado de ese fracaso fue que la Cámara no pudiera iniciar su período ordinario de sesiones, al negarse a concurrir la oposición a la sesión ordinaria subsiguiente, quedando así sin tratamiento la aprobación de dos tratados contra el terrorismo requeridos por el Poder Ejecutivo bajo compromiso internacional.
El jefe del bloque del PJ, José María Díaz Bancalari, fue muy expresivo de las razones oficialistas que frustraron la interpelación, cuando manifestó: "tomamos la decisión política de no someter a ningún funcionario a una interpelación, porque no queremos hacer de esto un show mediático". El argumento es hartamente revelador, no sólo del criterio imperante entre el partido del Gobierno sobre las responsabilidades del Parlamento, sino igualmente, del que en el poder se tiene sobre la función de los medios de comunicación. Ello contribuye a un panorama sobre el decepcionante -cuando no inquietante- desempeño del Poder Legislativo que comenzó a observase a partir de la extraordinaria delegación de facultades en el Presidente de la Nación y en el jefe de Gabinete. Facultades o delegación de poderes que constitucional y excepcionalmente son transmisibles en algunos casos, pero cuya atribución conjunta y en el corto plazo contradice el espíritu de la Ley Suprema sobre separación de los poderes del Estado. Son los que hoy se mencionan como superpoderes, y cuyo control de ejercicio tampoco merece mayor inquietud por el Congreso. A ello se agrega la cuantiosa firma de decretos de necesidad y urgencia por el presidente Kirchner, prescindiendo de los acuerdos de ministros exigidos por la Carta Magna, de los cuales no hubo ninguno desde que asumió sus funciones, como tampoco observaciones legislativas por falta de reglamentación de ese régimen que ya tiene más de una década.
La interpelación de los ministros del Poder Ejecutivo es uno de los recursos de que el Parlamento dispone para indagar la marcha del gobierno; corregirla, de ser necesario, e iniciar eventualmente el juicio político de alguno de sus integrantes. Lo que el diputado Díaz Bancalari denomina show mediático no es ni más ni menos que posibilitar a la ciudadanía representada por los legisladores informarse sobre asuntos públicos que pueden ser tan graves como el cuestionado. Especialmente por tratarse -además de un grave contrabando mediante una empresa subsidiada por el Estado- de la sorprendente estrategia oficial de sospechar y acusar a una cantidad de presumibles sospechados ajenos al poder, excluyendo a quienes en el Gobierno pudieron conocer o mantuvieron relaciones ineludibles con esa compañía y su socia estatal, Lafsa. Se trata de que el Congreso cumpla con la legítima demanda del pueblo para conocer qué hace su gobierno.