10 Marzo 2005 Seguir en 
El jueves pasado, miembros de la seccional séptima de la Policía desbarataron una maniobra en la que un hombre y una adolescente aparentemente pretendían cobrar rescate para devolver un teléfono celular. Lo preocupante del caso es que el sujeto detenido es un efectivo que prestaba servicios en esa misma repartición policial y que había sido contratado por la Provincia para preservar la seguridad de los ciudadanos. Hechos de esta naturaleza deben ser investigados por la propia fuerza y también por la Justicia. Determinar la verdad de los sucesos y castigar a los eventuales responsables no es una consecuencia que debe ser relativizada por las autoridades. Se trata de un hecho que afecta a la credibilidad de las instituciones y, en este caso en particular, de quienes están conminados a combatir el delito. La sociedad suele graduar su confianza institucional en los sucesos que empañan cada uno de los logros que pueden conseguirse diariamente. El aceite flota en el agua, cualquiera que fuese la cantidad de líquido transparente que contenga el recipiente. El compromiso público del jefe de la Policía, para esclarecer el caso, tiene que cumplirse hasta las últimas consecuencias.







