Remises ilegales en Concepción

La Municipalidad de Concepción enfrenta, durante estos días, un problema endémico. Sólo el 20% de los taxis y remises que circulan por esa ciudad está en condiciones de ser habilitado legalmente para seguir funcionando. El resto debería dejar de trabajar si los controles se cumplieran estrictamente, pero sus propietarios y choferes resisten el avance de las autoridades dispuestas a hacer cumplir las reglas.
El problema presenta contradicciones que se repiten a lo largo y ancho de todo el país, pero que en Tucumán han adquirido una fisonomía propia que marca la idiosincrasia de la sociedad de la que somos parte. El desaparecido jurista Carlos Santiago Nino (ex profesor de la Universidad de Buenos Aires y autor de numerosos libro) definió a la Argentina como una Nación al margen de la ley. En nuestra provincia las normas son resistidas, cuestionadas y violadas en casi todos los ámbitos. La resistencia de los taxistas y de los remiseros de Concepción a empadronarse y a cumplir las reglas para poder seguir circulando por esa ciudad es una cara más de la misma realidad. No aceptamos pautas para regular nuestra convivencia y los límites de supervivencia personal en los que se plantean la resolución de los problemas no admiten medias tintas, ni razonabilidad a los interlocutores de los conflictos. Si a esta cultura argentina de no respetar las leyes le sumamos el eterno e irresuelto problema del transporte público en la provincia, el cóctel resulta explosivo. Las autoridades de Concepción estiman que casi el 80% de los 300 taxis y remises que circulan por ese municipio no cumple con los requisitos técnicos y de seguros para trasladar pasajeros.
La cifra de automóviles al margen de las normas se duplica si se toma en cuenta a quienes hacen el recorrido desde esa ciudad hacia la Capital. En este caso el problema es compartido con la Provincia, que desde el año pasado cuenta con una ley -otra más- para regular el funcionamiento del transporte rural compartido. La paradoja es que la mayoría de estos rebautizados autos truchos -unos 1.600 en todo Tucumán- no está en condiciones de encuadrarse en la norma por tener una antigüedad superior a los 10 años.
Cuando la Legislatura aprobó el régimen de autos rurales compartidos el pasado 3 de diciembre, la capital fue virtualmente sitiada por los propietarios y por los choferes de los vehículos que no querían seguir al margen del sistema. Pero, sancionada la norma, siguió quedando gente afuera. Se pensó en cubrir las necesidades de un sector de presión, pero no se atendió la complejidad de un asunto que tiene varios actores . Es como si se hubiera sancionado una ley para que fuera violada al poco tiempo. Salvo que alguien haya pensado que con un ejército de inspectores pudiera controlarse a los miles de vehículos que trabajan durante todo el día. O que podía marginarse a quienes quedarán desocupados y sin chances de llevar dinero a su familia.
La crisis explota en Concepción por una acción positiva de las autoridades de intimar a los incumplidores, pero se repite en todos los caminos y rutas sin solución de continuidad, ni distingos de funcionarios.
El problema tiene raíces que superan las polémicas coyunturales. Nos indigna cuando suceden tragedias como las de Cromagnon en la Capital Federal, y rápidamente buscamos a sus responsables políticos. Pero no nos preocupa subir a un auto trucho que puede conducirnos a la muerte por no estar en condiciones para circular. Tampoco nos comprometemos con exigir que quienes prestan ese servicio respeten las reglas. Mucho menos nos preocupa -conviene decirlo- demandar a las autoridades que avancen en el diseño de una sociedad donde conseguir trabajo sea algo más digno que manejar durante 12 horas diarias.