10 Marzo 2005 Seguir en 
Le tocó al ministro de Gobierno Edmundo Jiménez admitir que, según el Poder Ejecutivo, la Convención Constituyente sí puede modificar el mapa electoral. Es decir que, cueste lo que cueste, el Gobierno va a pautar una representación legislativa territorial. Y eso, en rigor, va a costar caro. Porque lo que el gobernador José Alperovich está diciendo, por boca de su ministro político, es que a su gestión no le importa avasallar pactos políticos, leyes vigentes ni la propia Constitución.
En primer lugar, el oficialismo acordó con la UCR que no se alterarían las tres secciones electorales actuales. Por eso, en segunda instancia, fue votada una ley que habilitaba la modificación de la Carta Magna y que excluía al inciso 9 del artículo 38. Justamente, el que establece que sólo habrá tres circunscripciones electorales en Tucumán.
De esta manera, el Gobierno se encuentra legalmente incapacitado para alterar el mapa electoral. El impedimento, incluso, tiene rango constitucional. Como ya lo señalaron en LA GACETA reconocidos juristas, la propia Carta Magna precisa que quienes consagren la reforma no pueden apartarse de la ley que fija los puntos a cambiar. Esto se debe, concretamente, a que la próxima no será una Convención Constituyente originaria (una que funde un nuevo Estado y le dé su primera Constitución), sino derivada de un digesto al que debe ajustarse. No entenderlo así abre el camino para que la Convención Constituyente pueda arrogarse el derecho, por ejemplo, a poner en comisión a los miembros del Poder Judicial.
El atajo que prevé la Casa de Gobierno es que se mantenga sin alteraciones el inciso 9 del artículo 38 y que, a continuación, sea dictado un inciso 9 bis, en el cual se establezca que las tres secciones electorales mencionadas en el punto anterior (Capital, Este y Oeste) pasen a subdividirse de la arbitraria manera en que se les antoje a los convencionales. Una idea tan descabellada como peligrosa, puesto que desvirtuaría por completo el espíritu de esa norma. Admitirla equivaldría a autorizar a la Convención a que, de paso, llene de bises los 14 artículos que fijan las atribuciones del Ejecutivo, y que les agregue lo que quiera.
La liga extraordinaria
La apetencia gubernamental de convertir en mero papel impreso las leyes tucumanas frustra un debate serio y fecundo sobre la indefendible división actual del territorio político. Un hecho que no se dimensiona cabalmente desde el departamento Capital, que es una especie de pequeño distrito único para elegir a 18 legisladores. Pero que es una realidad sufrida en el interior, con vecinos de Tafí Viejo que representan a los de La Cocha, en la sección Oeste; o con los pobladores de Simoca que deben votar a ciudadanos de Alderetes, por el Este.
Por el contrario, el peronismo ha encarado la cuestión de fijar una representación legislativa por departamentos como un coto de caza. Y la prueba de ello es que quienes lideran desde esta semana ese reclamo son los intendentes. Algo inaudito, porque en nada afecta el funcionamiento de las municipalidades la distribución de las bancas parlamentarias. Se hace patente que lo único que busca el oficialismo es generar una especie de seguro político frente la extinción definitiva de los sublemas. El Gobierno, para peor, alimenta una liga que puede ser inmanejable. Los intendentes quieren unificar la constituyente con los comicios de diputados para que se garantice cuanto antes la habilitación de la reelección. Y quieren cambiar el mapa político para ser, además, los jefes de los legisladores de sus distritos. Para terminar de bastardear el debate, el PJ no habla de garantizar a las minorías la debida representación.El escenario final es el de un Gobierno que quiere meter manos en la Carta Magna para modificar secciones electorales en abierta ilegalidad e inconstitucionalidad. Y que, además, quiere acceder a un segundo período de un modo totalmente reñido con la ética. De manera que la reforma está cada vez más distante de los intereses del pueblo. De hecho, aún no se votó a los miembros de la Constituyente y ya se tornó dañina.
En primer lugar, el oficialismo acordó con la UCR que no se alterarían las tres secciones electorales actuales. Por eso, en segunda instancia, fue votada una ley que habilitaba la modificación de la Carta Magna y que excluía al inciso 9 del artículo 38. Justamente, el que establece que sólo habrá tres circunscripciones electorales en Tucumán.
De esta manera, el Gobierno se encuentra legalmente incapacitado para alterar el mapa electoral. El impedimento, incluso, tiene rango constitucional. Como ya lo señalaron en LA GACETA reconocidos juristas, la propia Carta Magna precisa que quienes consagren la reforma no pueden apartarse de la ley que fija los puntos a cambiar. Esto se debe, concretamente, a que la próxima no será una Convención Constituyente originaria (una que funde un nuevo Estado y le dé su primera Constitución), sino derivada de un digesto al que debe ajustarse. No entenderlo así abre el camino para que la Convención Constituyente pueda arrogarse el derecho, por ejemplo, a poner en comisión a los miembros del Poder Judicial.
El atajo que prevé la Casa de Gobierno es que se mantenga sin alteraciones el inciso 9 del artículo 38 y que, a continuación, sea dictado un inciso 9 bis, en el cual se establezca que las tres secciones electorales mencionadas en el punto anterior (Capital, Este y Oeste) pasen a subdividirse de la arbitraria manera en que se les antoje a los convencionales. Una idea tan descabellada como peligrosa, puesto que desvirtuaría por completo el espíritu de esa norma. Admitirla equivaldría a autorizar a la Convención a que, de paso, llene de bises los 14 artículos que fijan las atribuciones del Ejecutivo, y que les agregue lo que quiera.
La liga extraordinaria
La apetencia gubernamental de convertir en mero papel impreso las leyes tucumanas frustra un debate serio y fecundo sobre la indefendible división actual del territorio político. Un hecho que no se dimensiona cabalmente desde el departamento Capital, que es una especie de pequeño distrito único para elegir a 18 legisladores. Pero que es una realidad sufrida en el interior, con vecinos de Tafí Viejo que representan a los de La Cocha, en la sección Oeste; o con los pobladores de Simoca que deben votar a ciudadanos de Alderetes, por el Este.
Por el contrario, el peronismo ha encarado la cuestión de fijar una representación legislativa por departamentos como un coto de caza. Y la prueba de ello es que quienes lideran desde esta semana ese reclamo son los intendentes. Algo inaudito, porque en nada afecta el funcionamiento de las municipalidades la distribución de las bancas parlamentarias. Se hace patente que lo único que busca el oficialismo es generar una especie de seguro político frente la extinción definitiva de los sublemas. El Gobierno, para peor, alimenta una liga que puede ser inmanejable. Los intendentes quieren unificar la constituyente con los comicios de diputados para que se garantice cuanto antes la habilitación de la reelección. Y quieren cambiar el mapa político para ser, además, los jefes de los legisladores de sus distritos. Para terminar de bastardear el debate, el PJ no habla de garantizar a las minorías la debida representación.El escenario final es el de un Gobierno que quiere meter manos en la Carta Magna para modificar secciones electorales en abierta ilegalidad e inconstitucionalidad. Y que, además, quiere acceder a un segundo período de un modo totalmente reñido con la ética. De manera que la reforma está cada vez más distante de los intereses del pueblo. De hecho, aún no se votó a los miembros de la Constituyente y ya se tornó dañina.
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