
Cuestiones impositivas suelen ser una herramienta fundamental para esclarecer los casos más complejos. El caso de la venta de terrenos fiscales de El Mollar no será la excepción. En las últimas horas surgió una nueva maniobra que habrían utilizado los responsables del emprendimiento “Loteo Gaucho Castro” para convencer a los compradores de la legalidad de la operación. En este caso, fue la Dirección General de Rentas la que inscribió al responsable del proyecto como beneficiario y no como titular dominial.
Este es el último eslabón de una cadena de anomalías que están quedando al descubierto. Día tras día surgen nuevos detalles y vale la pena informar sobre cada uno de ellos:
La posesión
Juan Pablo Castro les dijo a los compradores que él es el titular de los terrenos. Un grupo de damnificados señalaron que la posesión la tenía desde hace más de 20 años y que la habría conseguido a través de un antiguo permiso de pastoreo que le entregaron autoridades del Gobierno.
En las últimas horas surgió otro dato, al menos dos adquirentes dijeron que el hombre de 85 años que esas tierras las había recibido de la familia Frías Silva como forma de pago de una deuda laboral y aseguraron que el hombre les había mostrado un papel amarillento en el que confirmaba ese traspaso de titularidad de bien. Pero ese papel hasta el momento no fue exhibido ni presentado en la Justicia.
El titular de la Dirección General de Catastro Alejandro Navarro informó que las tierras en cuestión están a nombre de la provincia desde 1996, año en el que se creó la Reserva Natural de La Angostura. Cuando el caso quedó al descubierto, las abogadas que representan a los sucesores de Ramón Segundo Herrera advirtieron que en el Centro Judicial de Concepción se estaba tramitando una causa en la que se reclamaba la posesión de toda la zona protegida, en el que están incluidas las parcelas del “Loteo Gaucho Castro”.
Sobre el permiso de pastoreo, del expediente surge que habría sido otorgado en 2021 (un año después de que comenzaran a venderse las tierras) por la subsecretaría de Regularización Dominial y de Hábitat. “Eso es un verdadero absurdo porque nosotros no somos la autoridad competente para otorgarlo”, aseguró Fernando Rogel Chaler ex titular de ese organismo. La Dirección de Flora y Fauna es la responsable de brindar ese tipo de autorización, pero sus actuales funcionarios desmintieron haberlo hecho. Tampoco se podrá saberlo, ya que el expediente de este trámite no aparece por ningún lado.
Sin papeles
Los compradores de las tierras se cansaron de asegurar que ellos no son usurpadores, que adquirieron los terrenos en buena fe y que cuentan con los boletos de compraventa firmados en al menos dos escribanías. Lo que se transcribe en ese documento es un acuerdo privado entre un comprador y un vendedor que establece las condiciones para la compra de un inmueble. Bajo ningún punto de vista un boleto debe considerarse que define la titularidad dominial del bien. Por esa razón, en un acto en el que están las dos partes y el escribano, debe dejarse asentado el plazo en el que se realizará la escrituración.
Los profesionales de la materia le explicaron a LA GACETA que si bien ellos son fedatarios de un acuerdo privado, si deberían solicitar al vendedor que exhiba la documentación original que acredite que es titular del bien. Señalaron que puede ser una escritura, una cesión de algún tipo u otro boleto de compraventa. Esos papeles deben pasar a las manos del comprador. Los damnificados consultados dijeron que ellos vieran esos papeles y que no se los entregaron, pero saben que están guardados en las escribanías donde realizaron el trámite.
Sin aprobación
Para aprobar un loteo, el emprendedor debe realizar numerosos trámites en diferentes organismos del Estado y Catastro tendrá la última palabra para definir si es factible o no. Si finalmente lo aprueba, la repartición podrá otorgar los números de padrones de cada una de las parcelas que se comercializarán. Pero si lo rechazan, no pueden ser vendidos. “Pudo haber alguien que presentó en mesa de entradas un pedido, pero en nuestro organismo, oficialmente nunca se tramitó un expediente de estas características”, aclaró Navarro, titular de Catastro.
En este caso en particular nunca se podría haber otorgado la autorización por las siguientes razones:
- Catastro debería haber detectado que las tierras eran del Estado y no de un particular.
- No existe un informe sobre el impacto ambiental que generaría el loteo, sin contar que al estar instalado en una reserva natural, ni siquiera debería haber sido analizado.
- No se presentaron los informes de factibilidad de que los compradores pudieran contar con el servicio de agua y energía. Ambos comenzaron a ser tramitados en 2023, tres años después de que comenzaran a venderse los lotes.
Un anteproyecto
Los compradores no se cansan de repetir que los vendedores les mostraron primero y le entregaron después una copia de un plano en el que supuestamente estaba aprobado el loteo. Dijeron que ese documento también era utilizado por el comisionado de El Mollar Jorge Cruz para demostrar que el emprendimiento inmobiliario se encontraba en regla. LA GACETA intentó comunicarse con el funcionario, pero no respondió las llamadas ni los mensajes.
Cruz aparece en el expediente por haber avalado el emprendimiento, porque firmó la factibilidad del suministro del servicio de agua potable tres años después de que se comenzaran a vender las tierras y por haber vendido al menos dos parcelas en ese lugar.
Al analizar el origen del supuesto del plano, los abogados de la Fiscalía de Estado descubrieron que se trataba de un anteproyecto que tiene un sello de la Secretaría de Municipios y Comunas, pero ninguna persona del áera.“Ese organismo no tiene ninguna potestad para aprobar un anteproyecto de esas características, sólo puedo hacerlo Catastro. Además es sólo un anteproyecto”, explicó la fiscal de Estado.
Sospechas
Luego de que el ex subsecretario de Regularización Dominial y Hábitat denunciara que la firma que aparece en una constancia de trámite de escrituración había sido falsificada, en Fiscalía de Estado comenzaron a analizar junto a los funcionarios de las reparticiones todos los sellos y las rúbricas que aparecen en los documentos que fueron entregados por los compradores.
Esos indicios después deberán ser confirmados por una serie de pericias caligráficas que deberán ser ordenadas, si es que el fiscal Miguel Varela lo considera prudente.
El último dato
Con la irregular autorización de pastoreo, Castro habría solicitado ser declarado responsable fiscal. Al ser beneficiario, debe hacerse cargo inmediatamente del impuesto inmobiliario y CISI que deben abonar los habitantes de las comunas rurales.
LA GACETA ingresó a la página oficial de Rentas y con el número de padrón (682.744) indagó el historial de pago de los tributos de esas tierras. Entre 2020 (el sistema sólo permite conocer información desde ese año) y 2022 se consigna que estaba dado de baja. Los especialistas sostienen que eso se produce cuando la propiedad está a nombre de la provincia.
La primera boleta que aparece a nombre de Castro data de 2023. En ese año, según consta en la factura, la valuación fiscal según el código de terreno rural con edificación (no menciona ni una palabra que su finalidad era de pastoreo) cuya ubicación no fue especificada era de más de $560.000.
En el registro aparece que abonaron $9.300 de forma anual. En 2024, sólo abonaron las 10 primeras cuotas, mientras que las dos restantes aparecen como adeudadas. Hay otros dos datos llamativos. El primero que dejaron de pagar después de que se conociera el caso y el segundo, que el valor del terreno ya supera los $2,3 millones. Vale la pena aclarar que según admitieron los compradores, pagaron entre U$S15.000 y U$S20.000 por cada parcela.
Al pedir información sobre el tributo que debería pagar este año, en la pantalla aparece el cartel con la siguiente leyenda: “no se encontraron obligaciones. Padrón dado de baja”.
Según informaron fuentes oficiales, eso ocurrió porque las autoridades correspondientes informaron sobre la irregularidad y se dejó sin efecto que Castro sea un responsable fiscal.
Tensa espera
“Todos estamos muy preocupados con lo que está pasando. No haremos juicio al Estado, simplemente queremos que nos entiendan. Hemos comprado de buena fe y ahora estamos sufriendo con este dilema. Seguimos esperando una respuesta para que nos escuchen y entiendan nuestra posición”, explicó Alberto Cativa, uno de los damnificados por la venta de terrenos del “Loteo Gaucho Castro”. “Tienen que entender nuestra situación. Invertimos mucho dinero para comenzar a cristalizar nuestros sueños. Ahora no sabemos si le podremos dar un techo a nuestros hijos. Es desesperante, pero no pensamos en cortar la ruta”, comentó el hombre que con el correr de los días se transformó en el vocero de los adquirentes. “Tenemos toda la energía analizando los papeles que nos dieron y que estamos convencidos que son buenos y legales. Eso es lo que nos dijeron el abogado y los responsables de las escribanías donde concretamos las operaciones. Por eso no entendemos dónde está la irregularidad. Cativa también dijo que el comisionado Jorge Cruz deberá dar explicaciones por el papel que tuvo. “Si tiene que terminar preso, que sea así. No se puede lavar las manos así. Él y los empleados de la comuna nos dijeron que todo estaba bien. Ahora estamos con este conflicto. Él es representante del Estado, también tiene responsabilidad”, finalizó.
Tribunales
La estrategia judicial de la Fiscalía de Estado, que tendrá el rol de querellante en el expediente, está cada vez más clara. Con la denuncia por usurpación en contra de Juan Pablo Castro, el que aparece como titular del “Loteo Gaucho Castro”, de manera paralela buscará la restitución de una parte de la Reserva Natural La Angostura. “Ya fue solicitada en el escrito y creo que existen los elementos necesarios para conseguirlo”, explicó la fiscal Gilda Pedicone.
El código procesal penal y las normas vigentes permiten a los dueños de un terreno usurpado recuperar el bien de manera provisoria con sólo demostrar que es el titular del bien dominial. Eso es lo que se viene haciendo en los últimos tiempos y que conflictos que duraban años, ahora pueden resolverse hasta en 48 horas. El fiscal Miguel Varela, en base a lo peticionado por la Provincia, envió un oficio a la Dirección General de Catastro para que informe quién es el titular de las tierras en conflicto. Como ya fue confirmado por el titular de ese organismo Alejandro Navarro, el propietario legal desde el año 1996 es la Provincia, por lo que se estima que la respuesta oficial será un mero trámite.
“Teníamos dos objetivos, el primero era preservar la zona protegida y lo logramos con una medida de no innovar. El segundo paso era solicitar la restitución provisoria para que la reserva vuelva a manos de su verdadero dueño y la seguiremos peleando hasta conseguir la posesión definitiva”, agregó Pedico. Se estima que con ese fallo el panorama legal cambiará considerablemente.
Castro podría afrontar otras dos acusaciones. Defraudación porque supuestamente lucró con tierras que no eran de él y de falsificación de instrumento público, ya que se podría haberse valido de documentos que tenían firmas o sellos falsificados. De la investigación también podrían surgir los nombres de otras personas que podrían haber colaborado para que la maniobra se concretara.
También será clave la decisión que tomen los compradores, ya que el fallo les abriría el camino para que denuncien a los vendedores. Además de Castro, los adquirentes dijeron que el comisionado de El Mollar podría haber vendido dos parcelas. Hasta el momento no se sabe qué sucederá con las personas que viven en el lugar y con los que ya construyeron sus casas de veraneo y con los que estaban comenzando a construir.
El caso con el correr de los años
2020
Comienza la comercialización de los terrenos. Tambián comienzan a mostrar un plano que fue firmado en ese año.
2021
En una repartición el emprendedor Castro habría conseguido una autorización de pastoreo en las tierras.
2023
Empiezan a aparecer las notas para que se instale el servicio de agua y servicio de energía.
2024
La Provincia descubre que estaban loteando tierras fiscales.
2025
La Fiscalía de Estado denuncia al emprendedor por usurpación.