Comenzaba setiembre de 2004. El presidente de la Legislatura, Fernando Juri, estaba inquieto. Ni los plastones de gel que suele usar le impidieron salir despeinado e improlijo en aquella foto que, a golpes de crónicas, la prensa construye diariamente acerca de quienes tienen responsabilidades públicas. Existía la sospecha de que los legisladores, so pretexto de perder el control sobre la Defensoría del Pueblo, no se animaban a concursar el cargo, como el vicegobernador había prometido. Pero más importante aún: era un secreto a voces que los fondos de la Cámara estaban extenuados por el gasto que significaba -sólo en ese concepto- la designación de más de 3.500 personas en la planta política (los permanentes son apenas 500). Juri necesitaba dar un golpe para salir del foco de atención. Y lo consiguió derogando aquello que consideraba el origen del desprestigio y de la atomización de la Legislatura como institución: la Ley de Lemas. Fue un gesto políticamente correcto de cara a la sociedad pero, puertas adentro, en aquel momento, no midió las consecuencias del temerario movimiento.
Cuando la Legislatura decapitó el sistema de sublemas, en la Casa de Gobierno reaccionaron con cautela, porque había sido un imparable multiplicador de votos, que sólo le había dado satisfacciones al peronismo. Pero, además, algunos veían con claridad que, más que una laguna, la derogación generaba un agujero jurídico, grande como la capa de ozono. No obstante, obsesionados con la reelección de José Alperovich, en el Ejecutivo estaban más preocupados por conseguir que la Cámara autorizara la reforma de la Constitución provincial. Esto sucedió en diciembre, cuando comenzaron a preguntarse con qué ley iban a convocar a elección de convencionales si la innombrable Ley de Lemas ya no existiría más que como un desagradable recuerdo.
La próxima semana vencen los 180 días que la Legislatura se había fijado para sancionar la nueva ley electoral. En setiembre, prometían foros para debatir sensatamente el mejor sistema. El tiempo ha pasado prácticamente en vano y hoy la discusión -más valdría decir la confusión- se reduce a determinar cómo se daña lo menos posible el potencial electoral del PJ. La obsesión pasa por cómo conseguir una Ley de Lemas por otras vías, con otro nombre. He allí la explicación del último grito de la moda: la departamentalización, neologismo larguirucho que suena más a artilugio para mantener el minifundismo clientelar que una salida sincera para asegurar la representación legislativa de todos los departamentos.
El problema con la departamentalización es que la ley que autoriza la reforma no permite la modificación de las tres secciones electorales (Capital, Este y Oeste). A ello se suma que en el Ejecutivo entraron en pánico porque temen que, al aplicar el sistema proporcional sin esa cosechadora de votos que eran los sublemas, el peronismo no tendrá mayoría propia para asegurar el dominio de la futura Asamblea Constituyente. Lo que en otras democracias sería visto como una gran oportunidad para construir consensos aquí es sufrido como una debilidad.
Al oficialismo parece no disgustarle la posibilidad de cometer el mismo pecado que desde 1990 le achaca al bussismo y con el que justifica la necesidad de la reforma: el de haber diseñado una Constitución que es la voluntad aplastante de un partido único. Es curioso. Los republicanos advierten claramente que los peronistas suelen confundir los intereses institucionales con los del PJ. Pero parecen no ver que ellos, de la misma forma, confunden al partido con la familia Bussi. No pocos problemas le causó al legislador Ernesto Padilla (FR) el haberse quejado de la posible postulación para diputada de una mujer que no tiene otro mérito que ser la hija de Antonio Bussi, bajo infinito arresto domiciliario en Buenos Aires (ya lleva 15 meses, ¿acaso el juez federal Jorge Parache se habrá olvidado de él?). El derecho a la disidencia sigue siendo costoso en Tucumán.
