Responsabilidad frente a la AMIA

Después de 10 años y siete meses del luctuoso ataque terrorista contra la sede porteña de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la administración de Néstor Kirchner, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), responsabilizó al Estado por el encubrimiento de los responsables. El caso en cuestión siguió a un atentado semejante contra la embajada de Israel. Ambos configuran un testimonio elocuente del alto grado de inseguridad que, ya entonces, amenazaba a la sociedad, así como de la incapacidad del sistema judicial para individualizar a los culpables. En la presentación ante la CIDH el Gobierno se comprometió, entre otros puntos, a transparentar aquella responsabilidad y promover una ley de reparación a las víctimas (en la AMIA fueron 85). Ese compromiso incluyó igualmente la promoción de juicios políticos para los jueces federales que permitieron el reconocido encubrimiento, así como las indagatorias de altos funcionarios gubernamentales de aquel tiempo. La presentación oficial, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Cancillería, siguió a la entrega que el Presidente hizo a la Justicia de los archivos secretos elaborados por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante la década en que se ocupó del caso.
Kirchner fue muy elocuente ante la CIDH al calificar de "vergüenza nacional" la actuación del Estado. En la Argentina -expresó- no tiene que haber ningún intocable para la Justicia. "Quienes más responsabilidades tenemos debemos rendir permanentemente cuentas sobre nuestros actos", dijo. Al compartir el dolor de los deudos, fue contundente: "sufrimos la vergüenza de tener un Estado que no quiso resolver o encubrió; no hay duda de que, para llegar a tanto, encubrimiento debió existir".
El Tribunal Oral Federal a cargo del proceso ya había expresado que "los tres poderes del Estado se confabularon para armar una historia falsa y así satisfacer los intereses políticos de inescrupulosos gobernantes, al dar el caso por cerrado". Esta conclusión judicial ha sido, sin duda, un elemento de juicio ineludible para que Kirchner resolviese aquel reconocimiento ante el organismo interamericano, y debe esperarse que los hechos consecuentes pongan fin a tan bochornosos antecedentes.
Pero no basta para que así sea con cargar excluyentemente sobre el Estado responsabilidades causadas por sus administradores cuando se produjeron los hechos. Mucho menos por tratarse de la gestión gubernamental del mismo partido oficialista que actualmente la ejerce, pues deben procurarse igualmente acciones para transparentar la política, comenzando por la propia casa.
En ese sentido quienes, como el Presidente, lo integran y practican pública militancia, así como otros líderes partidarios, con o sin cargos públicos, y hasta los más modestos afiliados, están éticamente obligados a promover la intervención de los órganos de conducta y disciplina. La gravedad de las circunstancias denunciadas por Kirchner y su reconocimiento ante la CIDH es extremada para que se eluda la responsabilidad partidaria de transparentar conductas tan comprometidas por esas denuncias. La censurable omisión resulta particularmente llamativa en la proximidad de un período electoral precedido por la selección de candidaturas, abierta a una competencia donde aquellas imputaciones pueden ser una vez más blanqueadas por el interés de los partidos. La resistencia generalizada entre la clase política a hacer transparente la gestión de sus organizaciones tiene en este caso un testimonio paradigmático que justifica, una vez más, el desprestigio de los partidos frente a la ciudadanía.