Las definiciones del año

La ley electoral para 2005 y el temor a la repetición del caso Santiago del Estero están en la agenda.

06 Marzo 2005
Por Carlos Abrehu

El año electoral empezó con un revés para el partido gobernante en la nación. La derrota del menemista converso al kirchnerismo José "Pepe" Figueroa magulló a la Casa Rosada y arrastró en la caída al vicepresidente Daniel Scioli y a los gobernadores José Alperovich y José Manuel de la Sota. El radical Gerardo Zamora usó exitosamente la receta multipartidaria del Frente Cívico y Social en Santiago del Estero -antes probada con fortuna en Catamarca- para poder derrotar al peronismo, que no pudo superar su crisis interna. Los desbordes y la impunidad en el prolongado ejercicio del poder por parte del matrimonio Juárez y de su séquito prepararon el ambiente para que la descomposición institucional terminara con la intervención federal a Santiago del Estero. La división posterior del peronismo en las urnas refleja la imposibilidad de acabar de un día para otro con la ascendencia del matrimonio caudillesco. El resultado del domingo pasado exhibió, además, la eficacia de la propuesta unificadora de la oposición que desplegó Zamora. A propósito de esa situación, el ex diputado peronista Antonio Guerrero reflexionó que los santiagueños se sintieron agredidos por la intromisión de los funcionarios del Gobierno federal. "La prepotencia y la soberbia son malas compañías para los gobiernos", concluyó.
La catástrofe del PJ santiagueño impactó en el corazón del oficialismo. Alperovich sintió que la tierra se estremecía bajo sus pies. Por eso dijo lo que dijo. "Nadie tiene la vaca atada", explicó con cruda sinceridad. La fractura del peronismo es una bomba de tiempo que la Casa de Gobierno aún no pudo desactivar. Al poder central le preocupa esa situación porque teme que se repita el ejemplo de Santiago del Estero, en las elecciones del 23 de octubre.
El asesor presidencial José "Pepe" Salvini y conductor de la Corriente Peronista Federal se dio tiempo para dialogar largo y tendido con el mundo peronista que no accede a la Casa de Gobierno, y con legisladores y ex diputados nacionales. En rigor, Salvini y el secretario de Relaciones Institucionales de la Cancillería, Marcelo Fuentes, vinieron para bendecir con firmeza la propuesta de las dos damas para Diputados: Beatriz Rojkés de Alperovich y Stella Córdoba -busca su reelección-.
Hombre de confianza del Presidente, Salvini detectó que el PJ está partido y no les ocultó a algunos de sus interlocutores su inquietud por la demora en la sanción de la nueva ley electoral y por la morosidad que muestra la acción del Poder Ejecutivo en algunas áreas. Como político que contribuyó al entierro de la Ley de Lemas en Santa Fe y al acuerdo Kirchner-Carlos Reutemann, el asesor presidencial considera que en Tucumán debe acabarse esa experiencia. Salvini focalizará su atención en el seguimiento de la situación tucumana, dado que conoce a muchos peronistas de vieja data.
El enredo que crea al oficialismo la vigencia del artículo 4 del decreto 1.256 sobre cupo femenino busca ser desatado en el plano legal. La norma estatuye que cuando un partido renueva dos bancas, sus postulantes deben ser de sexos opuestos. La pretensión alperovichista de situar a la primera dama y a Córdoba en la cima de la lista de aspirantes a diputados choca con el orden jurídico. Pues para conciliar una y otra cosa, una embajada de primer nivel trajinó por la Secretaría General de la Presidencia. La idea del ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, y de la diputada Córdoba apuntaría a que se modifique el decreto que traba la operación prohijada por la Casa de Gobierno.

Nuevas banderas
La rebelión del verano en la Legislatura no desapareció con el retorno del vicegobernador Fernando Juri a Tucumán. Dos de los políticos a quienes se asoció con la insurrección en contra de las políticas del vicegobernador plantearon una hipótesis conflictiva en pleno recinto. El ex ministro José Alberto Cúneo dijo que se oponía a la restauración de la Ley de Lemas, a la vez que propuso volver a la división por departamentos. Raúl Hadla pasó de defensor de los sublemas a adalid de la representación por departamentos. Con este nuevo ingrediente se complicó la discusión de la futura ley electoral, que debe reglar también la conformación de la Asamblea Constituyente. La cuestión pone en jaque al vicegobernador Fernando Juri, luego de que Alperovich coincidió con esa tendencia. Juri planteará su posición al gobernador y a Julio Miranda.
Los jefes territoriales del PJ, que habían hallado en los sublemas un eficaz canal de acción político-electoral-, ven ahora en las subsecciones o departamentos, el modo de compensar la pérdida de poder que significa la extinción de un modus vivendi. Frente a esa intención se erige la ley de declaración de necesidad de la reforma constitucional, que preserva las 3 secciones electorales. La Legislatura, en consecuencia, no puede rehacerlas por ley, porque es una de las cláusulas pétreas de la Constitución. Tampoco podría modificarla la Convención Reformadora por haberse excluido el asunto del desguace parcial de la Carta Magna del 90. Juri participa de estas premisas.

Contenido político
La discusión es en apariencia jurídica, pero tiene un altísimo contenido político. El problema se hace más embarullado porque se pretende ensamblar los intereses particulares de los jefes territoriales con la necesidad de sancionar una ley que atienda otros de alcance general y de proyección estable. La liquidación de los sublemas suscitó desazón en la Casa de Gobierno porque, de pronto, se advirtió que un enjambre de dirigentes se enfriaría si no encuentra adecuada contención en las listas partidarias para octubre. Entienden empinados hombres del oficialismo que se desarmó el motor que hizo ganar las elecciones al peronismo, No hallan razones, además, para que la Legislatura sancione pronto la nueva ley electoral.
En las esferas más pensantes del oficialismo abogan por dilatar la definición de aquella hasta que se encuentre la receta que más favorezca los intereses del peronismo. Sucede que el PJ bien no podría llegar a los 21 convencionales constituyentes, según una hipótesis pesimista. Y debe encontrar la forma de controlar la Asamblea Reformadora. En 1989 perdió la elección de convencionales constituyentes a manos del bussismo, que es lo que no se quiere repetir. El temor al electorado volátil está instalado en los despachos oficiales.
Por el lado de Juri existe la convicción irrevocable de no retroceder con la derogación de la Ley de Lemas. Aseguran que tiene la certeza de ganar una votación legislativa si se quisiera reflotar aquella norma. Políticamente también está dispuesto a cumplir la palabra empeñada respecto de la vigencia de las tres secciones electorales. El vicegobernador, además, quiere que ahora se vote la nueva ley electoral. No cree que la suerte del PJ esté atada a ella. "Si hacemos las cosas bien, nos votarán", suele decir. El desafío está abierto.

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