Alojamiento del menor delincuente

Como informamos, de acuerdo con un convenio firmado con el ministro de Justicia de la Nación, Tucumán recibirá $ 2,7 millones para las obras de remodelación y ampliación del Instituto de Menores "Julio Argentino Roca".
Según se anunció, la obra se licitará dentro de 15 días y en algún momento -que no fue precisado- del año que corre, llegarán los fondos correspondientes.
Sin duda, es positivo el hecho de que esa ampliación haya entrado en el camino de concretarse.
Pero los tiempos que se prevén revelan que no se ha puesto la suficiente celeridad para encarar una cuestión sobre cuyas graves características hemos referido en más de una ocasión. Es ampliamente sabido, a través de los medios de información, que el Instituto Belgrano, el Instituto Roca y la Alcaidía de Menores de la Jefatura de Policía están ya completamente desbordados.
Durante la semana pasada, incluso se registraron revueltas en los dos institutos. Ante situaciones tales, el juez de Menores dijo rotundamente que no existe lugar disponible para alojar a nadie más. Y recalcó que no sabía cómo afrontar la llegada de más detenidos.
Esto lleva a preguntar qué estrategia puede adoptarse en la emergencia, mientras se realicen los programados trabajos para dotar de mayor espacio al Instituto Roca.
Por otro lado, se dijo en reiteradas oportunidades que, las instituciones donde se aloja a los menores delincuentes carecen de condiciones para ser ámbitos de rehabilitación; por tanto, son simplemente lugares de encierro.Tal característica hace que los menores, ni bien son liberados, vuelvan a delinquir. Se trata por lo general de analfabetos, además de precoces consumidores de alcohol y de drogas: provienen de barrios donde la violencia y el desafío a la ley son comunes. Rodeados de pobreza y en la marginalidad, sin contención del hogar ni de la escuela, es previsible que consideren el delito como el único horizonte.
El alto grado de participación de menores en la delincuencia tucumana indica que estamos frente a un grave problema social que debe ser encarado en profundidad.
Existe en todo esto, simultáneamente, una franca amenaza a la seguridad de los ciudadanos. Y su control reviste un carácter absolutamente prioritario. Es decir que, en primer lugar, urge destinar mayor número de policías a la específica temática de la delincuencia juvenil, para prevenir y reprimir su accionar. Pero además, debe motorizarse una abarcadora labor de trabajadores sociales en los barrios peligrosos.
Debemos contar con locales que tengan el suficiente espacio para alojar a quienes sean detenidos en las condiciones debidas y con una minuciosa estrategia de rehabilitación.
La estrategia debe ir más allá del mero encierro, pues se trata de intentar seriamente una corrección de estos hábitos. Para ello, se debe contar con personal experto en la cantidad necesaria. De esta manera, para el menor y para la sociedad, la salida de ese detenido no será simplemente la devolución de un delincuente más a las calles.
Lo hemos puntualizado hace pocas semanas en este comentario y, por cierto, resulta oportuno repetirlo.
Por sus características, este tema constituye la máxima prioridad y merece la plenitud de la preocupación oficial, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo.
No puede admitirse que en Tucumán crezca incesantemente el delito juvenil y que permanezcamos inermes frente a semejante fenómeno, sin tener siquiera los espacios físicos adecuados para la detención y la readaptación que son indispensables a los individuos que delinquen. Mientras se licita la ampliación del Roca, hay que establecer y ejecutar una programación realista frente a tan seria cuestión.