La "maraña", como llamó el ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo, al escándalo judicial derivado del caso de los "sacapresos", tapó a Tribunales de tal forma que el mismo presidente de la Corte Suprema asumió en persona la tarea de recomponer una imagen que caía en picada. Antonio Gandur apareció en pocas ocasiones pero en forma contundente. Puso énfasis en la lógica de los números. Remarcó que las irregularidades fueron mínimas en comparación con la cantidad de causas que se tramitan y destacó que está desvirtuada una denuncia de enero sobre 100 supuestas fugas de presos con oficios truchos. "El sistema funcionó, ya que la anormalidad fue descubierta". dijo. Además, cargó contra la Policía al señalar que los oficios truchos se confeccionaron fuera de Tribunales.
La intervención de Gandur para aplacar el ruido fue impactante. Ordenó medidas de control. El Colegio de Procuradores y la Asociación de Magistrados dieron su apoyo al funcionamiento del sistema. "No vemos una situación límite", dijeron los procuradores. "El sistema judicial funciona", añadieron ayer los magistrados. Gandur, incluso, respondió en forma tajante los cuestionamientos críticos que había hecho el legislador Daniel Heredia al pedir auditorías en el fuero penal, informes sobre los sumarios que se realizan e informes sobre las funciones del ministro fiscal. Gandur le contestó que lea la ley Orgánica del Poder Judicial para saber las atribuciones del ministro fiscal y rechazó el pedido de informes sobre sumarios. "Están en curso. No corresponde por ahora acceder a lo solicitado", dijo.
Pero la vehemencia del titular de la Corte alcanza para poner un límite a la marea de inquietud que inundó al edificio de Tribunales, que ofrecía un panorama de desazón cuando terminó la feria. Con la llegada de febrero, no sólo fue necesario apuntalar un edificio que se hunde por problemas de estructura, sino remontar esa imagen dura que mostraban una fiscalía y un juzgado allanados, clausurados y con sus empleados bajo sospecha y trasladados a otras áreas. Los legisladores Juan Roberto Robles y José Cano plantearon que hacían falta cesantías y exoneraciones y Daniel Heredia, en sus notas de hace tres días, habló de la "pérdida de credibilidad" de la Justicia y de la "permanente preocupación" de la comisión que él preside en la Legislatura.
Esto fue, probablemente, lo que irritó a Gandur, porque no deja de llamar la atención el desinterés político que existe acerca de lo que ocurre en el Poder Judicial. Las mejoras -como el sistema informático- llegaron en carreta y los problemas (el aumento de litigios) lo hicieron en avión. Desde que estalló el escándalo de los autos lujosos entregados con oficios truchos (las 4x4), hace dos años, se remarca que las fiscalías están abarrotadas de trabajo y ni siquiera se han repuesto todos los cargos vacantes. Mucho menos se ha debatido qué necesita la Justicia para poder funcionar con normalidad.
El ministro fiscal, que hace un mes decía tímidamente que hacían falta más fiscales, ayer directamente planteó que hay que duplicar el número de fiscalías (de 10 a 20). Ni qué hablar de los conflictos derivados de la delincuencia juvenil. "Estoy harto", dijo el juez Raúl Ruiz ante el último motín en la alcaidía de la Jefatura de Policía. Ruiz se hace cargo de todas las causas con menores desde hace tres meses, cuando fue asesinado el juez Héctor Aráoz. El poder político apenas ha planteado llenar algunos cargos en la Justicia, pero no hay debates sobre la seguridad ni sobre Tribunales.
Legisladores y funcionarios apenas debaten sobre la ley electoral, la reforma de la Constitución y el cupo femenino. Allá, en Tribunales, pese a que Gandur sale en soledad con los tapones de punta, la maraña sigue. Aunque se vean apenas unos casos testigo.
