Se agudiza el conflicto por Aguas del Illimani en Bolivia

LA PAZ.- El gobierno logró levantar un bloqueo caminero que impedía el tránsito hacia Chile, pero no consiguió conjurar los conflictos en El Alto ni en otras siete zonas del país, que son motivados por diversas demandas políticas y sociales. La empobrecida ciudad de El Alto, la tercera más importante del país, completó el segundo día de una huelga en demanda de la inmediata salida de la empresa Aguas del Illimani (AISA), filial del grupo francés Suez Lyonnaise des Eaux, cuyo contrato fue rescindido en enero último. La protesta, que no cuenta con un amplio respaldo de la población, amenazó ayer con radicalizarse tras violentos enfrentamientos entre policías y vecinos que buscaban cortar la ruta hacia el aeropuerto de El Alto, que sirve a La Paz. La televisión mostró imágenes de corridas y de lugareños afectados por los gases lacrimógenos.
Los líderes vecinales decidieron expulsar al alcalde de El Alto, José Luis Paredes, a quien acusan de defender a la empresa de agua. "Con el gobierno, no hay diálogo. Ellos no tienen propuestas nuevas y repiten como loro lo mismo desde hace seis meses", dijo el vocero de la poderosa Federación de Juntas Vecinales. El Alto, con apoyo de La Paz y de otras ciudades donde opera AISA, propuso transferir los bienes de la empresa y crear otra, pública y social. En tanto, el gobierno planea crear una empresa mixta. Además, el presidente Carlos Mesa se niega a afrontar un juicio millonario por parte del grupo francés si accede al reclamo popular.

Compromiso
Mientras El Alto sigue en pie de guerra, el gobierno llegó a un acuerdo con los habitantes de Lahuachaca, 130 kilómetros al sureste de La Paz, para que levanten el bloqueo que mantenían sobre la carretera que comunica con Oruro (suroeste) y con Chile. Cerca de 400 vehículos se hallaban varados desde hace dos días. A su vez, Sucre permanecía incomunicada por una movilización en reclamo de la aprobación de la ley petrolera y de la Asamblea Constituyente. En Camiri, la capital petrolera del país, los habitantes amenazaron con cerrar las instalaciones gasíferas encargadas de las exportaciones hacia Argentina y Brasil. Camiri exige modificaciones en la ley de hidrocarburos. (AFP-NA)