Presiones sobre la prensa

En un informe preliminar, cuya síntesis publicamos ayer, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) declaró su preocupación por la libertad de expresión en Argentina.
Lamentó que el Gobierno, incurriendo en un "retroceso cultural", considere que la información pública es propiedad suya, cuando en realidad pertenece a los ciudadanos. El documento alude a denuncias efectuadas por presiones de funcionarios a periodistas. Estos hablan directamente de "maltrato, discriminaciones, el uso de un mecanismo que califican de siniestro, el ?telefonazo?, la advertencia y la queja". De acuerdo con el informe, la estrategia de comunicación del Gobierno Nacional se refleja en "problemas de desinformación", en perjuicio de "uno de los derechos básicos de los ciudadanos".
La SIP se refirió también a la publicidad oficial, que se asigna "con un criterio no objetivo y que no sigue pautas técnicas ni profesionales de distribución, lo que deriva en la discriminación de los medios, favoreciendo a unos y castigando a otros". En este orden, además, la Asociación de Diarios del Interior (Adira) planteó ante la misión de la SIP la inobservancia de algunos organismos -nacionales, provinciales o municipales- del principio del libre acceso a las fuentes de información. También el uso, en ocasiones discriminatorio, de los fondos públicos destinados a la publicidad oficial, de lo que aportó ejemplos.
Lamentablemente, el presidente Néstor Kirchner, en lugar de responder en detalle a las serias apreciaciones del informe, prefirió una réplica de tono destemplado. Cuestionó a la SIP y la acusó de "cuidar los intereses" de los medios de mayor tiraje y de postular que estos sean los mayores beneficiarios de la publicidad oficial.
El informe preliminar alude claramente a presiones, y a esto evitó referirse el Presidente. Presiones significa que existen funcionarios que buscan que la información tenga una determinada tendencia, de manera que se difunda lo que el Gobierno quiere que se difunda y que se calle lo que no quiere que salga a luz. El "maltrato, el ?telefonazo?, la advertencia" no son, por cierto, los métodos que el Estado puede aplicar en un país que se jacta de vivir en plenitud sus instituciones democráticas. Entre ellas, bien sabemos, la libertad de prensa -garantizada claramente por la Constitución- no sólo tiene eminente lugar, sino que es condición de la existencia de todas las otras libertades.
Ese es un tema en el que el Ejecutivo Nacional debe corregir su actitud, de raíz y sin pérdida de tiempo. El periodismo, en un régimen republicano, debe trabajar con absoluta libertad en todo el ciclo de su tarea: desde la búsqueda de la información, que no debe ser retaceada en sentido alguno, hasta la publicación completa de aquella. La existencia del mínimo obstáculo en cualquier punto de ese camino resulta profundamente cuestionable y agravia de manera frontal la libertad de prensa. Sobre tal asunto, no puede haber dos opiniones. El Gobierno ha de acostumbrarse a que el periodismo publique, en muchas ocasiones, lo que hubiera preferido no ver publicado. Justamente, las dictaduras se caracterizan por tener una prensa que jamás cuestiona.
No puede, un jefe de Estado agraviar a una institución con el prestigio internacional que posee la SIP y con su larga trayectoria en defensa de la prensa libre en el continente hasta reducirla a cuidadora del interés de los diarios grandes. En cuanto al tema de la publicidad oficial, lo adecuado hubiera sido una respuesta serena, que aclare con exactitud cuáles son los criterios que tiene para distribuirla.