03 Marzo 2005 Seguir en 
A la habilitación de la antiética reelección para las actuales autoridades, le salió un competidor de cartel en la eventual reforma constitucional: el rediseño del mapa electoral.
Lograr que la representación legislativa no siga circunscripta a tres enormes secciones (Este, Oeste y Capital), sino que se ajuste a los departamentos (o, a lo sumo, que se torne bidepartamental), es una idea que viene gestándose a fuego lento en el PJ, y que terminó de cocinarse tras la ardorosa derrota en Santiago del Estero. No es para menos. Trascendiendo los candidatos, el triunfo radical fue posible porque no hubo Ley de Lemas y porque se votó (incluso a los 50 legisladores) en distrito único.
A partir de esos datos, la lectura de los jefes territoriales del peronismo, que sentaron a 26 legisladores y a 15 de los 18 intendentes del interior, es que dibujar un mapa electoral por departamentos les garantizará el manejo de la Cámara y de la liga de jefes municipales.
Pero, con independencia de los intereses sectoriales, el susto justicialista viene a poner sobre el tapete el debate de la representatividad parlamentaria.
Tal como están aplicadas hoy, las tres secciones electorales son indefendibles. Los legisladores de Alderetes o de Banda del Río Salí ni siquiera saben cuántos barrios tiene la ciudad de Graneros y los de Tafí Viejo o de Yerba Buena desconocen cómo se llama la plaza principal de La Cocha. Ahora bien, si se departamentalizan los escaños, se debe garantizar la representación de las minorías.
Esta es la encrucijada en la que un camino conduce al mejoramiento institucional; el otro lleva a una provincia como el Santiago previo a la intervención. Porque el peligro de rediseñar las circunscripciones electorales es que el oficialismo consagre una herramienta de anulación de la oposición.
El juarismo lo hizo, dibujando un mapa electoral en el cual se anexaba a los centros urbanos santiagueños (casi siempre hostiles al oficialismo) incontables poblados menores y lejanos, bajo el dominio del PJ, cuyos votos anulaban los que la oposición obtenía en las ciudades. Ese es el peligro que se hace patente cuando el PJ local habla de subdividir a la capital en cuatro partes.
Conjuros aparte, en el seno de los partidos políticos tucumanos son conscientes de que una departamentalización de las bancas, que garantice la representación de las minorías, conducirá a otros dos grandes debates. El primero es la posibilidad cierta de que aumente el número de legisladores. El segundo es el del retorno a la bicameralidad. Ambas cuestiones ponen a la sociedad frente a una discusión necesariamente madura.
Respecto del primer punto, cualquier planteo se torna muy difícil para la dirigencia después de 2001, cuando la frustración se manifestaba en la exigencia de menos parlamentarios. Superada la zozobra, el debate comienza a tornarse impostergable porque dos cosas son seguras. Una es que la democracia no crece mermando el número de representantes populares. La otra es que a la sociedad le queda cómodo renegar del número de cargos electivos, para eludir una autocrítica: no se trata de la cantidad sino de la calidad de lo que se vota.
En cuanto al retorno a la bicameralidad, la idea enfrentará no sólo los mismos reparos anteriores, sino también los de la suba del gasto político. Objeciones que el poder político, mediante el Presupuesto 2005, acaba de legitimar. Como aún no han pasado por la Legislatura leyes demasiado impopulares y hasta se frenaron varias embestidas del Ejecutivo, no se advierte la necesidad de una instancia para revisar las leyes.
Sin embargo, durante el mirandismo, cuando la sobreemisión de Bocade, la "Ley Dinar" o la sospechada ley de la reforma se aprobaban a la madrugada en la Cámara, y se promulgaban horas después en Casa de Gobierno, muchos hubieran pagado por un Senado provincial que reviera esas normas. O que, al menos, diera tiempo a que la presión social frenara su aprobación definitiva.
Bajo la forma que fuere, es tiempo de reforzar las instituciones. No abrir el debate sobre esto sigue siendo el negocio de unos pocos: el de los gerenciadores del subtrópico.
Lograr que la representación legislativa no siga circunscripta a tres enormes secciones (Este, Oeste y Capital), sino que se ajuste a los departamentos (o, a lo sumo, que se torne bidepartamental), es una idea que viene gestándose a fuego lento en el PJ, y que terminó de cocinarse tras la ardorosa derrota en Santiago del Estero. No es para menos. Trascendiendo los candidatos, el triunfo radical fue posible porque no hubo Ley de Lemas y porque se votó (incluso a los 50 legisladores) en distrito único.
A partir de esos datos, la lectura de los jefes territoriales del peronismo, que sentaron a 26 legisladores y a 15 de los 18 intendentes del interior, es que dibujar un mapa electoral por departamentos les garantizará el manejo de la Cámara y de la liga de jefes municipales.
Pero, con independencia de los intereses sectoriales, el susto justicialista viene a poner sobre el tapete el debate de la representatividad parlamentaria.
Tal como están aplicadas hoy, las tres secciones electorales son indefendibles. Los legisladores de Alderetes o de Banda del Río Salí ni siquiera saben cuántos barrios tiene la ciudad de Graneros y los de Tafí Viejo o de Yerba Buena desconocen cómo se llama la plaza principal de La Cocha. Ahora bien, si se departamentalizan los escaños, se debe garantizar la representación de las minorías.
Esta es la encrucijada en la que un camino conduce al mejoramiento institucional; el otro lleva a una provincia como el Santiago previo a la intervención. Porque el peligro de rediseñar las circunscripciones electorales es que el oficialismo consagre una herramienta de anulación de la oposición.
El juarismo lo hizo, dibujando un mapa electoral en el cual se anexaba a los centros urbanos santiagueños (casi siempre hostiles al oficialismo) incontables poblados menores y lejanos, bajo el dominio del PJ, cuyos votos anulaban los que la oposición obtenía en las ciudades. Ese es el peligro que se hace patente cuando el PJ local habla de subdividir a la capital en cuatro partes.
Conjuros aparte, en el seno de los partidos políticos tucumanos son conscientes de que una departamentalización de las bancas, que garantice la representación de las minorías, conducirá a otros dos grandes debates. El primero es la posibilidad cierta de que aumente el número de legisladores. El segundo es el del retorno a la bicameralidad. Ambas cuestiones ponen a la sociedad frente a una discusión necesariamente madura.
Respecto del primer punto, cualquier planteo se torna muy difícil para la dirigencia después de 2001, cuando la frustración se manifestaba en la exigencia de menos parlamentarios. Superada la zozobra, el debate comienza a tornarse impostergable porque dos cosas son seguras. Una es que la democracia no crece mermando el número de representantes populares. La otra es que a la sociedad le queda cómodo renegar del número de cargos electivos, para eludir una autocrítica: no se trata de la cantidad sino de la calidad de lo que se vota.
En cuanto al retorno a la bicameralidad, la idea enfrentará no sólo los mismos reparos anteriores, sino también los de la suba del gasto político. Objeciones que el poder político, mediante el Presupuesto 2005, acaba de legitimar. Como aún no han pasado por la Legislatura leyes demasiado impopulares y hasta se frenaron varias embestidas del Ejecutivo, no se advierte la necesidad de una instancia para revisar las leyes.
Sin embargo, durante el mirandismo, cuando la sobreemisión de Bocade, la "Ley Dinar" o la sospechada ley de la reforma se aprobaban a la madrugada en la Cámara, y se promulgaban horas después en Casa de Gobierno, muchos hubieran pagado por un Senado provincial que reviera esas normas. O que, al menos, diera tiempo a que la presión social frenara su aprobación definitiva.
Bajo la forma que fuere, es tiempo de reforzar las instituciones. No abrir el debate sobre esto sigue siendo el negocio de unos pocos: el de los gerenciadores del subtrópico.
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