03 Marzo 2005 Seguir en 
Prácticamente todas las semanas, en nuestro comentario al pie de esta página, nos referimos al problema de alguna vereda en mal estado, en diversos puntos dentro de la ciudad. Nuestra edición de ayer contiene una nota ampliamente reveladora, en ese sentido. Informa, por ejemplo, que el 15 % de las consultas que reciben los traumatólogos, se refiere a problemas creados por tropezones o caídas en la vía pública, a causa de veredas rotas o de cráteres. Las secuelas más frecuentes son los esguinces o traumatismos de rodilla; pero también, entre la gente mayor, las quebraduras de cadera o de muñeca.
La Municipalidad ha iniciado un operativo para corregir esta situación, en enero último. Ello resulta destacable, porque revelaría la intención de ir al fondo de la problemática. Se hicieron 376 notificaciones a los propietarios frentistas, intimándolos a arreglar las aceras en un plazo de 15 días. Pero, hasta ahora, sólo 15 de ellos se presentaron a comunicar que habían ejecutado dicho trabajo.
El tema, como lo hemos dicho muchas veces, no es para nada trivial. Piénsese que, a una persona de edad o con problemas de huesos, una fractura de cadera le puede representar gravísimas complicaciones, que pueden ir desde la invalidez permanente hasta la muerte. Y, aun en quienes no son mayores -como lo testimonia nuestra nota, dando un caso concreto- las contusiones pueden determinar el sometimiento a intervenciones quirúrgicas, o la incapacidad de moverse por varios meses. Lo curioso es que, de estas significativas secuelas, nadie se hace cargo. Ni la Municipalidad, cuya obligación es velar por el buen estado de las veredas, ni el frentista, que tiene obligación de mantenerlas en condiciones.
El dañoso fenómeno tiene bastante amplitud. No solamente se trata de que en las aceras falten baldosas, o que se hallen flojas. También está el hecho de que aquella esté desnivelada, de manera que suba o baje abruptamente, creando las condiciones para el resbalón, especialmente en días de lluvia. Igualmente frecuente es que la vereda no esté construida con el material que corresponde, o sea la baldosa acanalada, que permite afirmar el paso y que se escurra debidamente el agua. Hay vecinos que optan, libremente, por revestir esa superficie con materiales que son la negación de toda seguridad, más aptos para las paredes de un baño que para ser pisados por los peatones. Inclusive, existen casos en que, con fines ornamentales, se han incluido trozos de mármol en la acera. A todo esto, ya suficientemente riesgoso, debe añadirse la desidia de muchos organismos de servicios públicos, que no reponen las tapas metálicas faltantes en las bocas de inspección.
Perder pie en una de esas cavidades representa daños físicos de consideración. Está también el problema de las obras en construcción. Cuando se inician, una de las primeras derivaciones es la desaparición total del embaldosado: eso obliga al peatón -a veces durante largos años- a caminar por superficies colmadas de irregularidades, que además se convierten en fangales cada vez que llueve. De otro lado, no ha dejado de señalarse, por parte de expertos en urbanismo, el desacierto que representó utilizar adoquines en los extremos de las peatonales. Si fueron retirados de las calzadas porque perjudicaban la marcha de los automotores, no se entiende por qué se los destinó a las superficies utilizadas por el pie humano, que es una de las partes más delicadas y merecedoras de cuidado que tiene el organismo.
En suma, estamos ante una cuestión en la cual debe esmerarse una intensa acción municipal, manifestada con la necesaria continuidad. El mínimo derecho que tiene quien camina por la ciudad es que sea seguro el suelo que pisa.
La Municipalidad ha iniciado un operativo para corregir esta situación, en enero último. Ello resulta destacable, porque revelaría la intención de ir al fondo de la problemática. Se hicieron 376 notificaciones a los propietarios frentistas, intimándolos a arreglar las aceras en un plazo de 15 días. Pero, hasta ahora, sólo 15 de ellos se presentaron a comunicar que habían ejecutado dicho trabajo.
El tema, como lo hemos dicho muchas veces, no es para nada trivial. Piénsese que, a una persona de edad o con problemas de huesos, una fractura de cadera le puede representar gravísimas complicaciones, que pueden ir desde la invalidez permanente hasta la muerte. Y, aun en quienes no son mayores -como lo testimonia nuestra nota, dando un caso concreto- las contusiones pueden determinar el sometimiento a intervenciones quirúrgicas, o la incapacidad de moverse por varios meses. Lo curioso es que, de estas significativas secuelas, nadie se hace cargo. Ni la Municipalidad, cuya obligación es velar por el buen estado de las veredas, ni el frentista, que tiene obligación de mantenerlas en condiciones.
El dañoso fenómeno tiene bastante amplitud. No solamente se trata de que en las aceras falten baldosas, o que se hallen flojas. También está el hecho de que aquella esté desnivelada, de manera que suba o baje abruptamente, creando las condiciones para el resbalón, especialmente en días de lluvia. Igualmente frecuente es que la vereda no esté construida con el material que corresponde, o sea la baldosa acanalada, que permite afirmar el paso y que se escurra debidamente el agua. Hay vecinos que optan, libremente, por revestir esa superficie con materiales que son la negación de toda seguridad, más aptos para las paredes de un baño que para ser pisados por los peatones. Inclusive, existen casos en que, con fines ornamentales, se han incluido trozos de mármol en la acera. A todo esto, ya suficientemente riesgoso, debe añadirse la desidia de muchos organismos de servicios públicos, que no reponen las tapas metálicas faltantes en las bocas de inspección.
Perder pie en una de esas cavidades representa daños físicos de consideración. Está también el problema de las obras en construcción. Cuando se inician, una de las primeras derivaciones es la desaparición total del embaldosado: eso obliga al peatón -a veces durante largos años- a caminar por superficies colmadas de irregularidades, que además se convierten en fangales cada vez que llueve. De otro lado, no ha dejado de señalarse, por parte de expertos en urbanismo, el desacierto que representó utilizar adoquines en los extremos de las peatonales. Si fueron retirados de las calzadas porque perjudicaban la marcha de los automotores, no se entiende por qué se los destinó a las superficies utilizadas por el pie humano, que es una de las partes más delicadas y merecedoras de cuidado que tiene el organismo.
En suma, estamos ante una cuestión en la cual debe esmerarse una intensa acción municipal, manifestada con la necesaria continuidad. El mínimo derecho que tiene quien camina por la ciudad es que sea seguro el suelo que pisa.







