27 Febrero 2005 Seguir en 
BRASILIA.- El diputado socialdemócrata Alberto Goldman elevó a la Cámara Baja un pedido de apertura de juicio político al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al que acusa de improbidad administrativa y de abuso de poder. Goldman basó su pedido en recientes declaraciones de Lula sobre presuntos actos de corrupción atribuidos al gobierno de su antecesor, Fernando Henrique Cardoso (1995-02). Paralelamente, los senadores Antero Paes de Barros (PSDB) y Jefferson Peres, del Partido Democrático Laborista (PDT), solicitaron la interpelación del ministro jefe del Gabinete, José Dirceu, para que explique el incidente. El Senado no puede convocar al presidente de la República (de acuerdo con la Constitución), sino a un miembro del gabinete.
Control verbal
El pasado jueves, en un discurso improvisado, el mandatario dio a entender que había sabido, por medio de un funcionario, de maniobras ilícitas del gobierno anterior, pero que había decidido no hacerlas públicas. Cardoso reaccionó ayer con una nota en la que exige que Lula revele concretamente cuáles son los hechos a los que aludió o que se retracte de sus declaraciones. "Me chocó ver a un presidente hacer una denuncia anónima y genérica, pues en teoría todos los responsables de grandes unidades estatales pueden sentirse alcanzados y, peor aún, me chocó verlo practicando el delito de encubrimiento", afirma. Cardoso instó a Lula a identificar al denunciante y al denunciado. Y agrega en la nota que si la acusación fue fruto de una falta de control verbal espera la necesaria retractación.
Lula trató de atenuar el impacto de sus declaraciones para evitar que el tema paralice la tarea del Congreso, que se prepara para votar la segunda parte de la reforma tributaria y las reformas sindical y universitaria, entre otros proyectos. "No podemos permitir que un discurso atravesado eche por tierra todo lo que soñamos", dijo. El Partido de los Trabajadores (PT) cerró filas detrás de Lula. "El presidente sólo informó a la opinión pública que no permitió que una situación estructural de un órgano público fuera politizada innecesariamente", dijo el vocero del PT, José Genoino, que calificó de desproporcionada la reacción de la oposición. (DPA)
Control verbal
El pasado jueves, en un discurso improvisado, el mandatario dio a entender que había sabido, por medio de un funcionario, de maniobras ilícitas del gobierno anterior, pero que había decidido no hacerlas públicas. Cardoso reaccionó ayer con una nota en la que exige que Lula revele concretamente cuáles son los hechos a los que aludió o que se retracte de sus declaraciones. "Me chocó ver a un presidente hacer una denuncia anónima y genérica, pues en teoría todos los responsables de grandes unidades estatales pueden sentirse alcanzados y, peor aún, me chocó verlo practicando el delito de encubrimiento", afirma. Cardoso instó a Lula a identificar al denunciante y al denunciado. Y agrega en la nota que si la acusación fue fruto de una falta de control verbal espera la necesaria retractación.
Lula trató de atenuar el impacto de sus declaraciones para evitar que el tema paralice la tarea del Congreso, que se prepara para votar la segunda parte de la reforma tributaria y las reformas sindical y universitaria, entre otros proyectos. "No podemos permitir que un discurso atravesado eche por tierra todo lo que soñamos", dijo. El Partido de los Trabajadores (PT) cerró filas detrás de Lula. "El presidente sólo informó a la opinión pública que no permitió que una situación estructural de un órgano público fuera politizada innecesariamente", dijo el vocero del PT, José Genoino, que calificó de desproporcionada la reacción de la oposición. (DPA)
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