Fiscales verdes

Durante siglos, el hombre vivió -depredó más bien- como si la naturaleza fuera un arca inagotable de recursos. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, celebrada en Estocolmo en 1972, sinceró un problema que, a juzgar por el alarmante recalentamiento del planeta, aún no fue resuelto: ¿cómo promover el desarrollo industrial y productivo sin seguir dañando la biodiversidad? Consciente de esta paradoja, Estados Unidos, nación considerada la mayor contaminante, hasta ahora se ha negado tozudamente a suscribir el Protocolo de Kyoto (febrero de 2003), que obliga a los países a reducir la emisión de gases de efecto invernadero hasta 2012.
La cuestión ambiental no había sido prevista por quienes diseñaron la Constitución argentina de 1853, pero sí por quienes la reformaron en 1994. Estos declararon que todo habitante goza del derecho imprescriptible de contar con un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Pero más importante aún: consagraron lo que algunos juristas llaman la solidaridad entre las generaciones. En buen cristiano quiere decir que el hombre contemporáneo, en el afán de satisfacer sus necesidades, no puede hipotecar el futuro (ecológico) de sus hijos.
El cuerpo de fiscales federales de Tucumán está empeñado en que las prescripciones constitucionales no sean un mero decálogo de buenas intenciones. Esta es la explicación de por qué la empresa Minera Alumbrera Limitada pasó de haber sido declarada de interés nacional por el presidente Carlos Menem, en 1996, a tener a su titular (Julián Rooney) como imputado por la presunta contaminación de las aguas del canal artificial DP2, que desemboca en el dique El Frontal (Santiago del Estero).
El caso de la multinacional minera no es el único, porque en otras causas -por motivos similares- también prestaron declaración indagatoria los presidentes de importantes empresas, como Edet, Papelera Tucumán y Citrícola Vicente Trapani S.A. En las dos primeras, los jueces federales (Jorge Parache y Felipe Terán) declararon la falta de mérito de los imputados, pero los fiscales insistieron y hoy esperan una decisión de la Cámara Federal de Apelaciones.
Los empresarios están harto preocupados y, cada vez que les llega una citación, acuden a la Casa de Gobierno -o llaman a algún celular amigo- en busca de que intercedan por ellos. Quizás tienen nostalgia de los 90, cuando la fiebre liberalizadora no se detenía en menudencias como los controles. "La orden del gobernador es que a las empresas les demos una mano en todo lo que podamos, en cuestiones de plazos, por ejemplo, para que cumplan con el plan ?Producción limpia?, pero no a costa de ensuciarnos las nuestras", reconocen abogados del Estado.
En los Tribunales de Piedras al 400 hay quienes creen que, precisamente, por tender manos, hoy hay más de 20 causas penales por cuestiones ambientales. Eso sin contar que una federación ambientalista, por la vía del amparo de intereses colectivos (posibilidad que brinda la Constitución del 94), impugnó en la Cámara en lo Contencioso Administrativo la instalación de 1.000 tragamonedas en el parque 9 de Julio.
Según Minera Alumbrera, los controles son tan rigurosos como lo eran en los 90. Pero en aquellos años el gobernador Antonio Bussi les tendía alfombras persas más que rojas y el año pasado José Alperovich los acusó públicamente de contaminar -lo mismo que sostienen los investigadores- y de demandarlos por millones. Claro que, movido por un afán más recaudador que ambientalista, luego acordó con la compañía un resarcimiento (la firma, elípticamente, lo llama desembolso por responsabilidad social) de $ 22 millones. "Las contaminaciones al medio en que vivimos merecen ser juzgadas en juicio oral y público para que la impunidad desaparezca y para que la salud de los tucumanos no sea una variable económica de ajuste", advierten los fiscales, en uno de los escritos, convencidos de que no todo se arregla con plata.