22 Febrero 2005 Seguir en 
LA PAZ.- Pobladores de la localidad boliviana de Camiri (oriente) impedían ayer el paso hacia Argentina y hacia otras zonas del país, debido a un paro de 24 horas convocado para exigir beneficios en la Ley de Hidrocarburos que discute el Parlamento. La protesta mantenía cerrada la vía entre Santa Cruz de la Sierra (la capital homónima del departamento) y Yacuiba, que conecta el este boliviano con Argentina. Todo el flujo comercial y el tránsito de personas quedó cortado.
Los pobladores exigen también que Camiri se convierta en la base operativa de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), cuya refundación fue aprobada en el referéndum sobre el gas. Los lugareños convocaron para el viernes a un cabildo abierto, para tomar nuevas medidas.
Por otra parte, la Fiscalía General acusó formalmente por el delito de genocidio al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a sus ex colaboradores en el gabinete, por la muerte de al menos 56 personas en la revuelta popular de octubre de 2003, que terminó con la caída del gobierno. Sánchez de Lozada y los ex ministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Gobierno, Yerko Kukoc, están imputados como autores directos. El resto del gabinete está señalado como cómplice. La revuelta de octubre se debió al rechazo popular contra un proyecto del gobierno de vender gas a través de un puerto chileno. (DPA)
Los pobladores exigen también que Camiri se convierta en la base operativa de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), cuya refundación fue aprobada en el referéndum sobre el gas. Los lugareños convocaron para el viernes a un cabildo abierto, para tomar nuevas medidas.
Por otra parte, la Fiscalía General acusó formalmente por el delito de genocidio al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a sus ex colaboradores en el gabinete, por la muerte de al menos 56 personas en la revuelta popular de octubre de 2003, que terminó con la caída del gobierno. Sánchez de Lozada y los ex ministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Gobierno, Yerko Kukoc, están imputados como autores directos. El resto del gabinete está señalado como cómplice. La revuelta de octubre se debió al rechazo popular contra un proyecto del gobierno de vender gas a través de un puerto chileno. (DPA)
Lo más popular





