Los vehículos viejos son un problema

Nuestra edición de ayer dedica una extensa nota al problema de la antigüedad del parque automotor, incluyendo los colectivos. No es un tema menor, ya que allí está implicado algo tan significativo como la seguridad en el tránsito. Seguridad que parece bastante amenazada, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección de Rentas. Estas revelan que la mayoría de los 192.186 vehículos registrados tiene más de 10 años, y que sólo 86.000 son de 1995 en adelante.La esencia del fenómeno es, por cierto, más que comprensible. Un vehículo nuevo cuesta mucho dinero, y la situación económica general hace muy dificultoso ese gasto, para la mayoría de la población. Y así es como, quien tiene un automotor, por añoso que sea, trata de que este lo lleve y lo traiga, o que le sirva para su trabajo. No parece sencillo modificar eso, por sus obvias implicancias sociales.Lo que sí constituye obligación del Estado es tomar las medidas para que la circulación de modelos vetustos se mantenga dentro de razonables márgenes de seguridad. Esas medidas no se toman. No es lo mismo un automotor viejo, cuyo dueño lo mantiene en condiciones aceptables, que el que transita de cualquier manera, bajo la excusa -del propietario- de la mala situación económica.De acuerdo con una ordenanza municipal de 2004, ningún vehículo con una antigüedad mayor a 25 años puede circular por esta capital si no ha pasado por una revisión técnica obligatoria, que acredite que se cumplen los principales requisitos de seguridad. Es evidente que la referida disposición del municipio, como la mayoría de las que ella sanciona, no es observada en absoluto. Correspondería, entonces, empezar por hacerla cumplir por todos los propietarios, y en todos los casos, sin excepciones. Por calles y rutas de la provincia, cualquiera puede apreciar el paso de autos, camionetas y camiones cuya presencia constituye un peligro, fácilmente deducible por medio de los datos exteriores: las ruedas descentradas, los neumáticos lisos, la falta de luces traseras y laterales, la carrocería a punto de desprenderse, por ejemplo. Es evidente que, por mucho que ello afecte al dueño, un vehículo en tales condiciones debe ser retirado de circulación antes de que se convierta en protagonista de un percance trágico, con pérdida de vidas. Y mucho más debe esmerarse el poder público en ese retiro cuando se advierte que el automotor es utilizado con fines de lucro, como sucede con los remises, según es tan frecuente en la ciudad o en el interior.También llama la atención que, de acuerdo con declaraciones que publicamos, los rodados de transporte público nunca hayan pasado por la revisión técnica que dispone la Ley Nacional de Tránsito, a la que nuestra Provincia se encuentra adherida. Resulta notorio que no puede admitirse la continuidad de una situación de esa índole.Nuestra crónica, con lujo de ejemplos y de detalle, puso de manifiesto una cuestión que no puede tomarse a la ligera. El tránsito de Tucumán es cada día más voluminoso -y más anárquico también-, y la inmensa mayoría de los conductores desacata las normas legales y de seguridad que rigen el desplazamiento de vehículos en las ciudades civilizadas. Si a ese panorama, más que suficiente para inquietar a cualquiera, se agrega la presencia de automotores que pueden quedar deshechos en cualquier maniobra brusca a causa de la vejez que padecen, hay que convenir que estamos ante un asunto cuyo estudio y solución debieran encarar, en conjunto, la Provincia, las municipalidades y demás sectores interesados en la cuestión. De otro modo, seguirá creciendo un factor de muy considerable peligrosidad que se desarrolla a la vista y paciencia de todos.