20 Febrero 2005 Seguir en 
Disponer la edición de las obras completas de los grandes pensadores, literatos u hombres públicos argentinos fue, durante muchos años, una medida muy frecuente del Congreso de la Nación. Se destinaban a ese fin las partidas presupuestarias suficientes, no sólo para registrar la totalidad del material disponible, sino también para que la cantidad de ejemplares alcanzara para una distribución generosa en todas las bibliotecas y centros de estudio. Ello sin contar que el público podía adquirirlas, en forma directa, en las librerías.
Sin duda, esta medida de legislación nacional constituía una buena costumbre. Gracias a ella, durante mucho tiempo, el pensamiento de figuras próceres pudo ser conocido y estudiado en las fuentes mismas.
Por ello resulta sensible que el Congreso, durante estas últimas décadas, haya dejado de preocuparse por lo que decimos. En efecto, hace demasiado tiempo que no se sancionan -y acaso ni siquiera se proyectan- normas de ese tipo. Y como imprimir obras completas no suele ser materia de interés para las editoriales comerciales, sucede que cada vez resulta más complicado acceder a dicha clase de material.
Hace un tiempo, al tocar el tema, sin eco alguno, por cierto, lo ejemplificábamos con los casos de Domingo Faustino Sarmiento y de Juan Bautista Alberdi. En el primero, hay que decir que la carencia se ha remediado hace poco, pero no por disposición del Congreso sino por una universidad privada bonaerense, que ha reeditado las obras completas del ilustre presidente sanjuanino, que ahora se venden en las librerías.
Alberdi, en cambio, no ha tenido la misma suerte. Sus obras -en la parte que se editaron- están agotadas desde hace mucho tiempo. Solamente pueden obtenerse unos pocos títulos de su autoría -los más conocidos- que volvieron a imprimirse, o recopilaciones antológicas que, por su mismo carácter, son extremadamente breves y fragmentarias. Sólo acudiendo a los venerables tomos originales que conservan algunas bibliotecas públicas, pueda satisfacerse la inquietud por conocer en integridad la opinión del célebre tucumano sobre cuestiones clave para el país. Es decir que la obra de un pensador fundamental no está al alcance del hombre común. Y en cuanto a la mayor parte de su correspondencia, constituye una inmensa masa documental que nunca fue impresa.
El caso de Alberdi no es más que un ejemplo muy representativo, dentro de la larga lista de figuras cuyos libros o epistolarios deberían difundirse entre el público. Es incomprensible, por ejemplo, que todavía no se haya podido imprimir la totalidad del archivo de Juan Facundo Quiroga, pese al enorme interés que la correspondencia, que envió y recibió el caudillo federal, tiene para un muy sugestivo período de nuestra historia. Y no puede esgrimirse el argumento de la falta de fondos cuando se advierte la generosidad con la que el Congreso de la Nación dispone -alegremente en algunos casos- otros gastos. Eso sin mencionar que aquel cuenta con una imprenta propia y superpoblada de personal.
Y si el esfuerzo no se hace en el Parlamento nacional, ni qué decir con la situación -idéntica- en las Legislaturas provinciales, salvo alguna aislada excepción. En Tucumán, no tenemos noticias de que alguno de los tantos pensadores y hombres de letras oriundos de esta tierra haya merecido que la totalidad de su obra reciba una edición oficial. Nos parece que es hora de corregir en ambas instancias institucionales -Congreso y Legislaturas- esa actitud de indiferencia frente a nuestra tradición espiritual, nacional o lugareña. El mejor tributo que puede hacerse a quienes eligieron la escritura para testimoniar sus ideas, sus conceptos sobre la realidad de su tiempo, o las creaciones de su imaginación o de su estudio es poner sus obras al alcance de todos.
Sin duda, esta medida de legislación nacional constituía una buena costumbre. Gracias a ella, durante mucho tiempo, el pensamiento de figuras próceres pudo ser conocido y estudiado en las fuentes mismas.
Por ello resulta sensible que el Congreso, durante estas últimas décadas, haya dejado de preocuparse por lo que decimos. En efecto, hace demasiado tiempo que no se sancionan -y acaso ni siquiera se proyectan- normas de ese tipo. Y como imprimir obras completas no suele ser materia de interés para las editoriales comerciales, sucede que cada vez resulta más complicado acceder a dicha clase de material.
Hace un tiempo, al tocar el tema, sin eco alguno, por cierto, lo ejemplificábamos con los casos de Domingo Faustino Sarmiento y de Juan Bautista Alberdi. En el primero, hay que decir que la carencia se ha remediado hace poco, pero no por disposición del Congreso sino por una universidad privada bonaerense, que ha reeditado las obras completas del ilustre presidente sanjuanino, que ahora se venden en las librerías.
Alberdi, en cambio, no ha tenido la misma suerte. Sus obras -en la parte que se editaron- están agotadas desde hace mucho tiempo. Solamente pueden obtenerse unos pocos títulos de su autoría -los más conocidos- que volvieron a imprimirse, o recopilaciones antológicas que, por su mismo carácter, son extremadamente breves y fragmentarias. Sólo acudiendo a los venerables tomos originales que conservan algunas bibliotecas públicas, pueda satisfacerse la inquietud por conocer en integridad la opinión del célebre tucumano sobre cuestiones clave para el país. Es decir que la obra de un pensador fundamental no está al alcance del hombre común. Y en cuanto a la mayor parte de su correspondencia, constituye una inmensa masa documental que nunca fue impresa.
El caso de Alberdi no es más que un ejemplo muy representativo, dentro de la larga lista de figuras cuyos libros o epistolarios deberían difundirse entre el público. Es incomprensible, por ejemplo, que todavía no se haya podido imprimir la totalidad del archivo de Juan Facundo Quiroga, pese al enorme interés que la correspondencia, que envió y recibió el caudillo federal, tiene para un muy sugestivo período de nuestra historia. Y no puede esgrimirse el argumento de la falta de fondos cuando se advierte la generosidad con la que el Congreso de la Nación dispone -alegremente en algunos casos- otros gastos. Eso sin mencionar que aquel cuenta con una imprenta propia y superpoblada de personal.
Y si el esfuerzo no se hace en el Parlamento nacional, ni qué decir con la situación -idéntica- en las Legislaturas provinciales, salvo alguna aislada excepción. En Tucumán, no tenemos noticias de que alguno de los tantos pensadores y hombres de letras oriundos de esta tierra haya merecido que la totalidad de su obra reciba una edición oficial. Nos parece que es hora de corregir en ambas instancias institucionales -Congreso y Legislaturas- esa actitud de indiferencia frente a nuestra tradición espiritual, nacional o lugareña. El mejor tributo que puede hacerse a quienes eligieron la escritura para testimoniar sus ideas, sus conceptos sobre la realidad de su tiempo, o las creaciones de su imaginación o de su estudio es poner sus obras al alcance de todos.







