La ley y la trampa

Era de esperar que frente a la tragedia que sacudió a la sociedad argentina durante los últimos días de 2004, con las más de 190 víctimas mortales que dejó el incendio en el boliche "República Cromagnon", de Capital Federal, se haya producido una reacción que llevó a la inspección y a la clausura de centenares de locales de distintas características en todo el país. Las prohibiciones fueron dictadas a partir de la aplicación estricta de normas vigentes, lo que deja en claro que hasta ese momento, las habilitaciones no existían o -peor aún- se habían otorgado de manera irregular. En otras palabras, la tragedia que se produjo en el boliche del Once porteño pudo haber tenido lugar en cientos de otros locales igualmente peligrosos en potencia
La terrible enseñanza que dejó el desastre es que si no existe la prevención; si no se toman en serio las precauciones para garantizar la seguridad de las personas, es sólo por obra de la casualidad que no haya que lamentar más a menudo tragedias de este tipo.
Pero también se generalizó la sensación de que sólo con controles estrictos y vigilancia celosa podrán evitarse las catástrofes. Sin embargo, la experiencia cotidiana demuestra que esto no es necesariamente así. No siempre los encargados de los controles ponen el empeño indispensable en el cumplimiento de sus tareas. Por su parte, quienes están sometidos a la inspección, con frecuencia prefieren apelar a influencias o a manejos claramente ilegales para evitar sanciones antes que realizar los trabajos y las inversiones que implica ajustarse a las normas. Habría que pensar entonces en supervisores que revisen las actuaciones de los inspectores; pero como esto tampoco ofrece una garantía total, sería necesario que estos supervisores sean a su vez controlados desde una instancia superior, con lo que se crearía una cadena burocrática ineficiente y costosa. Y, como riesgo adicional, aumentaría la posibilidad de generar nuevos hechos de corrupción directamente proporcionales a los intereses económicos involucrados en los controles. Esto no es sólo aplicable a los mecanismos de habilitación para locales comerciales, sino que se extiende a una amplia gama de actividades y de conductas de los ciudadanos de cualquier región del territorio nacional.

El miedo no sirve
El problema parece no tener solución, y es probable que no la tenga si es que el único recurso del que dispone la sociedad para que se cumplan las normas vigentes es el de la vigilancia y el castigo. Es indudable que debe existir un control, y que quienes no cumplen las leyes deben ser juzgados y castigados; pero no puede ser el temor a la represalia lo que determine el comportamiento de los integrantes de un cuerpo social. Si un conductor viola la luz roja de un semáforo porque sabe que nadie lo sancionará, o bien la respeta sólo cuando sospecha que lo vigilan, el problema no está solucionado. Sólo lo estará cuando el chofer se detenga frente a la prohibición de avanzar no porque será multado si no lo hace, sino porque es consciente de que debe cumplir con la disposición para evitar un peligro sobre su propia persona y sobre los demás integrantes de la sociedad.
Y este tal vez sea el punto crucial. La esperanza de encontrar la solución del problema crecerá en la medida en que seamos educados en la conciencia de que no tenemos todos los derechos, ni podemos seleccionar nuestras obligaciones, sino que integramos un cuerpo social íntimamente entretejido, en el que tenemos garantías que nos asisten, pero también deberes que cumplir.
Recién entonces podremos aspirar a que los controles sean menores y a que la vigilancia no sea indispensable; como consecuencia lógica, habrá menos oportunidades para cometer hechos de corrupción.
Mientras tanto, aquel dicho popular que reza "hecha la ley, hecha la trampa" seguirá teniendo una lamentable vigencia.