Perdiendo el control

El Poder Judicial no sabe cómo enfrentar el escándalo de los oficios truchos, que cada vez menos parece ser una suma de casos aislados de corrupción. Como un ácido, sus salpicaduras no lastiman la superficie; horadan a la Justicia que, como la gran mayoría de las instituciones del país, afronta el estigma del descreimiento general. Como ocurrió en Ezeiza con las valijas llenas de droga que fueron trasladadas sin problemas a España, los delincuentes navegaron con tranquilidad en medio del desorden y de la falta de responsables.

Diferentes bandas
La aparición de oficios falsificados para el levantamiento de embargos sobre propiedades (caso diferente del de los oficios truchos para liberar a delincuentes presos) permite conjeturar que el mismo modus operandi fue utilizado por distintas bandas mafiosas no necesariamente conectadas entre sí. Esto quiere decir que no parece ser necesario un gran ingenio para aprovecharse de las deficiencias del sistema. Ya lo dijo el ministro fiscal, Luis de Mitri, hace tres semanas. "El volumen de causas que se maneja en las fiscalías supera la capacidad humana de respuesta y permite la aparición de estas situaciones", explicó, remarcando el problema nunca resuelto de la falta de personal frente al crecimiento geométrico del número de denuncias.
Esto favorece el caos, porque resulta imposible manejar los centenares de causas que ingresan como un aluvión. Los fiscales, obligados a una selección darwiniana, eligen los casos pesados -de sangre o con detenidos- y dejan para después los asuntos menores o complicados, que terminan siendo casos de negación de justicia.
Esto se va a agravar con la nueva ley de prescripción penal, que ya generó la caída de un juicio por un accidente en Tucumán. Aun cuando el objetivo de la ley sea positivo -hacer que los magistrados se apuren con las investigaciones que tienen paradas- en nuestra Justicia Penal el resultado será la prescripción de montones las causas demoradas por falta de empleados, de tiempo, de capacitación. A menos que se solucione el tema del personal. Pero las respuestas van en carreta, mientras los requerimientos van en avión. Ni siquiera están completos los nombramientos en juzgados, fiscalías y defensorías existentes, y la realidad exige crear muchos más cargos. En ese marco, la Corte no termina de decidir qué hacer con los largos y excesivos turnos penales de 41 días, motivo de quejas solapadas y constantes de los fiscales.
La sucesión de escándalos -la falsificación de documentos para entregar autos lujosos o 4x4; las defraudaciones del caso Artaza; las entregas apócrifas de vehículos en la causa Orly y los oficios truchos- les plantean a la Corte Suprema y al Gobierno la necesidad de actuar con más firmeza.

Si falla la cabeza...
Con escasas excepciones (un juez y un fiscal renunciaron y un fiscal fue expulsado mediante juicio político), hasta ahora lo poco que se hizo fue trasladar empleados, pese a que en torno de algunas oficinas sobrevuela la atroz sospecha de que son nidos de corrupción. Y surgen las preguntas: ¿en el Juzgado Comercial I, era solamente la cabeza la que estaba en infracción?; en el caso de la fiscalía X, ¿son solamente los de abajo los presuntos responsables de las infracciones? ¿No debería aplicarse la lógica de que si falla la cabeza falla todo?Ya hay legisladores opositores que piden medidas drásticas. Pero hace falta preguntarse si esto sería efectivo, porque el problema parece ser el mismo que en Ezeiza: ya sea por exceso de trabajo, por falta de gente, porque la estructura es anacrónica para los tiempos que se viven o por ingenuidad, la falla principal está en que en cuestiones de delitos, de poder y de manejo de gente y de dinero, hablar de autocontrol es una utopía.