17 Febrero 2005 Seguir en 
Los servicios públicos se convirtieron en un problema mayor para la administración de José Alperovich. Y no por una crisis de desabastecimiento. Directa o indirectamente, el gobernador y algunos de sus colaboradores generaron esas complicaciones, que amenazan con tornarse incontrolables.
En rigor, ningún frente quedó sin abrir. Por orden alfabético, hay que empezar refiriéndose al agua. Y a la eliminación del descuento para el pago en término de las boletas de la SAT. Una disposición típicamente subtropical: no hay alicientes para quien se esfuerce en cumplir con el Estado.
La impopularidad de la medida se alimenta de que este es el Gobierno que se jacta de su récord en recaudación de impuestos ($ 35.6 millones el último mes), de la bonanza de la coparticipación federal ($ 109,4 millones en enero) y del superávit de sus cuentas. El excedente primario pautado para 2004 era de 110 millones, de los que quedaban 39 millones tras el pago de deudas.
El flanco siguiente es el de la basura. El gobernador intervino (porque quiso) en la contratación de la planta de Pacará Pintado, para la disposición final de los residuos de la capital. Hoy, ese depósito es el centro de un escándalo. Los concejales denunciaron desde la falta de inversiones hasta el nulo tratamiento de los desperdicios. Siempre supuestas, claro está. Un empresario les contestó que si él debía ir preso, lo acompañarían el gobernador y el intendente provisorio Domingo Amaya. Y no dijo "presuntamente". La velada reacción oficial es pedir a los ediles que acallen sus críticas (mientras se busca algún informe técnico para desautorizarlos), porque se afirma que no hay otro lugar donde enviar la basura. Este tema, se ve, no fue abordado por el medio millar de técnicos que, según Alperovich, elaboraban proyectos durante su campaña.
En la nómina de conflictos sigue EDET. El mandatario local, persiguiendo el legítimo objetivo de que los accionistas chilenos retiren una demanda internacional, acusó a la empresa nada menos que de incumplir su compromiso de inversiones ($ 60 millones entre 2000 y 2005). Más allá de que la concesión del servicio de energía venía siendo destacada nacionalmente como ejemplo de privatización exitosa y sin conflictos, la denuncia es, cuanto menos, curiosa. Concretamente, en el período mencionado está el lapso en que el gobernador era ministro de Economía. Tal vez, como explican desde el palacio gubernamental, la embestida fue tan sólo una pose de apoyo a la Nación, en su pelea contra las privatizadas que piden suba de tarifas. Porque en Tucumán el Epret autorizó otro aumento. Y EDET no retiró su presentación ante el Ciadi.
En la grilla final, aunque primera por sus implicancias políticas, judiciales y económicas, figura el caso Gasnor. Rentas le reclamó $ 11 millones, por una supuesta deuda del Impuesto a los Sellos, pero el Ministerio de Economía eximió a la concesionaria, invocando jurisprudencia federal. Ahora, Telecom quiere el mismo trato, por $ 1,5 millón. Mientras la Justicia investiga la denuncia de un supuesto soborno, vaticinan un alud de reclamos de eximición.
A la vez, en los sectores medios -a los que pertenecen numerosos funcionarios- se instala una desagradable sensación de inequidad. La lectura común es que la obsesión recaudadora oficial sólo tiene fijación con los pequeños contribuyentes. Al decir de un encumbrado miembro del Gabinete, pareciera que Rentas tiene derecho a parar a automovilistas y exigirles los comprobantes de que no adeudan el Impuesto Automotor. Ahora bien, si se trata de presuntas deudas millonarias por el Impuesto a los Sellos (del que se recauda menos de $ 3,2 millones mensuales), el trato será diferente. Rentas, ahí sí, será acusada por el propio Ministerio de Economía hasta de infringir la Constitución nacional.
Estas acciones repercuten negativamente en un lugar común: la credibilidad de la Provincia (los empresarios también la llaman seguridad jurídica). Si continúan, la alfombra roja que Alperovich prometió tender a quienes deseen invertir en Tucumán seguirá tal como hasta ahora: sin estrenar.
En rigor, ningún frente quedó sin abrir. Por orden alfabético, hay que empezar refiriéndose al agua. Y a la eliminación del descuento para el pago en término de las boletas de la SAT. Una disposición típicamente subtropical: no hay alicientes para quien se esfuerce en cumplir con el Estado.
La impopularidad de la medida se alimenta de que este es el Gobierno que se jacta de su récord en recaudación de impuestos ($ 35.6 millones el último mes), de la bonanza de la coparticipación federal ($ 109,4 millones en enero) y del superávit de sus cuentas. El excedente primario pautado para 2004 era de 110 millones, de los que quedaban 39 millones tras el pago de deudas.
El flanco siguiente es el de la basura. El gobernador intervino (porque quiso) en la contratación de la planta de Pacará Pintado, para la disposición final de los residuos de la capital. Hoy, ese depósito es el centro de un escándalo. Los concejales denunciaron desde la falta de inversiones hasta el nulo tratamiento de los desperdicios. Siempre supuestas, claro está. Un empresario les contestó que si él debía ir preso, lo acompañarían el gobernador y el intendente provisorio Domingo Amaya. Y no dijo "presuntamente". La velada reacción oficial es pedir a los ediles que acallen sus críticas (mientras se busca algún informe técnico para desautorizarlos), porque se afirma que no hay otro lugar donde enviar la basura. Este tema, se ve, no fue abordado por el medio millar de técnicos que, según Alperovich, elaboraban proyectos durante su campaña.
En la nómina de conflictos sigue EDET. El mandatario local, persiguiendo el legítimo objetivo de que los accionistas chilenos retiren una demanda internacional, acusó a la empresa nada menos que de incumplir su compromiso de inversiones ($ 60 millones entre 2000 y 2005). Más allá de que la concesión del servicio de energía venía siendo destacada nacionalmente como ejemplo de privatización exitosa y sin conflictos, la denuncia es, cuanto menos, curiosa. Concretamente, en el período mencionado está el lapso en que el gobernador era ministro de Economía. Tal vez, como explican desde el palacio gubernamental, la embestida fue tan sólo una pose de apoyo a la Nación, en su pelea contra las privatizadas que piden suba de tarifas. Porque en Tucumán el Epret autorizó otro aumento. Y EDET no retiró su presentación ante el Ciadi.
En la grilla final, aunque primera por sus implicancias políticas, judiciales y económicas, figura el caso Gasnor. Rentas le reclamó $ 11 millones, por una supuesta deuda del Impuesto a los Sellos, pero el Ministerio de Economía eximió a la concesionaria, invocando jurisprudencia federal. Ahora, Telecom quiere el mismo trato, por $ 1,5 millón. Mientras la Justicia investiga la denuncia de un supuesto soborno, vaticinan un alud de reclamos de eximición.
A la vez, en los sectores medios -a los que pertenecen numerosos funcionarios- se instala una desagradable sensación de inequidad. La lectura común es que la obsesión recaudadora oficial sólo tiene fijación con los pequeños contribuyentes. Al decir de un encumbrado miembro del Gabinete, pareciera que Rentas tiene derecho a parar a automovilistas y exigirles los comprobantes de que no adeudan el Impuesto Automotor. Ahora bien, si se trata de presuntas deudas millonarias por el Impuesto a los Sellos (del que se recauda menos de $ 3,2 millones mensuales), el trato será diferente. Rentas, ahí sí, será acusada por el propio Ministerio de Economía hasta de infringir la Constitución nacional.
Estas acciones repercuten negativamente en un lugar común: la credibilidad de la Provincia (los empresarios también la llaman seguridad jurídica). Si continúan, la alfombra roja que Alperovich prometió tender a quienes deseen invertir en Tucumán seguirá tal como hasta ahora: sin estrenar.
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