El Estado regresa al Correo

Nuevamente, el Gobierno nacional resolvió privatizar el Correo Argentino. Así, puso fin a la intervención transitoria por 180 días que había desplazado a la empresa concesionaria por incumplimiento de condiciones contractuales, que aún se halla en análisis judicial. El contrato con el grupo empresario de Francisco Macri, que había sido suscripto en 1997 por 30 años, fue rescindido el 19 de noviembre de 2003. Luego siguió un proceso oficial vacilante que finalizó con el anuncio sobre la creación de la empresa Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima (Corasa). Al explicar la decisión gubernamental, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aseguró que se trataba de un caso concreto y que la solución no se traspolaría a otras empresas privadas sobre cuyas concesiones también hay diferencias. Mientras tanto, su colega en Planificación Federal, Julio de Vido, se mostró muy satisfecho por la gestión de la intervención durante 2003, cuyos resultados demostraron la rentabilidad del Correo, lo que animó la reprivatización. En efecto, y de acuerdo con el último balance, logró una utilidad de casi $ 100 millones de pesos, superior incluso a la de la concesionaria. De aquella cifra, $ 25 millones serán invertidos durante los próximos meses.
Los números demuestran que, en menos de seis años, la desaparecida Encotesa (estatal) pudo recomponerse de un generalizado deterioro, convirtiéndose en un Correo Argentino eficaz y rentable, que invirtió lo necesario y pagó impuestos, en competencia con numerosas compañías del rubro. Por ello, De Vido aclaró que el Gobierno no está dispuesto a repetir actitudes que "puedan recordar a los argentinos el viejo Estado ineficiente, deficitario y corrupto". "Debe ponerse fin al prejuicio de que algo en manos del Estado es necesariamente ineficiente, contrariamente a lo que está en manos privadas", agregó Tomada. Todas esas consideraciones deben ser bienvenidas, en la medida en que impliquen el reconocimiento de una realidad universal sobre los riesgos de conformar un Estado empresario, que en la Argentina fue tan elocuente en la comunicación postal.
El Correo Argentino, fundado por Bernardino Rivadavia en 1826, llegó a ser una institución modelo internacionalmente, demostrando que el Estado eficiente puede prestar un servicio público satisfactorio en un país tan diverso geográficamente e irregularmente poblado como el nuestro, al relacionarlo con el resto del mundo, para su crecimiento.
Hoy, ese correo dispone de 5.000 puntos de atención, una extensa variedad de servicios y 12.000 empleados, que representan tan sólo el 55% de los que existían durante la decadencia y que obligaron a privatizarlo. Es excelente que a esta -y a otras realidades positivas- se sume la firme voluntad de no retornar al viejo modelo destructor de los servicios públicos; especialmente, si se advierte que el correo no es un sector de interés para la explotación privada por la baja relación inversión-rentabilidad. Seguramente, aún faltan otras consideraciones para asegurar el retorno al Estado adecuadamente; en un mercado sin monopolios y en competencia con el correo privado, urge evitar los corruptores subsidios del pasado o el perdón tributario a la empresa que generaba no sólo ineficacia sino déficits cuantiosos sin balances.
No basta, entonces, una utilidad como la anunciada. El compromiso conlleva prioridades de inversión y de situaciones patrimoniales que deben ser atendidas por la propia empresa en un marco competitivo, con demanda creciente. La conducción debe ser especialmente capacitada; se debe desterrar el perverso modelo de los nichos políticos, en los que se enterró buena parte del progreso del país.