Urge alejar del delito a los menores

Sin eufemismos, el panorama de la delincuencia juvenil en Tucumán puede calificarse de francamente alarmante. Durante los últimos días, las notas y crónicas de nuestro diario se ocuparon con detenimiento del tema, y aportaron referencias que justifican en plenitud las siguientes apreciaciones.
Está comprobado estadísticamente que los adolescentes son responsables de la mayoría de los delitos violentos acaecidos durante los últimos meses en esta capital (mayormente se trata de robos con armas). Los autores, en la generalidad de los casos, son consumidores de alcohol y de drogas, además de analfabetos. Provienen, en su mayoría, de hogares pobres, y de barrios conocidos por la violencia y la criminalidad que en ellos, lamentablemente, se han enquistado. Cuando son apresados, ni bien salen, vuelven a delinquir. No es raro que así ocurra, ya que los institutos donde estuvieron detenidos no constituyen ámbitos de rehabilitación, como manda la Constitución nacional, según varios expertos. Al contrario, las condiciones en que allí están alojados no hacen sino instarlos a que persistan en el delito.
Tal es el cuadro que, durante los últimos tiempos, se presenta a las autoridades y a la comunidad en general. Como ocurre con las grandes cuestiones sociales, no sirve de nada horrorizarse frente al acontecimiento. Lo que corresponde es diseñar concienzudamente las estrategias -léase políticas- para detener el fenómeno y para iniciar un proceso de reversión de este drama. Por supuesto que no se trata de algo sencillo. Se sabe que la delincuencia juvenil es un gravísimo problema contemporáneo, incluso en las grandes ciudades del mundo desarrollado.
Como lo recalcan expertos en el tema, es evidente que la pobreza y la marginalidad son el caldo de cultivo del menor delincuente. Si este mira en torno de él y sólo advierte miserables perspectivas, parece comprensible que opte por inclinarse hacia el delito. No tiene la contención del hogar, y tampoco la de la escuela, porque no acude a ella. Y cuando lo arrestan y lo alojan en una dependencia estatal, no le proporcionan más que encierro en malas condiciones. En semejante escenario, pareciera obvio que no puede darse otro resultado que la reincidencia.
A simple vista, pareciera que, además de tomar las medidas para frenar la acción delictiva (están proyectando, en ese sentido, una Unidad Juvenil Policial), debe operarse simultáneamente sobre muchos otros núcleos. Es necesario un intenso trabajo social en los hogares de los barrios marginales, casa por casa, para concientizar a los padres acerca de las obligaciones en relación con los hijos. Será harto difícil por la condición de postración de esos progenitores, pero es necesario actuar con la necesaria profundidad.
Otro objetivo fundamental es lograr que los niños y los jóvenes concurran a la escuela, así como que, durante el proceso de aprendizaje de estos, participen especialistas capaces de infundir en la mente de los menores otro tipo de valores y otros modelos. Y, sin duda, los establecimientos para los detenidos deben modificar de raíz su estructura, para convertirse en verdaderos centros de readaptación social y no en simples ámbitos de cautiverio como lo son actualmente. Hablamos de edificios adecuados, con personal idóneo y en la cantidad que sea necesaria para esta tarea.
Todo esto -que es consignado sólo a título de ejemplo- debe tener como base una sustancial inversión de fondos públicos, sin la cual no puede siquiera empezarse a pensar en una acción seria y efectiva. El Estado necesita tener trabajadores sociales en la cantidad requerida, así como personal especializado en estos problemas concretos. Se trata de un aspecto de la educación que tiene capital importancia; como tal debe ser considerado por las autoridades si no quieren -queremos- terminar malbaratando el más precioso capital que tiene una sociedad: la juventud.